La diputada Tayluma Calderón ha propuesto modificar el nuevo Código Penal para proteger a médicos, odontólogos y otros profesionales de la salud de sanciones penales, argumentando que su trabajo implica riesgos inherentes. La iniciativa busca reconocer la incertidumbre clínica y evitar que la legislación obstaculice la atención médica, defendiendo así la relación médico-paciente en la República Dominicana.
La legisladora Tayluma Calderón, representante de Fuerza del Pueblo (FP) por la provincia Santo Domingo, ha instado a que el próximo Código Penal contenga ajustes que resguarden a los facultativos, estomatólogos y otros especialistas del área de la salud de posibles penalizaciones vinculadas a los peligros intrínsecos de su ejercicio profesional. Durante las discusiones sobre la revisión del Código Penal, la congresista respaldó la postura del Colegio Dominicano de Odontólogos (CDO), el Colegio Médico Dominicano (CMD) y otras asociaciones del sector, quienes han solicitado enmiendas a los artículos 104 y 354 del borrador.
Calderón expresó su preocupación porque el artículo 104 no fue modificado y advirtió que su redacción actual podría perjudicar a los profesionales de la salud que emplean anestésicos u otras sustancias como parte de los tratamientos médicos. “Resulta lamentable que en los perjuicios causados por la aplicación de sustancias químicas no se haya eximido de castigo a los médicos, ya que un facultativo y un estomatólogo trabajan a diario utilizando anestésicos locales que pueden derivar en las situaciones descritas en este artículo, el cual no fue alterado”, señaló.
Respecto al artículo 354, la diputada reconoció que se le realizaron cambios, aunque los consideró insuficientes. Explicó que el texto debería establecer explícitamente que un profesional de la salud puede enfrentarse a variaciones en un diagnóstico clínico y que la evolución de una enfermedad no siempre es predecible. La congresista, quien también es odontóloga, afirmó que sancionar la práctica médica sin considerar la inherente incertidumbre de la labor clínica podría impactar negativamente la atención a los pacientes. “Debemos ser muy cautelosos al penalizar la práctica médica, porque podríamos incurrir en una sociedad desconectada de las atenciones médicas humanas y terminar perjudicando el vínculo entre médico y paciente”, manifestó.
Calderón enfatizó que el ejercicio de la medicina y la odontología combina elementos científicos, técnicos y éticos, por lo que no es factible asegurar resultados idénticos en todos los pacientes. “En medicina y odontología, dos más dos no siempre suman cuatro. Existen factores biológicos, riesgos inherentes al procedimiento médico y la imposibilidad de garantizar desenlaces en la mayoría de los tratamientos”, aseveró. Añadió que el nuevo Código Penal no debe transformarse en una barrera para que médicos, odontólogos y otros profesionales de la salud realicen su trabajo con el miedo a enfrentar consecuencias legales por procedimientos ejecutados conforme a la práctica médica establecida.
La legisladora también resaltó la trascendencia de modernizar una legislación que estuvo vigente por más de 140 años. “Era un código de origen napoleónico y gracias al esfuerzo del Congreso Nacional se han incorporado modificaciones significativas”, concluyó.