La actual sesión legislativa del Congreso Nacional finalizará el 26 de julio, poniendo en peligro la aprobación de numerosas propuestas de ley. Si estas iniciativas no reciben el visto bueno antes de la fecha límite, deberán comenzar su trámite desde cero, lo que retrasaría significativamente reformas consideradas vitales para el desarrollo y bienestar del país en áreas cruciales como el trabajo, la seguridad y la justicia.
El próximo 26 de julio marcará el fin de la actual sesión ordinaria del Congreso Nacional, lo que podría resultar en la caducidad de docenas de proyectos de ley si no son aprobados antes de esa fecha. Esta situación implicaría que las propuestas tendrían que ser presentadas nuevamente para reiniciar todo el proceso legislativo, postergando una vez más reformas que por años han sido consideradas prioritarias para la nación.
A escasas horas de que concluya la legislatura, el Congreso Nacional mantiene una extensa lista de propuestas pendientes. Aunque varias de estas iniciativas han sido discutidas durante años y son vistas como fundamentales por diversos sectores, ninguna ha logrado finalizar su recorrido legislativo antes de que venza el plazo. La ausencia de acuerdos, las divergencias políticas y el ritmo con el que han avanzado los trabajos legislativos mantienen en incertidumbre reformas que inciden en ámbitos como el empleo, la tranquilidad ciudadana, el sistema judicial, la atención sanitaria y la modernización del Estado.
Una de las propuestas más significativas es la modificación al Código de Trabajo, una iniciativa que busca actualizar la normativa laboral vigente para adaptarla a las nuevas modalidades de empleo, reforzar los derechos de los empleados y modernizar las relaciones entre trabajadores y empleadores. Aunque el proyecto fue aprobado en el Senado, sigue pendiente en la Cámara de Diputados debido a las diferencias entre el sector empresarial y los sindicatos, especialmente en lo referente a la cesantía y otros beneficios laborales.
La modificación al Código de Trabajo se ha transformado en uno de los proyectos que mayor controversia ha generado entre los gremios empresariales y sindicales. Las discrepancias se concentran en varios artículos, en particular los relacionados con la indemnización por despido y otros derechos adquiridos por los trabajadores. En este contexto, el presidente de la Confederación Nacional de Unidad Sindical (CNUS), Pepe Abreu, manifestó que “no es cierto que a la reforma laboral le falte más diálogo”, al sostener que la propuesta ha sido ampliamente debatida durante años. Según su criterio, las presiones para posponer su aprobación provienen de sectores empresariales que buscan reabrir aspectos que ya habían sido acordados.
Otra iniciativa que podría quedar sin resolver es la Reforma Policial, impulsada como parte del proceso de transformación de la Policía Nacional. El proyecto plantea fortalecer la carrera policial, establecer nuevos mecanismos disciplinarios, mejorar la supervisión institucional y elevar los estándares de profesionalización de los agentes. No obstante, la pieza sigue bajo análisis en el Senado sin alcanzar el consenso necesario para su aprobación.
También se encuentra la modificación a la Ley de Seguridad Social, una reforma ampliamente solicitada por distintos sectores para mejorar el sistema de salud y pensiones. La propuesta considera ampliar la cobertura médica, reducir el gasto directo de los asegurados, revisar el funcionamiento de las Administradoras de Riesgos de Salud (ARS) y las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), además de introducir cambios que hagan más eficiente el sistema. Las divergencias entre los actores involucrados han impedido el progreso de este proyecto.
Entre las iniciativas pendientes también figura el nuevo Código Civil, una reforma que aspira a reemplazar una legislación con más de un siglo de antigüedad para actualizar normativas relacionadas con la familia, los contratos, las sucesiones, el patrimonio y otros derechos civiles. A pesar de haber sido objeto de estudio por varios años, el proyecto aún no cuenta con un informe definitivo que permita su conocimiento en el pleno.
Otro de los proyectos que permanece sin aprobar es la Ley General de Aguas, considerada una de las iniciativas más antiguas del Congreso. Su meta es establecer un marco legal para regular el uso, la conservación y la gestión de los recursos hídricos del país, además de definir las responsabilidades de las instituciones encargadas de su administración. La falta de acuerdo ha provocado que se mantenga estancada durante varias legislaturas.
De igual modo, sigue en espera la Ley de Libertad de Expresión y Medios Audiovisuales, que busca sustituir la normativa vigente sobre prensa y comunicación para adaptarla a la realidad de los medios digitales y las nuevas plataformas tecnológicas. La propuesta ha generado amplios debates entre periodistas, juristas, dueños de medios y organizaciones de la sociedad civil, por lo que aún aguarda un informe final para ser presentada al Congreso.
Los partidos de oposición atribuyen el estancamiento de importantes propuestas de ley a la falta de voluntad política del Partido Revolucionario Moderno (PRM). Argumentan que, mientras estas reformas permanecen sin ser conocidas o aprobadas, el partido en el poder ha demostrado que puede acelerar el conocimiento y la aprobación de otras iniciativas cuando estas forman parte de las prioridades del Poder Ejecutivo, como los proyectos de préstamos y otras medidas de carácter fiscal. En ese sentido, el vocero de la Fuerza del Pueblo en la Cámara de Diputados, Rafael Castillo, afirmó que “este Gobierno demuestra que no tiene interés en los proyectos que benefician a la gran mayoría de los dominicanos”.
A estas reformas se suman otras iniciativas que también podrían caducar con el cierre de la legislatura, entre ellas la modificación al Código de Procedimiento Civil, la Ley de Salud Mental, la Ley de Cambio Climático y la Ley de Gestión de Ciberseguridad. De no ser aprobadas antes del cierre de la legislatura, estas y otras propuestas quedarán archivadas y deberán ser reintroducidas para iniciar nuevamente todo el proceso congresual. Esto prolongaría la espera de reformas consideradas estratégicas para el país en ámbitos como el empleo, la seguridad ciudadana, la justicia, la salud, el medio ambiente y la modernización del Estado.
