Tras la reciente promulgación de la Ley 16-26, que busca regularizar las deudas con contratistas estatales, abogados representando a un grupo de estos profesionales han urgido al presidente Abinader a agilizar los pagos pendientes. Señalan que, aunque la nueva ley es un avance, existen obligaciones con fallos judiciales definitivos que no deberían someterse a nuevas revisiones. Los contratistas enfrentan además problemas tributarios derivados de la falta de pago por parte del Estado.
En relación a la reciente aprobación de la Ley 16-26 por el Poder Ejecutivo, cuyo objetivo es normalizar y liquidar deudas con empresas contratistas del Estado, los letrados Luis Ricardo y Erick Morrobel, en representación de un conjunto de estos contratistas y proveedores, hicieron un llamado apremiante al presidente Luis Abinader y a los entes financieros para que se lleve a cabo el pago inmediato de los compromisos que ya poseen resoluciones judiciales firmes.
Los abogados detallaron que, aun cuando la nueva legislación representa un avance para solucionar deudas administrativas acumuladas de periodos anteriores, el Estado dominicano mantiene una tardanza injustificada frente a obligaciones respaldadas por decisiones judiciales definitivas. En ese sentido, alertaron que someter sentencias firmes a los nuevos mecanismos de revisión y auditoría de la Comisión Especial del Ministerio de Hacienda podría constituir una violación al principio de separación de poderes, establecido en la Constitución.
Sostuvieron que las deudas validadas mediante decisiones judiciales definitivas no requieren nuevos procesos de verificación, sino la asignación directa de los recursos correspondientes.
La firma legal Ricardo & Morrobel reiteró la gravedad del conflicto tributario que enfrentan sus representados, quienes se encuentran atrapados en un círculo vicioso: la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) les exige certificaciones al día para poder cobrar, pero su falta de liquidez fiscal es consecuencia directa del impago del propio Estado.
Ante esta asfixia económica, solicitaron formalmente al Presidente de la República una intervención que permita la compensación de deudas tributarias o la emisión de dispensas especiales para estos acreedores.
Con el fin de buscar una solución real, definitiva y evitar que los afectados tengan que seguir acudiendo a los tribunales, los juristas invitaron a los congresistas y ministros a coordinar una mesa de trabajo conjunta.
La propuesta busca abordar de manera administrativa temas relativos a la devaluación de la moneda por el paso del tiempo y las debidas compensaciones por daños causados por el retraso estatal. De lograrse este acercamiento, afirmaron, se liberaría al Tribunal Superior Administrativo (TSA) de una alta carga de expedientes y se eximiría a los ministerios e instituciones contratantes (como Obras Públicas, Ministerio de Vivienda, Hábitat y Edificaciones (MIVHED), Ministerio de La Juventud, entre otros) de los costosos y largos trámites que conlleva un proceso legal.
Finalmente, los abogados recordaron que detrás de las cifras millonarias existe una innegable tragedia humana que afecta el patrimonio y la salud de cientos de familias dominicanas, por lo que manifestaron su total disposición al diálogo con las autoridades financieras para establecer una hoja de ruta definitiva que restaure la confianza en la contratación pública.
