Residentes del batey Palamara, en La Guáyiga, han levantado una denuncia sobre supuestos entierros directos en la tierra dentro del cementerio La Nueva Jerusalén, contraviniendo las normativas internas. Expresan preocupación por un posible riesgo de contaminación ambiental, dada la proximidad del camposanto a varios ríos. La comunidad solicita la intervención de las autoridades competentes para investigar la situación y garantizar el cumplimiento de las regulaciones sanitarias y ambientales.
Vecinos de la zona reportaron la realización de presuntas inhumaciones directamente en el suelo del cementerio La Nueva Jerusalén, situado en el batey Palamara, en el distrito municipal de La Guáyiga. Esto ocurre a pesar de que la reglamentación interna del lugar prohíbe explícitamente esta práctica. Conforme a la información recibida, al menos tres individuos habrían sido sepultados en fosas de tierra. Los informantes atribuyen la supuesta autorización de estas sepulturas a la administración del distrito municipal de La Guáyiga.
El reglamento entregado a este medio de comunicación identifica a La Nueva Jerusalén como un cementerio de carácter municipal, bajo la jurisdicción del ayuntamiento y sujeto a la gestión, conservación y dirección de la Junta Municipal de La Guáyiga, sin menoscabo de las facultades de las entidades judiciales y de salud.
El documento establece, además, que la administración local tiene entre sus responsabilidades la organización, mantenimiento y adecuación del cementerio, la aprobación de construcciones y el cumplimiento de las medidas sanitarias e higiénicas pertinentes.
Aunque los que hicieron la denuncia mencionaron los artículos 19 y 23, el reglamento indica que el artículo 19 se limita a categorizar las sepulturas en nichos regulares, nichos para restos, nichos para panteones y fosas colectivas. Es el artículo 23 el que estipula que no se concederán derechos funerarios en fosas de tierra, salvo en circunstancias de catástrofe natural o evento imprevisto.
Los estatutos también señalan que el ayuntamiento debe edificar una cantidad adecuada de nichos de sepultura y osarios, conforme a las necesidades anticipadas.
La población manifestó inquietud por un posible peligro de afectación ambiental, debido a la supuesta cercanía del cementerio con los ríos Hicaco, Lebrón e Isabela. Sin embargo, dicha ubicación y el potencial impacto en las fuentes hídricas no se encuentran detallados en los estatutos revisados y requerirían una evaluación por parte de las autoridades medioambientales y sanitarias.
Los denunciantes cuestionaron que las presuntas inhumaciones en tierra se lleven a cabo a pesar de que, según sus afirmaciones, el Poder Ejecutivo habría entregado veintiún millones quinientos mil pesos dominicanos (RD$21.5 millones) a la alcaldía para la mejora del recinto y la edificación de nichos comunes.
El reglamento indica que las inhumaciones deben contar con la aprobación del director municipal, previa presentación del certificado de defunción, el abono de las tasas correspondientes y una certificación expedida por la Junta Municipal. También exige que el recibo de entierro especifique la modalidad de sepultura y el sitio exacto de la inhumación.
Los residentes solicitaron la intervención del Ministerio de Salud Pública, el Ministerio de Medio Ambiente y las autoridades municipales para inspeccionar el cementerio, verificar las condiciones de las sepulturas y determinar si se incumplieron los estatutos o las normativas sanitarias.
