La República Dominicana ha implementado la Ley 25-26, conocida como "Alertas RD", para optimizar la búsqueda de personas desaparecidas. Esta nueva legislación establece tipificaciones específicas para cada caso, como Amber para niños o Silver para adultos mayores, garantizando una respuesta más rápida y coordinada. El sistema busca proteger a los más vulnerables y ofrecer esperanza a las familias, activándose en menos de 24 horas tras la denuncia.
Anualmente, el país registra aproximadamente 1,400 denuncias de desapariciones, una situación que genera gran angustia familiar debido a la incertidumbre y la previa falta de un protocolo oficial que se adaptara a la edad o vulnerabilidad de la persona ausente. Este miércoles, el presidente Luis Abinader promulgó la Ley 25-26, la cual establece y regula el funcionamiento de la Alerta Nacional para la Búsqueda de Personas Desaparecidas en la República Dominicana, oficialmente conocida como “Alertas RD”.
Ahora, cada notificación incluye una clasificación para cada situación: Amber, exclusiva para menores; Silver, para personas mayores de 65 años; Azul, para individuos con discapacidades físicas o mentales; y Rosa, específicamente para mujeres en situaciones de violencia de género o víctimas de trata de personas. Los familiares podrán presentar la denuncia de forma presencial o por teléfono, y tras la evaluación de la Policía Nacional o el Ministerio Público, se activará el procedimiento correspondiente.
Alerta RD brindará respuestas a las notificaciones priorizando la dignidad humana y la protección de los grupos más vulnerables. El sistema de alerta se activará de forma conjunta e inmediata, sin exceder las 24 horas desde el reporte. Conforme a la ley, cuenta con un mecanismo masivo, instantáneo y en tiempo real, que integra la colaboración de instituciones estatales, medios de comunicación y la sociedad civil.
Las alertas emitidas tendrán una duración inicial de cinco días naturales, con la posibilidad de ser extendidas por el mismo período cuantas veces sea necesario. La normativa crea una base de datos centralizada y de acceso interinstitucional, la cual será administrada y supervisada por la Policía Nacional. Este registro incluirá una plataforma de consulta pública con datos personales, descripciones físicas, fotografías, el estado de la búsqueda e información médica de las víctimas, siempre salvaguardando estrictamente el derecho a la privacidad.
