La Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) recurrirá la decisión judicial que la obliga a entregar RD$7.5 millones a Juan Francisco Álvarez Carbuccia, imputado en un caso de corrupción que involucra a Hugo Beras y otros. La entidad acusa a la jueza de vicios procesales y de desvirtuar una sanción económica, alegando que la magistrada ya no tenía jurisdicción sobre el expediente cuando emitió la orden.
La Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) ha comunicado su intención de apelar el dictamen que exige al Ministerio Público desembolsar RD$7,560,000 a Juan Francisco Álvarez Carbuccia, quien figura como acusado en el proceso judicial por supuesta corrupción, en el que también están implicados Hugo Beras, José Ángel Gómez Canaán, conocido como Jochi Gómez, entre otras personas.
El ente acusador sostiene que la resolución presenta graves anomalías procesales, ya que fue emitida por la jueza Patricia Alejandra Padilla Rosario, titular del Segundo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, a pesar de que, según la Pepca, ella había sido despojada del expediente desde el 24 de octubre de 2025. A partir de esa fecha, el caso fue transferido al Sexto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, tribunal que presidió la audiencia preliminar y posteriormente dictó el auto de apertura a juicio contra los involucrados.
Los fiscales Jonathan Pérez y Miguel Collado indicaron que la jueza también habría desnaturalizado el concepto jurídico de la astreinte, que es una penalidad económica impuesta para garantizar el cumplimiento de una determinación judicial. Según la Pepca, la magistrada transformó dicha sanción en una cantidad excesiva a favor de un individuo procesado por presunta corrupción administrativa.
“Recibimos la notificación de la decisión el jueves y disponemos de 20 días para presentar el recurso de apelación”, declaró Pérez. El fiscal recordó que el juicio contra Álvarez Carbuccia y los demás imputados será llevado a cabo por el Tercer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, que ha fijado una audiencia para el próximo 11 de agosto.
La disputa surgió a raíz de la restitución de varios bienes incautados a Álvarez Carbuccia durante un allanamiento realizado en octubre de 2024. Aunque la mayoría de los objetos ya habrían sido entregados, aún queda pendiente un teléfono Samsung S3. En junio de 2025, la jueza instruyó al Ministerio Público a devolver los bienes e impuso una astreinte de RD$20,000 diarios por cada día de demora. La suma exigida corresponde a la acumulación de esta penalidad por la falta de entrega del dispositivo.
El Ministerio Público argumenta que el teléfono tiene un valor aproximado de RD$3,000 y considera inapropiado que la no entrega del aparato genere un pago superior a RD$7.5 millones. Álvarez Carbuccia, quien fue director administrativo y financiero del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), está acusado de emitir supuestas certificaciones falsas de disponibilidad presupuestaria, según el expediente presentado por la Pepca.
La acusación atribuye a Hugo Beras presuntas irregularidades en la adjudicación de contratos mientras dirigía el Intrant, así como su intervención en decisiones relacionadas con la red semafórica y el sistema de videovigilancia. A Jochi Gómez, por su parte, el Ministerio Público lo señala como presunto beneficiario de contratos otorgados a empresas vinculadas con el control de los sistemas semafóricos, de videovigilancia y tecnología.
Los acusados fueron enviados a juicio el pasado 5 de junio por cargos que incluyen presunto lavado de activos, desfalco, asociación de malhechores, estafa contra el Estado, sabotaje, robo de identidad, delitos de alta tecnología, contrabando y transgresiones a la Ley de Armas. La Pepca anticipó que presentará, dentro del plazo legal, sus argumentos para solicitar que la resolución sobre el pago de los RD$7.5 millones sea revocada.
