Una innovadora herramienta digital, Cuban Medical Brigades, ha sido lanzada para examinar a fondo las misiones médicas cubanas, detallando las condiciones en que miles de profesionales son enviados al extranjero. Esta plataforma, impulsada por Prisoners Defenders y Consorcio Justicia, compila testimonios, contratos y datos económicos que exponen las complejidades y controversias de estos programas, que van más allá de la cooperación humanitaria y se adentran en un lucrativo negocio estatal.
Una nueva herramienta digital busca analizar, país por país, el funcionamiento de las misiones médicas cubanas y las circunstancias en las que miles de profesionales son enviados fuera de su nación. Se trata de Cuban Medical Brigades, una plataforma presentada este miércoles por Prisoners Defenders y Consorcio Justicia, que recopila relatos, acuerdos, normativas y datos financieros vinculados a estos programas. Las organizaciones aseguran que constituye la base de datos pública más extensa dedicada a las misiones médicas de Cuba. El sistema contiene información individualizada sobre 209 países y territorios, permitiendo consultar aspectos como la cantidad de profesionales enviados, los convenios firmados, el dinero abonado por las naciones anfitrionas y la suma que finalmente recibe cada trabajador. Con datos actualizados hasta junio, la plataforma identifica 53 misiones activas y estima en 25.724 el número de profesionales cubanos desplegados en el extranjero. Para Javier Larrondo, presidente de Prisoners Defenders, el sistema médico cubano en el exterior no puede ser presentado únicamente como un esquema de colaboración. En declaraciones, sostuvo que durante décadas el Gobierno cubano ha utilizado estas misiones tanto como instrumento propagandístico como fuente de ingresos, y denunció prácticas que, a su juicio, incluyen la retención de salarios, el monitoreo, las limitaciones personales y las penalizaciones contra quienes abandonan las brigadas.
Más de 1.400 testimonios
El eje central de la plataforma lo constituyen 1.402 testimonios reunidos desde 2018. De estos, 1.185 permanecen resguardados y 217 son de acceso público. Los relatos corresponden a profesionales que han laborado en 60 países y permiten identificar patrones que, según las organizaciones, se repiten entre los participantes. Uno de los principales se relaciona con la supuesta falta de libertad para unirse a las misiones. El 89,79% de los declarantes afirmó que fue forzado a participar o que aceptó debido a situaciones de coacción. En una pregunta específica sobre la voluntariedad, el 77,72% dijo que su decisión no fue autónoma. Los documentos también reflejan inconvenientes relacionados con los contratos: el 32,41% aseguró que nunca recibió uno, mientras que otro 36,20% indicó que lo firmó pero no obtuvo una copia. Además, el 69,62% señaló que desconocía cuál sería su destino final o que este fue modificado una vez que arribó al país.
Vigilancia y restricciones
Otro de los aspectos que resalta la base de datos es el control sobre la vida diaria de los profesionales. El 77,64% de los testimonios protegidos reportó vigilancia por parte de funcionarios cubanos o colaboradores, mientras que el 81,18% aseguró haber sufrido limitaciones para moverse dentro del país donde trabajaba. La retención del pasaporte también figura en los testimonios: un 40% dijo que su documento fue retenido al llegar. Además, el 68,69% mencionó la existencia de toques de queda. La plataforma cita también la Resolución 368/2020 del Ministerio del Comercio Exterior de Cuba, que establece obligaciones para los cooperantes relacionadas con sus relaciones sentimentales y con su retorno a la isla, de acuerdo con las condiciones fijadas por la entidad contratante.
Jornadas extensas y diferencias salariales
Los datos compilados también evidencian una marcada divergencia entre el dinero que abonan los países receptores y lo que reciben directamente los profesionales. Según la plataforma, las jornadas alcanzan un promedio de 71,89 horas semanales, sumando trabajo regular, guardias y servicios extraordinarios. El ingreso neto promedio declarado por los médicos y otros profesionales en el extranjero fue de 462,29 dólares mensuales, equivalente aproximadamente al 15% de lo que habría pagado el Estado receptor. El 85% restante, según Prisoners Defenders y Consorcio Justicia, permanece en manos del Estado cubano y de entidades intermediarias. Los casos incluidos en la documentación muestran diferencias importantes. En México, por ejemplo, se registran profesionales que percibieron 200 dólares mensuales mientras el Estado cubano recibía 3.750 dólares por cada trabajador. En Italia, un acuerdo de Calabria firmado en 2022 estableció un pago de 4.700 euros mensuales por profesional: 3.500 euros para la Comercializadora de Servicios Médicos Cubanos y 1.200 para el trabajador.
La separación de las familias
Las denuncias también abarcan el ámbito familiar. Según los testimonios recopilados, algunos profesionales que abandonaron las misiones o fueron considerados desertores han enfrentado restricciones para regresar a Cuba y reunirse con sus familiares. El 40,51% de los declarantes protegidos afirmó haber estado o continuar separado de manera forzosa de hijos menores. Además, 53 personas aseguraron que se les impidió ingresar a Cuba para visitarlos. La plataforma contabiliza 9.646 profesionales categorizados como «desertores» por el régimen cubano. En 2022, el Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas manifestó su inquietud por esta prohibición de facto, que puede prolongarse hasta ocho años, y pidió modificar las normas penales que la respaldan. Larrondo aseguró que estas restricciones han dejado a numerosos médicos apartados de sus hijos y familias.
Un negocio millonario para el Estado cubano
Detrás de las misiones también existe una significativa dimensión económica. Un informe de Prisoners Defenders publicado en 2024, elaborado a partir de datos cubanos y cifras de comercio de servicios profesionales de la Organización Mundial del Comercio, calculó que en 2021 las misiones médicas generaron cerca de 5.976 millones de dólares. Según ese análisis, la exportación de servicios sanitarios constituye la principal fuente de divisas del Gobierno cubano. El British Institute of International and Comparative Law analizó, por su parte, 48 acuerdos relacionados con misiones médicas firmados con 19 contrapartes entre 1985 y 2023. El estudio encontró referencias limitadas a las normas internacionales de derechos humanos y ausencia de mecanismos efectivos de supervisión.
Organismos internacionales también han cuestionado el sistema
Las denuncias no provienen únicamente de las organizaciones responsables de la nueva plataforma. El Parlamento Europeo aprobó cinco resoluciones entre 2021 y 2026 en las que calificó determinadas prácticas de las misiones como trabajo forzoso. La resolución más reciente, aprobada el 18 de junio, pidió al Gobierno cubano poner fin a las misiones que impliquen trabajo forzoso y reclamó que la Unión Europea no contribuya a esas vulneraciones. En abril, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y su Relatoría Especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales también publicaron un informe en el que identificaron, en determinadas misiones, dos elementos asociados al trabajo forzoso: la falta de voluntariedad y la amenaza de una pena. El Senado español se sumó a los cuestionamientos el pasado 7 de abril, cuando aprobó una moción contra el envío forzoso de profesionales sanitarios y solicitó revisar acuerdos que pudieran estar financiando estas prácticas.
Cuba rechaza las acusaciones
El Gobierno cubano niega las denuncias y sostiene que los profesionales participan voluntariamente en las misiones. También afirma que mantienen su salario en Cuba, de aproximadamente 20 dólares mensuales, y que aceptan que una parte de los ingresos obtenidos en el extranjero contribuya al financiamiento del sistema sanitario nacional. La plataforma cuestiona esta explicación mediante datos de la OMC y cifras del propio Estado cubano, según los cuales los recursos destinados al sistema de salud representarían menos del 1% de lo facturado por las misiones. Prisoners Defenders y Consorcio Justicia reclaman ahora la eliminación de las sanciones penales, migratorias y familiares relacionadas con el abandono de las misiones, así como la publicación completa de los contratos, el pago directo a los profesionales de la totalidad de sus remuneraciones y auditorías en los países receptores para determinar el destino de los fondos. La plataforma Cuban Medical Brigades continuará incorporando testimonios y documentación y puede consultarse en su sitio oficial.
