Tras más de treinta años de deliberaciones, el Congreso Nacional ha dado luz verde a las modificaciones del nuevo Código Penal, enviando el texto al presidente Luis Abinader para su posible promulgación. Esta aprobación marca el fin de un extenso proceso legislativo, incorporando importantes actualizaciones para adecuar la normativa a los desafíos actuales de la sociedad.
Por Elmer Féliz. — Después de más de tres décadas de discusiones, enmiendas y propuestas fallidas, la nueva legislación penal completó este miércoles su etapa final en el Congreso Nacional y fue enviada al Poder Ejecutivo para su potencial ratificación por el presidente Luis Abinader. El documento fue aprobado por el Senado de la República en dos votaciones sucesivas, luego de que los legisladores declararan de urgencia la iniciativa que incluye las modificaciones realizadas por la Cámara de Diputados a la Ley 74-25, la cual establece el nuevo Código Penal. Con este sufragio, el Congreso concluye el procedimiento legislativo de una de las reformas más debatidas en la historia democrática del país, dejando ahora en manos del Poder Ejecutivo la resolución de sancionar o vetar la normativa.
La aprobación marca el fin de un proceso que se inició hace más de treinta años y que atravesó múltiples periodos legislativos sin alcanzar un consenso concluyente. Durante la sesión, el Senado aceptó las 32 enmiendas presentadas por la Cámara de Diputados, consolidando el texto final de la legislación. Las modificaciones abarcan cambios en la responsabilidad penal de las personas jurídicas, la ampliación de dicha responsabilidad, nuevas disposiciones sobre el hostigamiento, incluyendo el cibernético, la violencia familiar, los ataques con sustancias químicas, la discriminación, el proxenetismo, la difusión ilícita de contenido íntimo, el exhibicionismo sexual, el acoso agravado, el abandono de menores, la malversación de fondos públicos, el perjurio, la difamación, la violación de la propiedad, el ultraje en el ámbito jurisdiccional y las certificaciones falsas del estado de salud, entre otros puntos. Los impulsores de la reforma argumentan que el nuevo Código responde a una realidad social y criminal diferente a la existente cuando se promulgó la legislación vigente hace más de un siglo.
Aunque la aprobación contó con el respaldo de la mayoría del Senado, el debate estuvo acompañado de objeciones por parte de algunos legisladores. Los senadores de la Fuerza del Pueblo presentaron varias propuestas de modificación que fueron rechazadas por el pleno. Asimismo, el senador Antonio Taveras expuso observaciones que no tuvieron éxito. Al finalizar la sesión, el senador por La Romana, Eduard Espiritusanto, criticó la actuación de quienes votaron a favor del proyecto. “De muchos muñecos que le dan a un botón y levantan la mano para cualquier propuesta que se traiga, como se aprobó el Código Penal y se aprueban otros proyectos”, declaró el legislador, al tiempo que instó a la ciudadanía a seleccionar representantes que, a su juicio, ejerzan un mayor grado de autonomía en el Congreso.
En contraste, el senador por La Vega, Rogelio Genao, calificó la aprobación como un momento histórico para el Congreso Nacional. El legislador recordó que ha participado en la discusión del Código Penal desde 1994, cuando era diputado, y afirmó que finalmente se logró aprobar una reforma esperada durante más de 30 años. “Es una pieza esperada y con un tránsito congresional de más de 30 años. Hoy ese esfuerzo se ha consolidado”, expresó. Genao aseguró que el nuevo Código Penal permitirá reemplazar una legislación que calificó de “napoleónica” por un instrumento jurídico moderno. Asimismo, sostuvo que la nueva normativa ya es considerada “una de las más avanzadas de Iberoamérica”, aunque reconoció que, como toda legislación, puede ser mejorada en el futuro. “Aun siendo una pieza perfectible, ha sido una gran obra”, manifestó. El senador también defendió el proceso de discusión, señalando que durante el tramo final fueron incorporadas observaciones de diversos sectores sociales antes de la aprobación definitiva.
Con la ratificación final por ambas cámaras, el proyecto pasa ahora al Poder Ejecutivo, donde el presidente Luis Abinader deberá decidir si promulga la ley o ejerce la facultad constitucional de observarla. De ser promulgada, República Dominicana contará con un nuevo Código Penal que reemplazará una normativa vigente desde el siglo XIX, incorporando nuevos tipos penales, actualizando sanciones y adecuando el sistema penal a los desafíos contemporáneos. La decisión del Poder Ejecutivo marcará el último paso de una reforma que durante décadas figuró entre las principales deudas legislativas del país.
