Comerciantes de vapeadores expresan preocupación económica ante propuesta de regulación, aunque apoyan control de acceso a menores

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Tras el anuncio de un proyecto de ley para regular los cigarrillos electrónicos en República Dominicana, distribuidores y comerciantes del sector manifestaron inquietud por las posibles repercusiones económicas. Aunque respaldan la necesidad de controlar el acceso de estos dispositivos a menores, enfatizan la importancia de un diálogo inclusivo para evitar medidas perjudiciales para sus negocios y empleos.

Luego del comunicado emitido por la diputada Patricia Núñez sobre la presentación de una propuesta legislativa para normar el uso y la venta de cigarrillos electrónicos o vapeadores en República Dominicana, los comerciantes y distribuidores del ramo manifestaron inquietud por los potenciales efectos económicos que podría generar la medida, si bien estuvieron de acuerdo en la importancia de restringir el acceso de estos aparatos a personas jóvenes.

Durante un recorrido efectuado por distintos puntos del Distrito Nacional, N Digital verificó que numerosos propietarios y trabajadores de locales dedicados a la venta de vapeadores optaron por no dar declaraciones públicas. No obstante, algunos comerciantes indicaron que cualquier reglamentación debería surgir de un proceso de conversación que incluya a todos los actores involucrados, con el fin de evitar disposiciones que puedan afectar la continuidad de sus emprendimientos.

“Es un tema complejo; dicen que es perjudicial, pero la gente sigue comprándolo de todas formas”, comentó Rafael Bello, vendedor de la tienda Hommy Vape Shop, situada en el Ensanche Luperón. El comerciante afirmó que el sector está dispuesto a participar en debates sobre una regulación sensata que permita mantener la actividad comercial dentro de un marco legal bien definido.

Los vendedores consultados señalaron que actualmente abonan tributos para operar y comercializar estos artículos, por lo que temen que una legislación excesivamente restrictiva pueda ocasionar el cierre de establecimientos y la pérdida de puestos de trabajo. “Mucha gente subsiste de esto, a pesar de que se pagan muchos impuestos. Por eso siento que no se ha logrado regular de una manera adecuada”, apuntó otro comerciante.

En cuanto al acceso de menores a los vapeadores, los dueños coincidieron en la necesidad de un mayor control y exhortaron a los padres a vigilar las actividades de sus hijos. Advirtieron que frecuentemente adolescentes intentan adquirir estos productos, situación que consideran dañina tanto para la salud de los jóvenes como para la reputación de los negocios que operan legalmente.

En República Dominicana, la venta de cigarrillos electrónicos empezó a expandirse de forma constante a partir de 2012 con la apertura de tiendas especializadas. Con el transcurso de los años, el mercado creció considerablemente y pasó de comercios exclusivos a una distribución más amplia en pequeños negocios, gasolineras y plataformas digitales.

Los vapeadores son aparatos electrónicos alimentados por baterías que calientan un líquido para producir un aerosol que se inhala. Aunque suelen promoverse como una alternativa al cigarrillo tradicional, los expertos alertan que muchos contienen nicotina, saborizantes y diversas sustancias químicas potencialmente nocivas para la salud.

La diputada Patricia Núñez informó este martes que la propuesta de ley se encuentra en su etapa final de elaboración y ha sido consultada con especialistas de la Asociación de Neumólogos de la República Dominicana. Según explicó, la iniciativa busca establecer un marco regulatorio que permita controlar la comercialización de estos dispositivos y minimizar los riesgos asociados a su consumo, especialmente entre adolescentes y jóvenes.

“En las últimas semanas hemos observado cómo se han multiplicado las alertas sanitarias y las denuncias sobre los riesgos vinculados a estos dispositivos”, aseveró la legisladora durante una conferencia de prensa llevada a cabo en el Congreso Nacional. Núñez aseguró que la iniciativa responde al incremento del uso de vapeadores en el país y a la ausencia de normativas específicas que regulen su venta y distribución.