La provincia de La Altagracia experimentó un notable auge en la construcción privada el año pasado, superando a otras regiones con casi el 40% de las obras nacionales. Este crecimiento plantea importantes desafíos para la planificación urbana y la infraestructura, especialmente al contrastar la cantidad de edificaciones con los permisos otorgados. Las cifras revelan una dinámica dispar en el sector a nivel nacional, con La Altagracia destacando como un foco principal de desarrollo.
El rápido aumento de la actividad inmobiliaria en la provincia de La Altagracia y sus municipalidades representa un reto multifacético para el gobierno. Esto se debe a la presión que ejerce sobre la organización urbana, los servicios esenciales y la fiscalización de las construcciones. De acuerdo con datos divulgados por la Oficina Nacional de Estadística (ONE), utilizando registros del Ministerio de Vivienda y Edificaciones (MIVED), el número de autorizaciones concedidas para proyectos privados fue menor que la cantidad de obras registradas en dicha provincia. Esta disparidad también se observó en el panorama estadístico nacional.
A lo largo de 2025, la construcción privada mostró un patrón irregular entre las provincias dominicanas. La Altagracia se estableció como el principal centro de edificaciones, registrando 1,642 construcciones, lo que constituye cerca del 40% del total nacional, a pesar de haber recibido únicamente 264 permisos de construcción.
SUPERANDO A SANTO DOMINGO Y EL DISTRITO NACIONAL
Santo Domingo ocupó la segunda posición en el número de obras realizadas, con 827 construcciones, mientras que lideró el país en permisos otorgados, con 290 autorizaciones. Santiago registró 250 construcciones y obtuvo 219 permisos, posicionándose entre las provincias con mayor dinamismo en el sector. Por su parte, el Distrito Nacional contabilizó 186 proyectos, a pesar de ocupar el segundo lugar nacional en permisos expedidos, con 234 autorizaciones, una cifra superior a la cantidad de obras registradas.
Después de estas provincias se ubicaron San Juan, con 145 construcciones; Azua, con 105; Samaná, con 101; San Cristóbal, con 87; Duarte, con 86; Puerto Plata, con 81; San Pedro de Macorís, con 71, y La Vega, con 63. En el extremo opuesto figuraron Pedernales y Monte Plata, con una construcción cada una; San José de Ocoa, con dos; Monte Cristi y Santiago Rodríguez, con tres; Peravia, con seis; y Barahona y Hermanas Mirabal, con nueve proyectos cada una.
SEPTIEMBRE CON EL MAYOR NIVEL DE ACTIVIDAD
Otro de los datos más llamativos es el comportamiento observado en septiembre. Ese mes concentró 1,116 construcciones, la cifra mensual más alta de 2025, después de que en los meses anteriores el promedio no superara las 85 edificaciones.
LA BRECHA ENTRE PROYECTOS Y AUTORIZACIONES
Este incremento en la provincia turística principal del país se desmarcó de la tendencia general observada en el resto del territorio y plantea interrogantes sobre la correlación entre la expansión inmobiliaria, la planificación urbana y los registros administrativos. Otro dato significativo es que, durante 2025, se concedieron 1,362 autorizaciones de construcción para iniciativas del sector privado. Santo Domingo encabezó la clasificación nacional con 290 permisos, equivalentes al 21.3% del total. Le siguieron La Altagracia, con 264 permisos (19.4%); el Distrito Nacional, con 234 (17.2%); y Santiago, con 219 (16.1%). La divergencia entre el número de permisos y el volumen de construcciones es notable y sugiere la necesidad de una explicación para este comportamiento estadístico. En conjunto, estas cuatro áreas concentraron casi tres cuartas partes de todas las autorizaciones emitidas en el país durante el año.
LOS RETOS DEL CRECIMIENTO
El acelerado desarrollo inmobiliario de La Altagracia impone nuevos desafíos al Estado. Entre ellos se incluyen la presión sobre la infraestructura vial, los sistemas de agua potable, alcantarillado y electricidad, así como la necesidad de reforzar la supervisión de las obras y la ordenación territorial. Además, el crecimiento constante de la población y de las construcciones incrementa la demanda de servicios públicos, movilidad, seguridad y ordenamiento urbano, aspectos que exigen una respuesta coordinada de las instituciones responsables. En síntesis, las estadísticas revelan que el desarrollo de las construcciones privadas y la emisión de permisos no se comportaron de manera uniforme en todas las provincias del país, una realidad que presenta nuevos desafíos para la planificación y el progreso urbano.
