David Sánchez Pérez-Castejón, hermano del presidente del Gobierno, ha sido inhabilitado por nueve años debido a prevaricación administrativa. La condena también afecta a Miguel Ángel Gallardo, expresidente de la Diputación de Badajoz, por supuestas anomalías en la contratación de Sánchez en 2017. Este fallo surge tras un proceso judicial que contrastó un informe policial con numerosos testimonios.
David Sánchez Pérez-Castejón, el hermano del actual presidente del Gobierno, ha recibido una sentencia de inhabilitación por un período de nueve años. La razón es la comisión de un delito de prevaricación administrativa. Esta misma pena se ha impuesto a Miguel Ángel Gallardo, quien fuera presidente de la Diputación de Badajoz y antiguo líder del PSOE en Extremadura. Ambos son condenados por presuntas irregularidades vinculadas a la contratación del familiar de Pedro Sánchez dentro de la entidad pública en el año 2017.
Tanto la Fiscalía como los equipos de defensa habían solicitado la absolución de Sánchez, Gallardo y las otras nueve personas implicadas en el caso. Su argumento principal era la falta de evidencia que respaldara los delitos de tráfico de influencias y prevaricación administrativa. Estos delitos eran atribuidos por las acusaciones a la creación y asignación de un puesto de alta dirección en 2017 al pariente del presidente, al cambio de denominación de esa plaza en 2022 y a la concesión de otro puesto en 2023 a Luis Carrero, un allegado del hermano del jefe del Ejecutivo. Por otro lado, las siete acusaciones populares exigían penas que oscilaban entre uno y seis años de prisión.
A lo largo de las siete sesiones de la audiencia oral, que se llevaron a cabo entre finales de mayo y principios de junio en la Audiencia Provincial de Badajoz, se puso en contraste un informe elaborado por la UCO, en el cual las acusaciones fundamentaron su argumentación, frente a aproximadamente cincuenta declaraciones. Estas incluyeron testimonios de testigos, agentes de la Guardia Civil y los propios acusados. La mayoría de las declaraciones de las 53 personas que intervinieron en el juicio contradijeron las conclusiones presentadas en el documento policial.
