La reciente aprobación en segunda lectura de las reformas al Código Penal por la Cámara de Diputados ha revelado un notable giro en la postura de los principales partidos de oposición. A pesar de haber apoyado la Ley 74-25 hace solo un año, ahora votaron en contra, argumentando que las nuevas modificaciones no integran adecuadamente las sugerencias de diversos sectores sociales y que sus propias propuestas fueron ignoradas.
La aprobación en segunda lectura de las enmiendas al Código Penal por la Cámara de Diputados ha vuelto a evidenciar un cambio en la posición de los partidos de oposición principales. Esta vez, se opusieron a la reforma, a pesar de que apenas el año anterior habían apoyado la aprobación de la Ley 74-25 junto al partido gobernante.
Durante la sesión legislativa, legisladores de la Fuerza del Pueblo (FP), del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y otras agrupaciones políticas minoritarias rechazaron las modificaciones introducidas al proyecto. Su principal argumento fue que estas no incorporan de manera exhaustiva las observaciones presentadas por diversos segmentos de la sociedad y que varias de las propuestas sometidas por la oposición fueron descartadas.
Fuerza del Pueblo fija posición
Entre los que manifestaron su desacuerdo se encontraba la diputada Tayluma Calderón, representante de la Fuerza del Pueblo por la circunscripción 3 de la provincia Santo Domingo. Ella afirmó que su partido no podía apoyar el proyecto porque, a su juicio, aún contiene disposiciones que no concuerdan con la realidad legal y social del país.
“No estamos de acuerdo con la aprobación de este código porque hay muchos artículos que no exponen la realidad actual que vive República Dominicana”, declaró la legisladora.
No obstante, Calderón reconoció que durante el proceso de revisión se logró un acuerdo con la bancada oficialista para modificar el artículo 104, relacionado con la aplicación de sustancias químicas. Esta disposición había suscitado inquietud entre los profesionales de la salud. En su rol de odontóloga, explicó que, de no haberse efectuado ese cambio, el texto podría haber llevado a la criminalización del ejercicio de la medicina y la odontología en el país.
“No escucharon a los sectores”
El diputado Rafael Castillo, también de la Fuerza del Pueblo y representante de Santo Domingo Este, fue aún más crítico con la iniciativa. Calificó el nuevo Código Penal como una normativa que nace con objeciones constitucionales.
“Tiene cinco procesos en el Tribunal Constitucional antes de entrar. Y los sectores importantes del país, colegios, universidades, Colegio Médico, empresas, todos han depositado proyectos y a nadie se les ha hecho caso, a nadie se ha escuchado”, manifestó el legislador, quien también ejerce como abogado.
Castillo afirmó que las modificaciones fueron aprobadas de forma unilateral y que varias de las propuestas enviadas por la oposición no fueron aceptadas. Aseguró que el proyecto terminó respondiendo principalmente a las condiciones planteadas por el Poder Ejecutivo.
Persisten “debilidades”
En la misma línea se expresó el diputado Ramón Raposo, quien justificó su voto en contra al considerar que, aunque algunos artículos fueron alterados, el nuevo Código Penal sigue presentando “debilidades” que demandan una revisión más exhaustiva.
“Entiendo que persisten las debilidades en torno a realidades que presenta el Código Penal. A pesar de que se varió el artículo 310, que versa sobre el ultraje a los funcionarios y se circunscribe simple y llanamente, o específicamente, a lo que tiene que ver con los jueces y magistrados en el ejercicio de sus funciones, vemos que persisten las penas a los delitos de opinión”, expresó el legislador al finalizar la sesión.
Raposo sostuvo que las modificaciones realizadas al artículo 310 representan un progreso. Sin embargo, consideró insuficientes los cambios para asegurar un equilibrio adecuado entre la protección de los funcionarios públicos y derechos fundamentales como la libertad de expresión y el ejercicio del periodismo.
Del consenso al desacuerdo
La posición adoptada por la oposición contrasta con la demostrada durante la aprobación del Código Penal en 2025. En aquella ocasión, el proyecto recibió un amplio respaldo de las principales fuerzas políticas representadas en el Congreso Nacional.
En ese momento, la Cámara de Diputados aprobó la iniciativa con 159 votos a favor y solo cuatro en contra. Esta mayoría incluyó a legisladores del PRM, la Fuerza del Pueblo, el PLD y otras organizaciones políticas. Posteriormente, el Senado convirtió la pieza en ley con un apoyo igualmente mayoritario, permitiendo la promulgación de la Ley 74-25.
Este precedente ha sido usado por legisladores oficialistas para cuestionar la postura actual de la oposición, señalando que quienes hoy rechazan las enmiendas fueron parte del acuerdo político que posibilitó la aprobación del Código Penal hace apenas un año.
La oposición dice que el escenario cambió
No obstante, los partidos opositores argumentan que el contexto actual difiere del de 2025. Sostienen que, tras la promulgación de la Ley 74-25, surgieron múltiples objeciones de juristas, periodistas, organizaciones de derechos humanos, universidades, gremios profesionales, el Colegio Médico Dominicano, asociaciones empresariales y otros sectores de la sociedad. Todos ellos solicitaron revisar varios artículos antes de la entrada en vigor de la normativa.
Entre las principales inquietudes se encuentran las disposiciones relativas a la libertad de expresión, los delitos de opinión, la responsabilidad penal, la tipificación de ciertos delitos tecnológicos y otros artículos que, según sus críticos, requieren una redacción más precisa para evitar interpretaciones que puedan vulnerar derechos constitucionales.
Precisamente esas observaciones motivaron que el Congreso Nacional reabriera el estudio del Código Penal antes de su entrada en vigencia, dando paso al proceso de modificaciones aprobado por la Cámara de Diputados. Con el voto favorable de la mayoría oficialista, el proyecto pasa nuevamente al Senado de la República, donde será examinado antes de ser remitido al Poder Ejecutivo.
Mientras tanto, el cambio de postura de la oposición se ha convertido en uno de los principales ejes del debate político, reabriendo la discusión sobre una legislación que, a pesar de haber sido aprobada con amplio consenso en 2025, sigue generando diferencias tanto en el ámbito político como entre diversos sectores de la sociedad.
