El constante aumento de los precios de los alquileres en el país está generando una creciente preocupación entre las familias, quienes ven cómo una porción cada vez mayor de sus ingresos se destina al pago de la renta. Un experto legal ha destacado el impacto significativo de esta situación en la economía de los inquilinos y ha detallado los recursos legales disponibles para proteger sus derechos en este contexto.
Elmer Féliz. El aumento continuo en los costos de alquiler de propiedades residenciales en el país sigue preocupando a miles de hogares que destinan una porción creciente de sus ganancias al pago de la vivienda. En relación con un reportaje de N Digital, titulado “Alquileres de viviendas superan capacidad salarial del ciudadano promedio en RD”, el abogado especializado en bienes raíces, Wilson González, explicó las consecuencias de esta realidad para los arrendatarios y los mecanismos legales a su disposición para salvaguardar sus derechos.
González mencionó que el incremento de los alquileres, impulsado por la inflación y el aumento del costo de vida, se convierte en una “situación difícil” para quienes viven en propiedades arrendadas, ya que los obliga a ajustar los presupuestos familiares. “Cada inquilino organiza sus finanzas de acuerdo con el salario que recibe y mensualmente debe destinar una cantidad considerable de dinero al alquiler. Cuando ese monto crece por encima de lo esperado, la repercusión en la economía del hogar es notable”, afirmó.
El especialista señaló que esta circunstancia afecta principalmente a los trabajadores con ingresos medios y bajos, quienes a menudo deben usar una parte sustancial de sus salarios para cubrir el costo de la vivienda. A su juicio, el encarecimiento de las rentas disminuye la capacidad de las familias para cubrir otras necesidades esenciales y reduce su margen de ahorro.
Respecto al marco legal, González detalló que la Ley 85-25 sobre arrendamientos establece que los contratos de alquiler de viviendas solo pueden ser modificados una vez al año y que el incremento no debe exceder el diez por ciento anual. Indicó que cualquier aumento que sobrepase ese límite puede ser impugnado por el inquilino a través de las vías correspondientes, al considerarse una práctica contraria a la normativa vigente.
El abogado también resaltó que la nueva legislación ha introducido modificaciones significativas en los procesos de desalojo, los cuales, según explicó, ahora se llevan a cabo con mayor celeridad y eficacia cuando se cumplen las condiciones estipuladas por la ley. Sin embargo, enfatizó que tanto propietarios como arrendatarios deben actuar conforme al debido proceso y respetar las disposiciones legales.
Como recomendación, González aconsejó a quienes tienen planes de alquilar una propiedad residencial que inspeccionen cuidadosamente el inmueble antes de firmar el contrato, verificando el estado de la fontanería, puertas, ventanas, armarios y demás instalaciones. Asimismo, sugirió leer atentamente cada cláusula del contrato, mantener los pagos al día y atender cualquier notificación judicial emitida por el propietario, con el fin de evitar problemas legales y ejercer oportunamente su derecho a la defensa.
