Una revisión de casos y sentencias por abuso sexual contra menores en la República Dominicana revela un patrón preocupante: la mayoría de los agresores son personas cercanas a las víctimas o gozan de la confianza de sus familias. Esta proximidad facilitó la comisión de los delitos en numerosos incidentes, destacando la importancia de la psicoeducación y la comunicación familiar para la prevención de estos graves crímenes.
Un análisis de expedientes y fallos judiciales relacionados con agresiones sexuales a menores de edad demuestra una tendencia constante: en muchos sucesos, los perpetradores eran individuos próximos a los afectados o contaban con la confianza de sus allegados. Las resoluciones judiciales de los últimos años indican que esta relación de cercanía a menudo facilitó la ejecución de los crímenes. Solo en el año 2026, se registraron al menos seis condenas por este tipo de delitos.
La sentencia más reciente fue emitida por el Primer Tribunal Colegiado de Santo Domingo Este contra Francis Yoel Terrero Ramírez, conocido como “Caco”, tras ser declarado culpable de agredir sexualmente a una adolescente de 16 años. El expediente, elaborado por la fiscal María Sánchez, detalla que Terrero Ramírez, en compañía de Jean Carlos Evangelista Montero (Yeco) y un tercer individuo identificado como Yankie, indujo a la joven a consumir bebidas alcohólicas y, una vez que la embriagaron, abusaron sexualmente de ella.
En junio de ese mismo año, el Tribunal Colegiado de Puerto Plata dictó una pena de 20 años de prisión para Guillermo González, acusado de agredir sexualmente a una niña de 12 años, hechos que, según el expediente, comenzaron cuando la víctima tenía siete años. Conforme al registro judicial, la investigación se inició cuando la menor, de 12 años, acudió a la Unidad de Atención a Víctimas de Violencia de Género, Intrafamiliar y Delitos Sexuales de la Fiscalía, denunciando que el agresor, aprovechándose de la confianza y el vínculo con su familia, la había agredido sexualmente desde que tenía siete años de edad. La víctima especificó que tuvo temor de contar a sus padres lo sucedido, ya que pensaba que estos no le creerían y que considerarían que ella estaba actuando de forma incorrecta.
Durante enero de 2026, el Segundo Tribunal Colegiado de Santo Domingo Este impuso dos condenas de 20 años. Una fue contra Carlos Andrés Reinoso, alias “La Tarántula”, declarado culpable de agredir sexualmente a una niña de siete años en un incidente ocurrido en 2024. Las indagaciones comenzaron después de que el padrastro de la víctima presentara una denuncia al percibir un comportamiento inusual en la menor tras llegar a su hogar en compañía de un hermano de 12 años y un primo.
Otra condena fue dictada contra José Federico López Luna por agredir sexualmente a una adolescente de 13 años. La investigación, llevada a cabo por la fiscal Leidy Marte, se inició a partir de una denuncia realizada por la madre de la adolescente, luego de que su hija le confesara que el imputado la había manoseado y violado sexualmente en varias ocasiones. En marzo de ese año, un tribunal de Santo Domingo Oeste sentenció a 20 años de prisión a Ardo Anthonelly Mercado Hernández por agredir a una niña de nueve años. Según la acusación, la menor relató que el procesado abusó sexualmente de ella en repetidas ocasiones.
Mientras tanto, en mayo, un tribunal colegiado de La Vega condenó a Pedro Antonio Paulino Batista a 20 años de prisión y al pago de una multa de RD$50, tras encontrarlo culpable de agredir sexualmente a una niña de 12 años en un incidente ocurrido en 2023. Los registros judiciales evidencian que este patrón no es exclusivo de los casos conocidos en 2026. Sentencias emitidas en años anteriores reflejan situaciones análogas, en las que los agresores mantenían algún tipo de lazo familiar, de confianza o cercanía con las víctimas.
En 2020, los tribunales impusieron penas de 20 y 10 años de prisión contra dos hombres procesados por agredir a una menor de 12 años y por violencia intrafamiliar. El proceso se inició tras una denuncia presentada por la abuela paterna de la víctima, y la acusación involucró a un tío de la menor. En 2021, el Tribunal Colegiado de San Pedro de Macorís condenó a 10 años de prisión a Corpo Arturo de León Henríquez, tras establecer que De León tomó imágenes íntimas de una niña de nueve años e intentó dañarla. En 2019, ese mismo tribunal condenó a tres hombres por delitos sexuales cometidos contra menores de entre 11 y 13 años. Dos de ellos recibieron 20 años de prisión por incesto, un delito que subraya nuevamente la cercanía entre los agresores y las víctimas.
Los expedientes también muestran que muchas denuncias surgieron después de que padres, madres, padrastros, abuelos u otros familiares detectaran cambios de conducta en los menores o estos finalmente se atrevieran a revelar los abusos. La educación temprana es la herramienta principal de prevención.
Para la psicóloga Heidy Camilo, el recurso más importante para evitar el abuso sexual infantil es la psicoeducación, un procedimiento que debe comenzar desde que los niños desarrollan conciencia de su propio cuerpo. “Es fundamental enseñarles cuáles son sus zonas privadas, como los pechos, los glúteos y los genitales, así como identificar cuáles son los abrazos adecuados”, manifiesta la experta.
Camilo también aconsejó enseñar a los menores que los adultos no deben pedirles guardar secretos, sin importar el vínculo familiar o de confianza que exista. “Cuando un adulto le dice a un niño: ‘Guarda este secreto’, el niño no tiene por qué guardarlo, sin importar el parentesco que haya”, enfatizó. La psicóloga aclaró que no se debe presumir que todas las personas cercanas representan un riesgo para los menores. Sin embargo, sostuvo que los padres deben mantener una comunicación abierta y constante con sus hijos, prestar atención a cualquier cambio en su comportamiento y establecer límites cuando consideren que una situación puede ponerlos en peligro.
Asimismo, afirmó que madres, padres y tutores no deben sentirse culpables por negarse a dejar a sus hijos al cuidado de determinadas personas. “Los padres deben aprender a decir que no, sin sentir vergüenza. Es un derecho y un deber proteger a sus hijos”, concluyó.
