La controversia por el posible incremento de las tarifas de transporte público ha puesto de manifiesto una fuerte alineación entre el Gobierno y la mayoría de las empresas transportistas. Mientras la gran parte del sector se compromete a no subir los precios, las autoridades concentran sus esfuerzos en fiscalizar a las pocas rutas que han implementado aumentos sin autorización, reafirmando la política de subsidios y diálogo.
La reciente discusión sobre un posible aumento en el costo del pasaje ha expuesto una realidad poco evidente en el ámbito del transporte público: el Gobierno ha logrado unificar a casi todo el sector organizado en torno a una misma determinación, al tiempo que concentra la supervisión en un pequeño grupo de rutas que optó por desvincularse del acuerdo. Durante una reunión celebrada a principios de esta semana en la sede del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), el Grupo G12 y la Unión Nacional de Empresas de Transporte (UNET) confirmaron que mantendrán las tarifas sin cambios, a pesar del incremento en los gastos operativos y la fluctuación de los precios internacionales del petróleo.
El presidente de la UNET, Reynaldo Pérez Sánchez (Moreno), afirmó que el 99% del transporte organizado apoya la decisión de no subir el pasaje y sostuvo que los usuarios no deben soportar el impacto económico que enfrenta la industria. Explicó que la estabilidad de los precios ha sido posible gracias a la comunicación con el Gobierno y a los subsidios que siguen vigentes para el diésel y el Bono Gas Chofer.
No obstante, mientras se ratificaba ese compromiso, el director del Intrant, Milton Morrison, confirmó que un equipo compuesto por inspectores de dicha institución, la Digesett, la Policía Nacional y el Ayuntamiento de Santiago está interviniendo las escasas rutas que sí aplicaron incrementos sin autorización. Morrison también reveló que algunos de esos transportistas reciben el subsidio estatal del Bono Gas Chofer, por lo que consideró ilógico que ignoraran la determinación adoptada por la mayoría del sector y reiteró que la Ley 63-17 establece que únicamente el Intrant puede aprobar modificaciones en las tarifas del transporte público.
El encuentro también generó otro anuncio relevante para el sector: el Intrant comenzará en los próximos meses la subasta de vehículos en desuso que se encuentran retenidos en los canódromos, un procedimiento que, según la institución, había estado paralizado durante ocho años y busca retirar definitivamente de circulación unidades que ya no cumplen las condiciones para regresar al parque vehicular.
Más allá del compromiso de mantener el pasaje sin cambios, la jornada evidenció una estrategia gubernamental basada en dos pilares: conservar la estabilidad de las tarifas mediante subsidios y diálogo con la mayor parte de los transportistas, y aumentar la fiscalización sobre aquellos que decidan actuar al margen de las directrices oficiales.
