Jean Alain Rodríguez, antiguo procurador general, ha alzado su voz contra lo que considera "abusos" en el sistema judicial dominicano, específicamente en el caso de corrupción que lo involucra. A través de un extenso comunicado, Rodríguez argumenta que la lucha contra la corrupción debe adherirse estrictamente a las normativas del Estado de Derecho, enfatizando la importancia de un proceso justo y transparente para todos los ciudadanos. Sus declaraciones ponen de relieve preocupaciones sobre el manejo de casos de alto perfil y el impacto en los derechos fundamentales de los acusados.
El exprocurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, quien enfrenta cargos por malversación administrativa, señaló este viernes la existencia de "abusos" en el proceso judicial relacionado con su caso. Argumentó que la persecución de la corrupción debe llevarse a cabo "observando estrictamente las normas del Estado de derecho".
En un extenso comunicado enviado a los medios, Rodríguez, a quien el expediente judicial le atribuye la apropiación indebida de más de 6,000 millones de pesos mediante manejos irregulares entre 2016 y 2020, periodo en el que ocupó el cargo de procurador general, indicó que muchos de los "abusos" que menciona en el documento provienen de su "propia vivencia y todos ejemplifican prácticas que jamás deberían tener cabida en un Estado de Derecho".
Alain Rodríguez afirmó que "nunca se debería manipular un proceso penal para reemplazar el juicio en los tribunales por un juicio paralelo en la opinión pública, utilizando filtraciones sesgadas, selectivas, información incompleta o conferencias de prensa que transformen una investigación en una condena social anticipada", lo cual, además, "condiciona a los magistrados en sus determinaciones". "Ninguna conferencia de prensa debe sustituir una sentencia", añadió.
Asimismo, manifestó que no "deberían sentirse presiones, directas o indirectas, sobre los jueces", ni "presionarse a los defensores de un imputado para que abandonen su representación legal o sugerir a sus abogados que respondan a intereses distintos a los de su cliente". En la misma línea, criticó que "nunca deberían abogados, jueces, fiscales, médicos, periodistas, peritos o testigos sentir que el ejercicio autónomo de sus funciones puede acarrear consecuencias personales".
También denunció el uso de un proceso penal para "afectar deliberadamente el patrimonio, la actividad profesional, las relaciones familiares o el entorno personal de un ciudadano antes de que exista una sentencia definitiva". Además de que se "intimida a clientes, a las entidades financieras que les brindan servicio" o se amenaza "con prisión a quienes mantienen relaciones profesionales con él", se gestione o "insinúe" la "suspensión de visados como mecanismo de coacción", o se generen "condiciones destinadas a provocar aislamiento familiar, como impedir o dificultar las visitas a los recintos penitenciarios, desvestir vergonzosamente a quienes realicen esas visitas y forzar separaciones matrimoniales o conyugales".
También recriminó que se "oculten pruebas relevantes", se demore injustificadamente su entrega o que se nieguen documentos ordenados por un juez, entre otros aspectos, como utilizar la prisión preventiva como "instrumento de castigo" o que se permita que "un proceso penal exceda ampliamente el plazo máximo de duración de cuatro años establecido por la ley".
Igualmente, señaló que la democracia se debilita cuando la investigación "deja de tener como propósito descubrir la verdad y comienza a producir consecuencias que ninguna sentencia ha impuesto", como son: la pérdida del patrimonio, de la profesión, de la reputación, de las relaciones personales o de la "tranquilidad familiar", antes de que "un tribunal haya dictaminado".
"No existe contradicción entre luchar contra la corrupción y respetar los derechos fundamentales. Por el contrario: solo cuando ambas cosas ocurren al mismo tiempo puede afirmarse que existe verdadera justicia", expresó en su conclusión final.
El pasado martes de esta semana, el Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional desestimó la solicitud de anulación del juicio que se le sigue al exprocurador general y sus coimputados, planteada por las defensas, y dispuso la continuación del proceso judicial el próximo 22 de julio de 2026, a partir de las 9:00 de la mañana. La resolución indicó que, a partir de los elementos aportados por las partes, "no hay motivo para establecer" que el uso de un apodo en el proceso penal "haya causado un perjuicio al derecho de defensa", aunque ordenó a las partes abstenerse de usar motes para referirse al caso penal, tal como lo estableció el Tribunal Constitucional (TC) en una sentencia.
