La Cámara de Diputados ha dado luz verde, en segunda lectura, al proyecto que reforma el Código Penal, a pocos días de su entrada en vigor. La aprobación, que pasa ahora al Senado, ha reavivado las diferencias entre el partido gobernante y la oposición, quienes cuestionan la idoneidad de las modificaciones propuestas. Este avance legislativo busca atender las observaciones de diversos sectores de la sociedad.
Tras varias semanas dedicadas a audiencias, discusiones, consultas con diversos grupos y la evaluación de numerosas propuestas de cambio, la Cámara de Diputados aprobó el lunes por la noche, en segunda lectura, el proyecto que actualiza la Ley 74-25 del Código Penal. Esto ocurre a escasos días de que la legislación original comience a regir el tres de agosto.
La iniciativa, que ahora se dirige al Senado de la República para finalizar su trámite legislativo antes de ser enviada al Poder Ejecutivo, nuevamente puso de manifiesto las divergencias entre el oficialismo y la oposición. Sin embargo, también se destacó un punto que varios legisladores recordaron durante el debate: muchos de los partidos que hoy critican la reforma habían apoyado la aprobación del Código Penal cuando se convirtió en ley en 2025.
La oposición objeta los cambios
Durante la sesión, los diputados de la Fuerza del Pueblo y del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), junto con la coalición de partidos minoritarios, votaron en contra de las modificaciones. Argumentaron que los ajustes incorporados no responden completamente a las inquietudes expresadas por diferentes segmentos de la sociedad.
El diputado Rafael Castillo, de la Fuerza del Pueblo, afirmó que las enmiendas fueron aprobadas de forma unilateral y que varias de las propuestas presentadas por la oposición no fueron consideradas. Aseguró que el proyecto terminó respondiendo a condiciones impuestas directamente por el Poder Ejecutivo.
En un sentido similar se manifestó el diputado Ramón Raposo, quien explicó que su voto en contra se debió a que, a su juicio, el nuevo Código Penal mantiene "deficiencias" significativas. "Considero que persisten las debilidades en relación con las realidades que presenta el Código Penal. A pesar de que se modificó el artículo 310, que trata sobre el ultraje a los funcionarios y se limita simple y llanamente, o específicamente, a lo relacionado con jueces y magistrados en el ejercicio de sus funciones, observamos que las penas por delitos de opinión continúan", expresó el legislador al finalizar la sesión.
Raposo opinó que, aunque algunas disposiciones se flexibilizaron, aún existen artículos que requieren una revisión más exhaustiva para asegurar un equilibrio entre la protección de los funcionarios públicos y el derecho a la libertad de expresión.
El oficialismo defiende las reformas
Desde la bancada oficialista, los legisladores del Partido Revolucionario Moderno (PRM) respaldaron las modificaciones incluidas en el proyecto. Aseguraron que estas fueron el resultado de las recomendaciones presentadas por organizaciones de la sociedad civil, gremios profesionales, juristas y otros sectores consultados en las últimas semanas.
El diputado Sandro Sánchez confirmó que los cambios adoptados fortalecen la legislación y adelantó que la intención de la bancada oficialista era aprobar la totalidad de las enmiendas consensuadas para que el proyecto avanzara en el Senado.
Por su parte, la diputada Soraya Suárez sostuvo que las correcciones hacen que el Código Penal sea más viable desde una perspectiva jurídica y permiten abordar parte de las inquietudes expresadas tras la promulgación de la Ley 74-25.
Una oposición que hoy rechaza un proyecto que apoyó en 2025
Aunque durante la discusión de las modificaciones la oposición votó mayoritariamente en contra, el escenario fue muy diferente cuando el Código Penal original fue aprobado en 2025. En aquella ocasión, la aprobación contó con un amplio respaldo de múltiples partidos.
En la Cámara de Diputados, la iniciativa fue aprobada con 159 votos a favor y solo cuatro en contra, una votación que reflejó el apoyo no solo del oficialismo, sino también de legisladores pertenecientes a la Fuerza del Pueblo, al Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y otras organizaciones políticas.
De igual manera, el Senado convirtió el proyecto en ley con una holgada mayoría, consolidando un consenso legislativo que hizo posible la promulgación de la Ley 74-25. Este respaldo ha sido usado por legisladores oficialistas para cuestionar la postura actual de algunos sectores de la oposición, argumentando que quienes hoy objetan varios artículos fueron parte de la mayoría que impulsó su aprobación hace apenas un año.
Sin embargo, líderes opositores sostienen que el contexto cambió tras la promulgación de la ley, debido a las múltiples observaciones formuladas por juristas, periodistas, organizaciones de derechos humanos, gremios empresariales, asociaciones profesionales y representantes de distintos sectores sociales, quienes solicitaron revisar disposiciones relacionadas con la libertad de expresión, delitos de opinión, responsabilidad penal y otros aspectos de la legislación.
Un debate que comenzó hace casi 30 años
La discusión sobre un nuevo Código Penal no es reciente. La necesidad de reemplazar el Código actual, heredado del modelo francés del siglo XIX y promulgado en la República Dominicana en 1884, comenzó a debatirse formalmente en 1997, cuando se formó una comisión de juristas para redactar un nuevo texto.
Desde entonces, el proyecto ha pasado por múltiples comisiones especiales, consultas públicas, reformas parciales, aprobaciones congresuales, observaciones presidenciales, recursos de inconstitucionalidad y nuevas discusiones legislativas, convirtiéndose en una de las iniciativas con mayor tiempo de debate en la historia democrática del país.
El momento de mayor polarización llegó en 2010, tras la aprobación de la Constitución que consagró la protección de la vida desde la concepción. A partir de entonces, el debate sobre las denominadas tres causales del aborto dominó gran parte de las discusiones legislativas durante más de una década.
Posteriormente, el proyecto enfrentó nuevos obstáculos. En 2014 y 2015 fue observado por el entonces presidente Danilo Medina; años más tarde fue objeto de recursos ante el Tribunal Constitucional y volvió en reiteradas ocasiones al Congreso sin alcanzar un consenso definitivo. Finalmente, en 2025 el Congreso aprobó la Ley 74-25, pero lejos de cerrar el debate, su promulgación abrió una nueva etapa de cuestionamientos.
Del debate sobre el aborto a la libertad de expresión
Si durante más de diez años la principal controversia giró en torno a las tres causales, tras la aprobación de la Ley 74-25 el enfoque del debate cambió considerablemente. Diversos sectores empezaron a manifestar preocupación por disposiciones relacionadas con delitos de opinión, difamación, injuria, ultraje a funcionarios públicos, delitos tecnológicos, responsabilidad de medios de comunicación y garantías para el ejercicio periodístico.
A estas observaciones se unieron asociaciones empresariales, gremios de abogados, periodistas, organizaciones defensoras de derechos humanos y representantes de la sociedad civil, quienes solicitaron revisar varios artículos antes de la entrada en vigencia de la normativa. Precisamente esas presiones llevaron al Congreso Nacional a reabrir el estudio del Código Penal apenas meses después de su promulgación, dando lugar al proceso de modificaciones aprobado por la Cámara de Diputados.
A la espera del Senado
Con la aprobación en segunda lectura en la Cámara de Diputados, el proyecto se remite nuevamente al Senado de la República, donde deberá ser examinado antes de completar el procedimiento legislativo. Si las modificaciones son sancionadas por la Cámara Alta y promulgadas por el Poder Ejecutivo antes del 3 de agosto, el país contaría con una versión corregida de la Ley 74-25 antes de su entrada en vigencia, en un intento por responder a parte de las críticas surgidas desde su aprobación.
No obstante, el debate parece estar lejos de concluir. Tanto legisladores oficialistas como de oposición reconocen que el Código Penal continuará siendo objeto de discusión jurídica, política y social, una realidad que ha acompañado esta reforma durante casi tres décadas y que sigue marcando uno de los procesos legislativos más complejos de la historia reciente de la República Dominicana.
