La República Dominicana enfrenta una realidad demográfica cambiante, con una población que envejece y una menor tasa de nacimientos. Esta transformación subraya la urgencia de que la reforma al Código de Trabajo y la actualización de la Ley 87-01 de Seguridad Social avancen de manera conjunta. La sostenibilidad de los seguros de salud, pensiones y riesgos laborales depende de una adaptación a los nuevos desafíos que presenta esta evolución poblacional.
La revisión del Código de Trabajo, actualmente en discusión en el Congreso Nacional, debe incorporar la modificación y modernización de la Ley 87-01, implementada el 9 de mayo de 2001, la cual estableció el Sistema Dominicano de Seguridad Social (SDSS) en la República Dominicana. Más de dos décadas han pasado desde su promulgación y, en este lapso, la sociedad dominicana ha experimentado profundos cambios. Actualmente, la expectativa de vida al nacer alcanza los 79.1 años para las mujeres y 72.4 años para los hombres. Las proyecciones indican que para el año 2100, esta cifra podría llegar a 91.5 años. Indudablemente, esta evolución impactará la cobertura de los tres seguros principales del sistema: el Seguro Familiar de Salud (SFS), diseñado para cubrir enfermedades, maternidad y subsidios; el Seguro de Vejez, Discapacidad y Sobrevivencia, responsable de gestionar el sistema de pensiones y los beneficios por retiro o invalidez; y el Seguro de Riesgos Laborales (SRL), que ampara a los trabajadores contra accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. El cambio demográfico está redefiniendo la seguridad social, ya que fue concebida en un momento en que el país presentaba una estructura poblacional distinta. Hoy en día, la natalidad disminuye, la población de adultos mayores crece, la esperanza de vida se prolonga y las estimaciones sugieren que habrá menos trabajadores sustentando a un número creciente de jubilados.
LAS ADVERTENCIAS SOBRE EL FUTURO DE LAS PENSIONES
El Banco Interamericano de Desarrollo anticipa que, en algunas naciones, las pensiones podrían reducirse hasta en un 50 % respecto a sus niveles actuales, y que en otras, las tasas de contribución tendrían que elevarse a niveles que dificultarían la creación de empleos formales. La entidad considera que el aumento de la longevidad alterará el equilibrio entre la capacidad de los países para ofrecer pensiones dignas y la posibilidad de mantenerlas financieramente a largo plazo. Sus especialistas añaden que, de aquí al año 2050, el gasto público en pensiones casi se duplicará, pasando de aproximadamente un 4.5 % a un 9 %. “El envejecimiento poblacional hará que el gasto público pensional ocupe una proporción cada vez mayor dentro del gasto público, desplazando otras áreas que son igualmente prioritarias: salud, educación, infraestructura, entre otras”. Asimismo, establecen que, además de este desafío, otras tendencias amenazan los sistemas de pensiones a nivel global. Entre ellas se encuentra la transformación del mercado laboral, caracterizada por el auge de las plataformas digitales, lo que resulta en que una parte significativa de la población permanezca fuera de los sistemas de pensiones. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) proyecta que la cantidad de personas mayores de 65 años por cada 100 habitantes en edad de trabajar, entre 20 y 64 años, pasará de 33 en 2025 a 52 en 2050. En el año 2000 era apenas de 22. El cambio no es solamente demográfico. También modifica la relación entre trabajadores activos y jubilados. Para 2050, numerosos países podrían tener apenas dos trabajadores por cada persona retirada, una proporción muy inferior a la observada en décadas pasadas, que era de 7 a 2.
LA JUVENTUD SOSTIENE LA ECONOMÍA, PERO TAMBIÉN ENFRENTA MAYORES RIESGOS
Otro aspecto que requiere atención es que la juventud representa el capital humano que impulsa la economía. Produce, contribuye, fomenta una porción considerable del consumo, financia las futuras pensiones y sostiene el crecimiento económico. Sin embargo, también es uno de los segmentos más vulnerables. Esta fragilidad se manifiesta de diversas maneras. La primera es la disminución de los nacimientos. Mientras en 1950 cada mujer tenía, en promedio, 7.57 hijos durante su etapa reproductiva, para 2026 esa cifra se sitúa en 1.97 hijos por mujer, por debajo del nivel de reemplazo. Las proyecciones estiman que este indicador se mantendrá alrededor de 1.70 hijos por mujer hacia 2050 y 2100, reflejando los cambios sociales, económicos y culturales que ha experimentado el país en las últimas décadas.
LOS ACCIDENTES TAMBIÉN COMPROMETEN LA SOSTENIBILIDAD DEL SISTEMA
Otro factor crucial son los accidentes de tránsito. En lo que va de 2026 se han registrado 30,826 personas heridas en accidentes de tráfico en el país. Del total, 21,692 corresponden a hombres y 9,134 a mujeres. Traducido a una dimensión más sencilla de comprender, siete de cada diez personas lesionadas son hombres. La diferencia también es evidente al comparar ambos grupos: por cada mujer lesionada hay aproximadamente 2.4 hombres heridos en accidentes de tránsito. El grupo de 20 a 29 años concentra 9,981 lesionados, equivalentes al 32.4 % del total nacional. En otras palabras, prácticamente uno de cada tres heridos pertenece a ese rango de edad. Le siguen las personas de 30 a 39 años, con 6,383 casos, mientras que el grupo de 10 a 19 años registra 5,047 lesionados. La distribución de los datos muestra un patrón claro: las lesiones se concentran precisamente durante la etapa de mayor productividad económica. Si la fuerza laboral de un país sufre accidentes, resulta con lesiones parciales, incapacidades permanentes o, en el peor de los escenarios, fallece, el impacto recae directamente sobre el sistema de seguridad social y de pensiones. Esto permite entender que, de las más de tres mil personas que mueren cada año en la República Dominicana únicamente por accidentes de tránsito, la inmensa mayoría también corresponde a jóvenes que no alcanzan los 30 años. El costo para el Estado va más allá del impacto económico inmediato, ya que también compromete las futuras pensiones. Los accidentes destruyen el capital humano del país, especialmente el de los jóvenes, al causar muertes, lesiones e incapacidades permanentes. Sin duda, cada joven lesionado representa menor productividad, menos cotizaciones, mayor gasto en salud, más presión sobre la seguridad social y un crecimiento económico menor.
UNA REFORMA INTEGRAL PARA RESPONDER A LOS NUEVOS DESAFÍOS
De ahí la estrecha conexión entre la reforma al Código de Trabajo y la modificación de la Ley 87-01, ya que esta protege la vejez, la discapacidad, la sobrevivencia, la enfermedad, la maternidad y los riesgos laborales, entre otras contingencias. Sin embargo, hoy surgen desafíos que en 2001 tenían un peso mucho menor: el envejecimiento acelerado de la población, las enfermedades crónicas, la siniestralidad vial, el trabajo mediante plataformas digitales, la persistente informalidad, la automatización, la inteligencia artificial y las nuevas modalidades de empleo, entre otros. En resumen, la República Dominicana ya no enfrenta los mismos desafíos demográficos, laborales y sanitarios que existían cuando se aprobó la Ley 87-01. La reducción de los nacimientos, el envejecimiento de la población y la pérdida de miles de jóvenes por accidentes de tránsito obligan a replantear si el sistema de seguridad social está preparado para proteger el capital humano y garantizar su sostenibilidad durante las próximas décadas.
