La organización Prisoners Defenders ha reportado un nuevo récord de prisioneros políticos en Cuba, alcanzando 1,327 casos al cierre de julio. Entre los incidentes más recientes, la ONG ha destacado la detención de un niño de 13 años durante una protesta en La Habana. Este incremento coincide con un endurecimiento de las medidas contra la disidencia, según la organización.
La entidad Prisoners Defenders comunicó este miércoles que la nación caribeña concluyó el mes de julio con 1,327 personas encarceladas por motivos políticos, una cantidad que la ONG describe como una cifra sin precedentes. Además, denunció, entre los hechos más recientes, la aprehensión de Alex Javier Hernández González, de 13 años, durante una manifestación en Santiago de las Vegas, en la capital cubana.
De acuerdo con el reporte, durante el mes de julio se agregaron 36 nuevos registros a su base de datos, 15 de los cuales estuvieron vinculados a recientes protestas. La organización argumenta que este aumento se alinea con una intensificación de las acciones contra la disidencia y con el quinto aniversario de las movilizaciones del 11 de julio de 2021, conocidas como 11J. El Gobierno cubano rechaza esta clasificación. En abril de este año, el presidente Miguel Díaz-Canel afirmó que en Cuba “no hay prisioneros políticos” y sostuvo que quienes permanecen privados de libertad no lo están por manifestarse, sino por cometer infracciones tipificadas en la legislación del país.
Uno de los casos resaltados por Prisoners Defenders es el de Alex Javier Hernández González, arrestado el 22 de julio durante las protestas ocurridas en Santiago de las Vegas. La organización afirma que agentes de la Policía Nacional Revolucionaria lo agredieron y lo detuvieron sin una orden de arresto ni supervisión judicial. Según el testimonio atribuido a su madre, durante el ataque el joven suplicaba: “No me peguen más, soy un niño”. Prisoners Defenders lo registra en prisión preventiva y señala que se encuentra en un centro para menores adyacente al Combinado del Este, en La Habana. En su expediente no se especifica el delito que se le imputa. La ONG también asegura que, al finalizar julio, había 41 menores, 39 niños y dos niñas, incluidos en su registro por motivos políticos.
El informe indica que las detenciones y las medidas restrictivas afectan a manifestantes, artistas, periodistas, activistas y ciudadanos vinculados con acciones de solidaridad. Entre los casos documentados se encuentran músicos independientes detenidos mientras grababan contenido de protesta por los apagones, así como comunicadores y creadores digitales sujetos a restricciones de movimiento o confiscación de equipos, según la organización. Prisoners Defenders sostiene que esta dinámica es parte de una creciente penalización del disentimiento público y advierte sobre el uso de procedimientos legales y administrativos contra quienes expresan posturas críticas hacia el Gobierno. La organización también cuestionó las nuevas restricciones aplicables al sector no estatal en áreas relacionadas con los medios y las actividades informativas. El Decreto 160 de 2026 modificó el marco de actividades económicas permitidas, condicionadas y prohibidas para actores no estatales.
Otro aspecto del informe aborda las condiciones de salud de las personas incluidas en el registro. Al cierre de julio, 459 prisioneros políticos padecían enfermedades graves, de acuerdo con Prisoners Defenders. La ONG asegura haber documentado situaciones de desnutrición, presuntos maltratos y dificultades para acceder a medicamentos y atención médica adecuada. La organización también pone énfasis en mujeres y personas con trastornos psiquiátricos que, según sus registros, permanecen bajo diversas formas de privación o restricción de libertad.
Prisoners Defenders denunció, además, lo que considera un incremento del exilio o la partida forzada del país como condición asociada a ciertas liberaciones. El informe menciona situaciones de opositores y activistas a quienes, según la ONG, se les habría comunicado que su salida de prisión dependería de abandonar Cuba o de tener un pasaje hacia otra nación. La organización advierte que estas prácticas añaden a la privación de libertad consecuencias como la separación familiar, el desarraigo y la imposibilidad de continuar la actividad pública dentro de la isla.
El informe también revisa la situación del artista cubano Maykel Castillo Pérez, conocido como Maykel Osorbo, quien sigue encarcelado. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) concluyó este año que el Estado cubano vulneró varios de sus derechos y determinó que fue víctima de desaparición forzada entre el 18 y el 31 de mayo de 2021, además de considerar su detención ilegal y arbitraria. La CIDH solicitó al Estado anular su condena, reparar las violaciones identificadas e investigar los hechos relacionados con su desaparición forzada.
La calificación de estas personas como prisioneros políticos sigue siendo uno de los principales puntos de conflicto entre las organizaciones internacionales de derechos humanos y el Gobierno cubano. Mientras Prisoners Defenders afirma que el país alcanzó 1,327 casos al finalizar julio, Díaz-Canel sostiene que en Cuba no existen prisioneros políticos y atribuye las sentencias a delitos relacionados con actos que, según las autoridades, afectan el orden constitucional, la tranquilidad ciudadana o la seguridad pública. La ONG, por el contrario, mantiene que el sistema penal es utilizado para desalentar las protestas, restringir la disidencia y evitar nuevas movilizaciones mediante arrestos, vigilancia y encarcelamiento.
