Un exfuncionario chino ha sido sentenciado a la pena de muerte por liderar una extensa red de corrupción, recibiendo sobornos que superan los 325 millones de dólares. Esta condena, una de las más severas en años, subraya el compromiso de China en su campaña anticorrupción, implementada por el presidente Xi Jinping desde 2012, buscando erradicar la malversación y el abuso de poder en el sector público.
La justicia de China ha dictado una sentencia de muerte contra el exservidor público Yang Youlin, tras encontrarlo responsable de dirigir una trama de corrupción que implicó el cobro de más de 2.210 millones de yuanes (aproximadamente 325 millones de dólares) en sobornos. Esta es una de las condenas más rigurosas impuestas en los últimos años a un alto cargo del gobierno.
El Tribunal Popular Intermedio de Changzhou, situado en la provincia de Jiangsu, determinó que Yang utilizó sus diferentes cargos entre 1993 y 2023 para beneficiar a compañías y particulares. Esto lo hizo a través de la concesión de proyectos, la asignación de terrenos, transacciones comerciales y la gestión de fondos públicos, a cambio de cuantiosos pagos ilegales.
Además de la pena capital, el tribunal ordenó la incautación de todos sus bienes, la privación de sus derechos políticos de por vida y la recuperación de los activos obtenidos de forma ilícita para ser transferidos al Estado. La sentencia también lo halló culpable de malversación, abuso de autoridad, lavado de dinero, apropiación indebida de recursos públicos y el pago de sobornos.
Los magistrados consideraron que el monto de los sobornos fue "particularmente elevado" y que sus acciones causaron serias pérdidas al Estado, además de generar un impacto social significativo. Estas fueron las razones por las que rechazaron reducir la condena, a pesar de que el exfuncionario colaboró con las autoridades aportando información sobre otros delitos.
Aunque en China es habitual que las sentencias de muerte por corrupción sean aplazadas por dos años, lo que generalmente resulta en cadena perpetua si el condenado mantiene una buena conducta, las ejecuciones sin aplazamiento son poco frecuentes y se reservan para casos considerados de extrema gravedad.
Esta decisión se produce en el marco de la ofensiva anticorrupción impulsada por el presidente Xi Jinping desde 2012, una estrategia que ha llevado a la investigación y condena de miles de funcionarios y directivos de empresas estatales en todo el país.
