La Fiscalía ha solicitado una prórroga de cuatro meses para formalizar la acusación contra el exdirector de Senasa, Santiago Hazim, y nueve personas más. Se les investiga por una presunta estafa millonaria que afectaría al Estado dominicano, con montos que superan los 19,000 millones de pesos. La petición busca tiempo adicional para concluir las diligencias investigativas antes de la presentación formal de cargos.
El órgano persecutor de la justicia ha solicitado una extensión de cuatro meses para presentar la acusación formal contra el antiguo director del Seguro Nacional de Salud (Senasa), Santiago Hazim, y otras nueve personas, en el proceso que indaga una supuesta estafa multimillonaria contra el Estado dominicano. La petición fue entregada a la jueza coordinadora de los Juzgados de Instrucción del Distrito Nacional, Kenya Romero, por el director de Persecución del Ministerio Público, Wilson Camacho, y la titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), Mirna Ortiz.
El expediente será remitido al juez Deiby Timoteo Peguero, del Séptimo Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional, quien deberá informar a las partes involucradas y, posteriormente, establecer una fecha para escuchar la solicitud de ampliación del plazo.
Junto a Hazim, figuran como acusados Rafael Luis Martínez Hazim, Gustavo Enrique Messina Cruz, Germán Rafael Robles Quiñones, Francisco Iván Minaya Pérez y Ada Ledesma. Los primeros cinco cumplen prisión preventiva en el Centro de Corrección y Rehabilitación Las Parras, mientras que Ledesma se encuentra bajo arresto domiciliario.
También están implicados Eduardo Read Estrella, Cinty Acosta Sención y Heidi Mariela Pineda Perdomo, quienes cumplen arresto domiciliario y, de acuerdo con el Ministerio Público, admitieron ante el tribunal haber realizado pagos ilícitos a Hazim y otros funcionarios de Senasa. Estas admisiones fueron consideradas para imponerles una medida de coerción diferente a la prisión preventiva.
El grupo es señalado por el Ministerio Público como parte de una estructura que habría defraudado al Estado dominicano por más de RD$15,000 millones, aunque indagaciones posteriores han elevado el monto presuntamente sustraído por encima de los RD$19,000 millones. Según la acusación preliminar, las operaciones investigadas se habrían llevado a cabo entre 2020 y 2025, impactando recursos del sistema público de salud.
A los imputados se les atribuyen cargos por confabulación de funcionarios, prevaricación, asociación de malhechores, fraude contra el Estado, desfalco, recepción de sobornos, blanqueo de activos y falsificación y uso de documentos fraudulentos. El Ministerio Público sostiene que la investigación continúa abierta y que aún hay otras personas físicas y jurídicas bajo escrutinio, por lo que la solicitud de prórroga busca extender el tiempo disponible para completar las diligencias antes de presentar formalmente la acusación ante el tribunal.
