El gobierno de Nicaragua, bajo la dirección del presidente Daniel Ortega, está promoviendo una reforma legal que busca impedir la participación de partidos opositores en futuros procesos electorales. Esta iniciativa, que será votada en agosto, ha generado una fuerte controversia y críticas tanto a nivel nacional como internacional, con acusaciones de consolidar un sistema de partido único y erosionar el Estado de derecho.
El ejecutivo nicaragüense avanza hacia la aprobación de una modificación legislativa que impediría a los partidos de la oposición competir en los procesos electorales. Esta propuesta, impulsada por el presidente Daniel Ortega, será sometida a votación durante la primera semana de agosto, según fuentes oficiales. La Asamblea Nacional y el órgano electoral, ambos bajo el control del partido gobernante, comenzaron este miércoles a establecer los detalles de las nuevas disposiciones.
La copresidenta Rosario Murillo declaró que el propósito es evitar elecciones “dirigidas por Estados Unidos” y afirmó que ese sistema “jamás regresará” al país. El presidente del Parlamento, Gustavo Porras, anticipó que las reformas buscan eliminar cualquier posibilidad de “intervención” extranjera en los comicios.
Este anuncio se produce días después de que Ortega manifestara, durante la conmemoración de la Revolución Sandinista, que no permitirá elecciones en las que participen sectores opositores, a quienes calificó de “traidores a la patria”.
La iniciativa ha provocado reacciones de organismos internacionales y gobiernos extranjeros. Estados Unidos advirtió que no permanecerá “inactivo” ante los planes del gobierno nicaragüense, mientras que el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, denunció una “constante disminución del Estado de derecho” en la nación.
Diversos grupos opositores en el exilio sostienen que la reforma tiene como objetivo consolidar un sistema de partido único y cerrar definitivamente la vía electoral como mecanismo para resolver la crisis política. También alertan que la medida podría profundizar el exilio y aumentar la migración de nicaragüenses.
Ortega, quien retornó al poder en 2007 y ha sido reelegido en tres ocasiones en procesos cuestionados por la comunidad internacional, aseguró que las nuevas leyes evitarán que los opositores accedan al poder con respaldo extranjero. Sus críticos afirman que la iniciativa responde al miedo de enfrentar elecciones competitivas y comparan el modelo que promueve con los sistemas políticos de partido único existentes en Cuba, China y Corea del Norte.
Desde las protestas de 2018, cuya represión causó más de 300 fallecidos, según la ONU, el gobierno ha incrementado las acciones contra líderes opositores, periodistas, activistas y organizaciones civiles. En los últimos años, cientos de personas han sido encarceladas, despojadas de su nacionalidad o forzadas al exilio.
