La Cámara de Diputados se prepara para revisar el proyecto de ley de medidas procrecimiento económico y simplificación fiscal, que ya obtuvo el respaldo del Senado. Esta iniciativa, promovida por el Poder Ejecutivo, busca generar ingresos adicionales de entre RD$40,000 millones y RD$50,000 millones para mitigar el impacto de la crisis global en las finanzas públicas, sin afectar el ITBIS ni a las micro, pequeñas y medianas empresas.
Después de ser ratificado el miércoles por el Senado de la República en dos lecturas consecutivas, el plan legislativo sobre medidas para el crecimiento económico, la simplificación tributaria y la atenuación de la crisis global, enviado por el Poder Ejecutivo, será presentado este jueves ante la Cámara de Diputados. Esta propuesta es parte de la estrategia gubernamental destinada a obtener nuevas fuentes de ingresos y recaudar entre RD$40,000 millones y RD$50,000 millones adicionales, con el fin de disminuir el efecto de la coyuntura internacional en las finanzas del Estado.
Los miembros de la Cámara Baja formaron parte de la comisión bicameral que examinó la propuesta y, hasta el momento, no han manifestado objeciones públicamente. Además, el Partido Revolucionario Moderno (PRM) posee una amplia mayoría calificada que le permitiría aprobar la legislación si se somete a votación en la sesión de este jueves.
Según el Poder Ejecutivo, el esquema para la sostenibilidad y protección de la ciudadanía ante la crisis mundial procura fortalecer la economía del país, mantener la estabilidad macroeconómica y asegurar los recursos necesarios para sostener la inversión pública, los servicios esenciales y los programas de asistencia social.
Conforme a lo indicado por el Ministerio de Hacienda, la estructura de recaudación fue concebida bajo un principio claro: no modificar el Impuesto a la Transferencia de Bienes Industrializados y Servicios (ITBIS), ni su porcentaje ni su base imponible; conservar sin cambios la mayoría de los impuestos especiales aplicados a combustibles, bebidas alcohólicas, cigarrillos y servicios de telecomunicaciones; y eximir a las micro, pequeñas y medianas empresas de nuevas obligaciones fiscales.
La principal acción de consolidación fiscal contempla un recargo de tres puntos porcentuales al Impuesto sobre la Renta (ISR) para empresas, lo que elevaría temporalmente la tasa al 30 % durante tres años para los grandes contribuyentes con ingresos anuales superiores a RD$1,000 millones. Este grupo comprende poco más de 1,000 compañías de un total de 140,000 que presentaron declaración del ISR en 2025, lo que equivale a menos del 0.8 % del total.
A esta disposición se añaden el aumento del gravamen a los cheques y transferencias electrónicas, pasando de 0.15 % a 0.2 %; la implementación de un impuesto selectivo al consumo para cigarrillos electrónicos y vapeadores; el incremento de la tributación sobre casinos y juegos de azar; así como un aumento de diez dólares al impuesto sobre los pasajes aéreos.
MEDIDAS CONTRA LA EVASIÓN
Hacienda afirma que el proyecto robustece los mecanismos de control fiscal al permitir la recaudación del ITBIS en la Dirección General de Aduanas para importaciones realizadas por contribuyentes informales, extender las retenciones del ISR en sectores difíciles de fiscalizar, introducir sistemas de trazabilidad para bebidas alcohólicas, cigarrillos y combustibles, y otorgar al Ministerio de Hacienda y Economía la capacidad de objetar decisiones vinculadas a leyes de incentivos cuando estas puedan generar riesgos fiscales.
La propuesta también integra disposiciones dirigidas a disminuir la carga fiscal sobre los segmentos de menores ingresos. Entre ellas se encuentra la actualización por inflación del umbral no gravable del ISR para personas físicas, que se ajustaría de RD$34,685.00 a RD$39,900.00, cifra que, según el Gobierno, cubre el costo de la canasta básica familiar correspondiente al segundo quintil de ingresos. Asimismo, eleva la deducción por gastos educativos de 25 % a 30 %, porcentaje que podría llegar hasta 50 % cuando los desembolsos beneficien a individuos con discapacidad, autismo o trastornos del neurodesarrollo. Estas normativas entrarían en vigencia en enero de 2027.
Para las microempresas, que constituyen el 78 % de las compañías que reportaron ISR en 2025, se suprimirían los pagos anticipados del impuesto. Las pequeñas empresas pasarían de realizar doce pagos anuales a solo tres, mientras que el sector agropecuario quedaría exento tanto de anticipos como del impuesto a los activos.
ELIMINACIÓN DE IMPUESTOS HISTÓRICOS
Tal como lo había anticipado el Ministerio de Hacienda, el proyecto contempla la anulación de diversas contribuciones consideradas anticuadas. Entre ellas se encuentran el impuesto a las hipotecas, vigente desde 1890; el impuesto a los fósforos, establecido en 1935; y la ley de control de estampillas, de 1966. También se eliminarían progresivamente los impuestos aplicados a la creación de empresas y al seguro de vida, medidas que el Gobierno considera beneficiosas para la competitividad y la formalización económica.
El principio rector de la iniciativa, según la exposición presentada por Magín Díaz, es: «Reducir lo no prioritario, posponer lo no esencial y resguardar las funciones fundamentales del Estado». El funcionario explicó que en 2025 el gasto corriente disminuyó en 0.5 % del PIB, mientras que el gasto de capital se incrementó. De igual manera, aseguró que el gasto en publicidad se encuentra en mínimos históricos, representando el 0.099 % del PIB y el 0.52 % del gasto total entre 2021 y 2025. Durante ese mismo período, afirmó que la Ley de Responsabilidad Fiscal se cumplió holgadamente en su primer año de aplicación, lo que permitió al país colocar bonos soberanos a tasas similares a las de México e inferiores a las de Colombia, registrando los márgenes más bajos de su historia para instrumentos comparables.
