Tras recientes sismos en la región, la vulnerabilidad de las naciones del hemisferio vuelve a ser tema central. En República Dominicana, el crecimiento urbano desordenado y las construcciones sin permisos adecuados elevan significativamente el riesgo ante desastres naturales. A pesar de los avances en sistemas de alerta temprana, la falta de seguridad estructural y la insuficiente supervisión complican la capacidad del país para mitigar los impactos.
Desde los sismos acontecidos en Venezuela el 24 de junio y en Colombia el lunes 10 de agosto, la discusión sobre la fragilidad a la que se enfrentan los países del continente ha resurgido con fuerza en el debate público. Diversos informes periodísticos han resaltado la importancia de que el Sistema Nacional de Alerta Temprana Multiamenaza (SAT-M) de la República Dominicana incorpore herramientas esenciales, como la instalación de boyas y sensores submarinos con tecnología DART (Evaluación y Reporte de Tsunamis en el Océano Profundo) y la colocación de sirenas en ubicaciones estratégicas. No obstante, más allá de los sistemas de aviso, la estrategia de prevención de catástrofes inminentes afronta otros retos vinculados a miles de edificaciones construidas sin las debidas autorizaciones, otras levantadas sobre o cerca de cauces fluviales, y miles de viviendas apiñadas, sin suficiente espacio para el tránsito de vehículos o equipos de rescate. Basta con observar la manera en que residen numerosos habitantes de Herrera, Los Alcarrizos y La Zurza, entre otras áreas. Aunque en la zona central del Distrito Nacional existen vías y avenidas en buen estado, no se puede ignorar que en sus 91 kilómetros cuadrados habitan aproximadamente 11,000 personas por kilómetro cuadrado. Esto plantea una interrogante: ¿de qué utilidad es detectar una calamidad con antelación si las edificaciones donde las personas residen o laboran no están preparadas para resistirla?
LA ADVERTENCIA NO REEMPLAZA LA FIRMEZA ESTRUCTURAL
La República Dominicana se sitúa en una zona con actividad sísmica, donde la susceptibilidad también depende de la calidad de las construcciones y de los peligros a los que están expuestas. Una alerta puede ganar unos segundos, pero las estructuras son las que pueden determinar cuántas vidas se pierden o se salvaguardan. Un sistema de aviso temprano no impide que ocurra un sismo ni puede sustituir el diseño estructural, el cumplimiento de las normativas, los permisos de edificación, la supervisión, la fiscalización, los estudios de suelo, la planificación urbana, el mantenimiento, el refuerzo de construcciones existentes y la educación de la ciudadanía, entre otros elementos.
En julio de este año, el Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC) afirmó que la República Dominicana enfrenta un riesgo sísmico considerable, debido al prolongado período de inactividad de la Falla Septentrional, que acumula cerca de 80 años sin provocar un gran terremoto. La institución instó a mejorar la calidad de las edificaciones, la vigilancia técnica, la preparación de la población y la protección financiera para disminuir el efecto de un posible evento de gran magnitud. La ingeniera sísmica del INTEC, Claudia Germoso, añadió: “Lo mismo que sucedió en Venezuela podría acontecer en la República Dominicana”. El territorio dominicano se localiza en el límite activo entre las placas tectónicas de Norteamérica y el Caribe y posee aproximadamente 18 fallas geológicas activas. Explicó que las dos con mayor potencial destructivo son la Falla de Enriquillo, en el sur, y la Falla Septentrional, que atraviesa la región norte del país, desde Montecristi hasta Samaná. Germoso detalló que la Falla Septentrional tiene un ciclo de repetición promedio de sismos de gran escala de unos 50 años. Indicó que el último terremoto de gran magnitud originado en esta falla ocurrió en Samaná en 1946 y generó un tsunami. Por lo tanto, el país acumula un silencio sísmico de 80 años. “Estamos esperando un acontecimiento de proporciones importantes. No es una cuestión de si ocurrirá, sino de cuándo ocurrirá, y la ciudadanía debe estar plenamente preparada”, enfatizó la especialista. Asimismo, se resaltó el potencial de fallas submarinas como la Trinchera de los Muertos, cuyo trazado compromete directamente al Gran Santo Domingo. “Nadie se enamora del fémur, sino de la piel que lo cubre. De igual modo, en el desarrollo inmobiliario se tiende a priorizar la estética visual, los acabados y las fachadas, olvidando que el esqueleto de la edificación y la incorporación de muros de corte son lo único que garantiza zonas de supervivencia cuando la estructura colapsa”, señaló el ingeniero Luis Abbott, experto en ingeniería estructural con más de 40 años de experiencia docente en INTEC.
EDIFICACIONES Y CAPACIDAD DE VIGILANCIA
Por un lado, la República Dominicana está mejorando sus sistemas de alerta y respuesta ante emergencias, pero la efectividad de esa inversión podría verse mermada si el país no logra identificar, supervisar y disminuir la fragilidad de las construcciones levantadas sin permisos, con deficiencias técnicas o sin una supervisión adecuada. Un reportaje, publicado el 16 de julio, reveló un dato significativo: 4,163 edificaciones registradas frente a 1,362 autorizaciones para construcciones privadas durante 2025. Esto representa una diferencia de 2,801 proyectos. El propio Ministerio de Vivienda, Hábitat y Edificaciones (MIVHED) establece que la licencia de construcción tiene como propósito asegurar la evaluación, validación y aprobación de los proyectos conforme a los requisitos técnicos, legales y normativos. El MIVHED ya presentó el Plan de Modernización de la Permisología, para transformar el proceso de aprobación de licencias de construcción mediante cambios tecnológicos, normativos, técnicos y administrativos. Informó que, entre enero y julio de 2026, la institución emitió 1,122 licencias de construcción, en comparación con las 605 otorgadas en el mismo período de 2025. La cifra también supera las 953 licencias expedidas durante todo el año anterior. Solo en julio, el MIVHED autorizó 201 licencias, la mayor cantidad registrada en un mes desde la creación del ministerio en 2021. Según los datos presentados por la institución, los proyectos aprobados entre enero y julio representan cerca de RD$407 mil millones en inversión privada facilitada, frente a RD$150,163 millones reportados en 2025, lo que implica un aumento del 171%. Fuentes del sector consultadas explican que parece que la capacidad de construir está creciendo más rápido que la del Estado para verificar que cada estructura cumpla con las normativas de seguridad. Porque el riesgo mencionado no está solamente bajo los pies, sino también sobre las cabezas de cada ciudadano.
EL DESARROLLO VERTICAL INCREMENTA LA EXPOSICIÓN
Esto adquiere mayor relevancia debido al crecimiento vertical que ha experimentado la República Dominicana. Otro informe indica que, según el Registro de Ofertas de Edificaciones de la Oficina Nacional de Estadística (ONE), en su segunda edición de 2025, había aproximadamente 16,408 apartamentos y 68 casas a la venta en el territorio. El Gran Santo Domingo debe ser analizado como un laboratorio de riesgo. Distrito Nacional, Santo Domingo Este, Santo Domingo Norte y Santo Domingo Oeste requieren evaluaciones que consideren el nivel de vulnerabilidad, la densidad poblacional, la altura de los edificios, las construcciones sin permisos, los cauces fluviales, las inundaciones, las rutas de evacuación y la infraestructura crítica, entre otros factores. Ya se ha explicado que un terremoto de gran magnitud no crea vulnerabilidades, sino que las revela.
LOS CAUCES FLUVIALES CONCENTRAN MÚLTIPLES AMENAZAS
Los cauces fluviales representan áreas particularmente susceptibles cuando son ocupadas de forma desordenada por la expansión urbana. Un cauce puede agrupar varios peligros simultáneamente. Las lluvias intensas pueden provocar inundaciones; la acumulación de residuos y aguas contaminadas puede generar riesgos sanitarios; la ocupación urbana aumenta la exposición de la población, y ciertas condiciones del suelo pueden influir en el comportamiento de las construcciones durante un movimiento sísmico. A esto se suman edificaciones deficientes que pueden presentar una mayor fragilidad estructural y sufrir daños durante un eventual sismo, dependiendo de las condiciones locales, el tipo de suelo, el sistema constructivo, el diseño y la calidad de la obra.
LA ALTAGRACIA BAJO ANÁLISIS
En la provincia La Altagracia, según los datos de la ONE utilizados en un reportaje anterior, se registraron 1,642 construcciones frente a 264 permisos para edificaciones privadas durante 2025. La diferencia es de 1,378 proyectos, equivalente a aproximadamente el 83% de las construcciones registradas en esa provincia. Este dato no significa automáticamente que esas construcciones hayan sido levantadas de manera ilegal, pero sí plantea una pregunta que requiere una explicación oficial: ¿qué factores administrativos, estadísticos o constructivos explican la disparidad entre las edificaciones registradas y los permisos otorgados? La respuesta es fundamental para determinar hasta qué punto la expansión urbana está acompañada por mecanismos suficientes de planificación, autorización, supervisión y seguridad. La pregunta de fondo persiste: si un sistema de alerta puede advertir a la población de que se aproxima un peligro, ¿qué tan preparada está la ciudad para soportarlo?
