Mientras se debate la reforma laboral, un factor crucial emerge: la elevada vulnerabilidad de la población joven frente a los accidentes, lo cual representa una seria amenaza para la futura fuerza de trabajo. Este fenómeno no solo afecta la productividad y el empleo, sino que también ejerce presión sobre el sistema de seguridad social, demandando una legislación que contemple estas realidades demográficas y epidemiológicas.
Por Raúl Germán Bautista.- En medio de la discusión sobre la modificación de las leyes laborales, que naturalmente se concentra en actualizar los derechos y responsabilidades de empleados y empleadores, existe un dato que debería generar inquietud incluso entre los legisladores: la susceptibilidad de la gente joven debido al gran número de siniestros de los que son víctimas. Este indicador, quizás insuficientemente considerado, no solo afecta las horas y años que un individuo joven debería trabajar, sino que un segmento de esta población pierde la vida y otro queda con lesiones permanentes, impactando también el esquema de previsión social. Por lo tanto, esta legislación debería diseñar la República Dominicana para las próximas décadas, basándose en la evidencia demográfica, epidemiológica y estadística que ya ofrecen las entidades gubernamentales.
LOS JÓVENES CONCENTRAN LA MAYOR CANTIDAD DE LESIONADOS
Las estadísticas sobre incidentes viales demuestran que el grupo con mayor potencial para impulsar el crecimiento económico es también el que enfrenta el mayor peligro de salir, temporal o definitivamente, del ámbito laboral. Diversas investigaciones documentan que los hombres en edades tempranas concentran el mayor número de heridos y fallecidos en accidentes de tráfico, una situación que va más allá de la seguridad vial y se convierte en un reto para la eficiencia, el empleo y la sostenibilidad del sistema de seguridad social. Los datos consolidados del Ministerio de Salud Pública (MSP), divulgados por el Observatorio Permanente de Seguridad del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), señalan que durante 2026 se registraron 30,826 individuos lesionados en siniestros de tránsito en el país. Del total, 21,692 corresponden a hombres y 9,134 a mujeres. En términos más fáciles de comprender, siete de cada diez personas heridas son hombres. La diferencia es aún más notoria al comparar ambos colectivos: por cada mujer herida, hay aproximadamente 2.4 hombres lesionados en percances automovilísticos. El grupo de 20 a 29 años acumula 9,981 lesionados, lo que equivale al 32.4 % del total nacional. En otras palabras, prácticamente uno de cada tres heridos pertenece a esa franja de edad. Le siguen las personas de 30 a 39 años, con 6,383 casos, mientras que el grupo de 10 a 19 años reporta 5,047 lesionados. La distribución de los datos traza un patrón claro: las heridas se concentran precisamente durante la etapa de mayor contribución económica.
UN PROBLEMA LABORAL, NO SOLO DE TRÁNSITO
Estas cifras amplían el debate acerca de la reforma laboral y deberían ser parte de la discusión que sostiene el Congreso Nacional, aunque todavía no existe una fecha definida para que el proyecto sea conocido en el pleno. Cada empleado que resulta herido representa una pérdida para su familia, su empleador y la economía. Cuando una incapacidad se prolonga o se vuelve permanente, también incrementa la presión sobre el Sistema Dominicano de Seguridad Social. Los accidentes de tránsito generan un efecto dominó. Aumentan los gastos médicos, disminuyen la productividad, afectan la continuidad de las empresas y presionan las ayudas económicas destinadas a empleados que, debido a una enfermedad o una lesión duradera, pierden parcial o totalmente su capacidad para trabajar. En esos casos, la legislación contempla pensiones por invalidez de carácter vitalicio, siempre que se cumplan los requisitos establecidos por la normativa vigente.
EL COSTO OCULTO PARA LA ECONOMÍA
Hasta junio de este año, el Seguro de Riesgos Laborales constituyó el 4.83 % de los beneficios del sistema. Aunque el porcentaje pueda parecer pequeño, detrás de esa cifra hay miles de trabajadores que permanecen alejados de sus actividades durante semanas, meses o, en algunos casos, de manera definitiva. La consecuencia va más allá del ámbito sanitario. Cada trabajador que abandona el mercado laboral disminuye la capacidad productiva del país y reduce las aportaciones que financian el sistema de pensiones y la seguridad social. A esto se añaden mayores gastos de salud, subsidios por discapacidad, menores ingresos para las familias afectadas y una reducción del potencial de desarrollo económico.
LOS DATOS REDEFINEN EL DEBATE
Este panorama plantea una cuestión que, tarde o temprano, el Estado dominicano deberá abordar: ¿cuánto pierde la economía nacional cada año porque una porción significativa de su población en la edad de mayor productividad resulta lesionada en accidentes de tráfico? La respuesta no debería medirse únicamente por la cantidad de heridos o fallecidos. También exige cuantificar el impacto sobre la productividad, el mercado laboral, la inversión en salud, las pensiones, la competitividad y el progreso económico. En ese contexto, un nuevo mapa del capital humano dominicano comienza a tomar forma. Si el país contará con menos jóvenes, más adultos mayores y una parte de su fuerza laboral continuará viéndose afectada por lesiones incapacitantes, la discusión sobre la reforma laboral necesariamente debe incorporar estos indicadores. Más que modificar artículos del Código de Trabajo, el desafío consiste en elaborar una legislación capaz de responder a una transformación estructural del mercado laboral dominicano, sustentada en evidencia y orientada al desarrollo económico y social.
