El Ministerio del Interior de España ha generado controversia al elaborar un documento confidencial que incluye a 280 periodistas, clasificándolos por sus supuestas inclinaciones políticas. Esta 'lista negra' ha provocado preocupación entre los profesionales de la comunicación y la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE), que la consideran una amenaza a la libertad de prensa. El documento detalla las afiliaciones ideológicas de reconocidos nombres del periodismo español, desde figuras de izquierda hasta conservadores e independientes, incluyendo a exdirectores de importantes medios.
La controversia generada por un documento creado en secreto por el Ministerio del Interior español no se limita únicamente a la existencia de una relación de comunicadores. También resalta por los nombres que aparecen en ella y las etiquetas empleadas para caracterizar sus posturas políticas, abarcando desde profesionales considerados cercanos a la izquierda hasta aquellos ubicados en la derecha o simplemente descritos como imparciales.
El informe, elaborado en 2024, contiene 281 fichas correspondientes a aproximadamente 280 individuos, según la información revelada. Entre ellos se encuentran directivos de medios de comunicación, columnistas, reporteros políticos, expertos y participantes habituales en los debates de radio y televisión en España.
Uno de los nombres de mayor relevancia profesional es Antonio Caño, quien fue director de El País. Su ficha lo identifica como un conocido "anti-sanchista" y recopila sus críticas a ciertas políticas gubernamentales y a los acuerdos con los grupos independentistas.
También figura Ignacio Cembrero, uno de los principales especialistas españoles en temas de Marruecos y el Magreb, y corresponsal de El País durante muchos años. En su caso, la clasificación es mucho más concisa: "Independiente".
Otro nombre prominente es Fernando Garea, un periodista político con una extensa trayectoria y expresidente de la Agencia EFE. Su inclusión en el documento se suma a la de numerosos profesionales que han ocupado cargos de responsabilidad en medios de comunicación españoles.
La relación también abarca a directores de algunos de los principales medios del país. Nacho Cardero, director de El Confidencial, aparece descrito como de tendencia de centro-derecha y con críticas moderadas hacia el Gobierno. El mismo medio está representado por José María Olmo, jefe de Investigación, cuya ficha lo ubica en el centro-derecha y subraya su postura crítica ante ciertas acciones del Ejecutivo.
Entre los comunicadores identificados con posturas claramente conservadoras o de derechas se encuentran Eduardo Inda, director de OK Diario y antiguo directivo de El Mundo, a quien Interior atribuye posturas radicales y una actitud muy crítica con el Gobierno; Francisco Marhuenda, director de La Razón, posicionado ideológicamente en la derecha; Bieito Rubido, director de El Debate y exdirector de ABC, cuya ficha indica que "defiende ideas de derechas"; y Francisco Rosell, exdirector de El Mundo y actual director de Vozpópuli, también ubicado en la derecha.
La lista incluye además a profesionales con años de vinculación a la televisión. Gloria Lomana, exdirectora de Informativos de Antena 3, aparece igualmente descrita como defensora de ideas de derechas.
Sin embargo, las clasificaciones no se limitan a este espectro político. Kiko Llaneras, periodista de datos y encuestas de El País, es considerado "más cercano a la izquierda", mientras que Javier Casqueiro, veterano periodista político del mismo diario y antiguo corresponsal en Washington, es descrito como moderado, aunque con afinidad hacia la izquierda y, en general, favorable a las acciones del Gobierno.
Entre los nombres habituales en las tertulias aparecen Rubén Amón, columnista y contertulio de Onda Cero, definido con un "perfil moderado", y Marta García Aller, también vinculada a Onda Cero, cuya ficha la considera moderada, aunque con una mayor inclinación hacia la derecha.
El documento incluye también perfiles con una descripción política especialmente destacada. Javier Ruiz, periodista económico y habitual de radio y televisión, es definido como "muy combativo" y defensor de posturas de izquierda. Juanma Romero, periodista político de El Independiente, aparece descrito como defensor de ideas de izquierda y de las tesis del Gobierno central. Ketty Garat, directora adjunta de The Objective, es clasificada como periodista de derechas y crítica con las acciones del Ejecutivo.
Un nombre extranjero entre los perfiles
Aunque la relación parece estar compuesta principalmente por profesionales que participan regularmente en debates y medios españoles, entre sus 281 fichas aparece también un periodista extranjero con una trayectoria relevante en España: John Müller. Nacido en Osorno, Chile, Müller desarrolló una parte significativa de su carrera profesional en España y llegó a ser director adjunto de El Mundo. También ha trabajado y colaborado con medios españoles y chilenos.
La diversidad de nombres demuestra que el documento no se restringe a una determinada corriente ideológica ni a periodistas extranjeros. Incluye figuras de medios de diferente signo y profesionales con posturas políticas muy variadas, clasificados mediante expresiones como "afín al PSOE", "tendencia conservadora", "independiente", "centro derecha moderado", "extrema derecha" o "desinformación".
FAPE reacciona, Interior pide disculpas
La existencia de estas fichas provocó la reacción de la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE), que acusó al Ministerio del Interior de introducir un elemento de vigilancia y de potencial represalia, una práctica que consideró incompatible con el Estado de derecho y capaz de afectar al ejercicio del periodismo crítico.
Interior, por su parte, sostuvo que se trataba de un documento interno elaborado con fines consultivos y negó que tuviera como objetivo establecer censura o limitar el trabajo de los periodistas. Asimismo, el ministerio ofreció disculpas a los profesionales que pudieran haberse sentido ofendidos por el contenido y por algunas de las valoraciones incluidas.
“Pedimos disculpas a los profesionales que se hayan sentido ofendidos por el contenido del documento y por algunas de las valoraciones vertidas”, añadía la nota.
El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, defendió igualmente que el documento no tenía “ninguna finalidad espuria” y aseguró que no había provocado diferencias entre medios o periodistas a la hora de informar ni de responder a sus requerimientos.
La controversia queda así planteada no solo en torno a la existencia del documento, sino también a la decisión de clasificar a cientos de periodistas en función de sus supuestas posiciones políticas.
