Una diputada de Santiago ha planteado la necesidad de establecer una comisión de auditores independientes para investigar las denuncias de ciudadanos y pequeños comerciantes sobre incrementos desproporcionados en sus recibos de luz. La propuesta busca verificar medidores y examinar facturas, respondiendo a la preocupación por la falta de soluciones ante estas reclamaciones. Se busca una revisión externa para garantizar la transparencia y la defensa de los consumidores.
Desde Santo Domingo, la diputada Llaniris Espinal, representante de la Circunscripción 02 de Santiago, ha sugerido la formación de un grupo de inspectores autónomos. Su función sería examinar los dispositivos de medición de energía, revisar las cuentas de consumo objetadas y monitorear las quejas de personas que reportan aumentos en sus cargos por electricidad.
Durante su intervención en la Cámara de Diputados, la parlamentaria expuso el caso de un residente llamado Ramón, quien, según su testimonio, vio su pago por el servicio eléctrico pasar de RD$800 a RD$12,000, una suma que, en opinión de Espinal, no se justifica por las características de su hogar. La diputada señaló que este usuario habría presentado reclamos ante la Superintendencia de Electricidad sin obtener respuesta. Añadió que también ha recibido quejas de pequeños empresarios cuyos recibos mensuales se elevaron de RD$2,500 a cifras entre RD$10,000 y RD$12,000.
Espinal conectó estas denuncias con las dificultades que enfrentan los pequeños negocios, citando datos que atribuyó a la Oficina Nacional de Estadística (ONE), los cuales indicarían que más de 25,000 establecimientos de este tipo cerraron entre 2020 y 2025. No obstante, durante su presentación, no mostró el informe específico que permitiría corroborar esa cifra ni determinar cuántos cierres estuvieron relacionados con el costo de la energía eléctrica.
La legisladora también mencionó la situación de un párroco de Sabana Iglesia que, según su relato, recibió una factura de más de RD$3,000 al llegar a la parroquia y, posteriormente, otra superior a RD$8,000, a pesar de que, conforme a su versión, el templo carecía de medidores de electricidad.
“Debemos impulsar la creación de una comisión de auditores independientes que verifiquen los medidores, revisen las facturas cuestionadas y den seguimiento a las denuncias presentadas por los ciudadanos”, afirmó Espinal, defendiendo su iniciativa como parte de la función de supervisión del Congreso.
La diputada extendió sus críticas a otros servicios públicos y sectores, como la educación, los fondos de pensiones, la seguridad social y las Administradoras de Riesgos de Salud (ARS), considerando que los legisladores deben llevar estas problemáticas al debate nacional y salvaguardar los intereses de la población.
La propuesta busca que las reclamaciones por la facturación eléctrica puedan someterse a una revisión autónoma. Sin embargo, en su intervención, Espinal no especificó cómo se organizaría la comisión, cuáles serían sus competencias ni qué procedimiento permitiría aplicar sus recomendaciones.
