El Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional ha emitido condenas adicionales contra siete individuos implicados en la red internacional de narcotráfico y blanqueo de capitales descubierta durante la Operación Búfalo NK, que resultó en la incautación de 1,824 kilogramos de estupefacientes. Con estas nuevas resoluciones, el total de personas sentenciadas por su participación en esta organización delictiva asciende a 14, marcando un avance significativo en el proceso judicial.
El Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional dictó sentencia contra siete personas adicionales conectadas con la estructura criminal internacional dedicada al tráfico de narcóticos y el lavado de dinero, desarticulada a través de la Operación Búfalo NK, que permitió la confiscación de 1,824 kilogramos de sustancias ilícitas. Con estas recientes condenas, el número de individuos sentenciados por su vínculo con la organización criminal asciende a catorce.
Durante un procedimiento penal abreviado presentado por la Fiscalía, los acusados admitieron su culpabilidad en los delitos imputados y alcanzaron acuerdos con el órgano acusador, los cuales fueron validados por el tribunal, presidido en esta ocasión por el juez Raymundo Mejía. Isidoro Rotestán Clase fue condenado a siete años de reclusión, de los cuales deberá cumplir tres años y seis meses bajo detención domiciliaria. Francisco Morrobel Pérez recibió una condena de cinco años, con suspensión de la pena, además del pago de una multa de RD$50,000.
Por su parte, Cristino Rotestán Clase, Johnny Casimiro Tejada, Geyser C. Castillo Mordán, Luigui Aneudy Ureña Read y Jomaiky Ureña Rotestán fueron sentenciados cada uno a cuatro años de prisión suspendida y al pago de una multa equivalente a 100 salarios mínimos. Durante el periodo de suspensión, los condenados deberán acatar las condiciones establecidas por el tribunal, entre ellas, permanecer en un domicilio fijo. En caso de incumplir estas estipulaciones, deberán cumplir la totalidad de la pena en prisión.
El tribunal también ordenó la clausura definitiva de las empresas Mariscos Del Caribe Clase S.R.L., Mojos S.R.L. y Elegant Records Productions E.I.R.L., además del pago de una multa de 100 salarios mínimos para cada una. En el proceso también se aplicó un criterio de oportunidad a favor de Braulio Rotestán Clase, Glorisel De La Cruz Paulino, Leda Margarita Clase y Estefany De La Cruz Paulino. Los fiscales Jonathan Elías Pérez Fulcar, Miguel Collado García y Enmanuel Ramírez representaron al Ministerio Público durante la audiencia en la que se aprobaron los acuerdos.
Decomiso de bienes, dinero, vehículos y armas
Como parte de las sanciones impuestas en el proceso, el tribunal ordenó la confiscación de dieciocho propiedades inmobiliarias, incluyendo apartamentos, residencias, solares, terrenos y parcelas ubicados en diferentes puntos del país. Los bienes incautados se encuentran en zonas de Punta Cana, Santo Domingo, San Pedro de Macorís, Puerto Plata, Padre Las Casas, en Azua, y La Romana.
También fueron decomisados dieciséis vehículos terrestres, seis autobuses de transporte público, siete embarcaciones, cinco motores fuera de borda, tres armas de fuego y 115 municiones. A esto se suman US$97,700 y RD$17,412,085.91, además de otras penalizaciones económicas establecidas en los acuerdos validados por el tribunal.
Antes de estas nuevas sentencias, otros individuos relacionados con el caso ya habían sido condenados. Rafael Ynoa Santana recibió la pena máxima de diez años de prisión, mientras que Robert Nicolás Acosta fue sentenciado a siete años. También fueron condenados a cinco años de prisión Juan Bolívar Hernández, José Antonio Toribio, Severiano Núñez Pichardo y Cristian E. Alcántara Javier. Por su parte, Maritza Flete Santana recibió una condena de tres años. En el proceso también se aplicó un criterio de oportunidad a Juan Henríquez Tavárez.
Una investigación que comenzó en 2020
Según la Fiscalía, la investigación contra esta estructura criminal se inició en el año 2020, con el apoyo de la DEA y autoridades colombianas. Posteriormente, en septiembre de 2024, las autoridades ejecutaron la Operación Búfalo NK, en un operativo coordinado por la Fiscalía junto a la Dirección Nacional de Control de Drogas, el Ministerio de Defensa, organismos de inteligencia, la DEA y el Comando Sur de Estados Unidos.
La estructura estaba compuesta por ciudadanos de Colombia, Venezuela y República Dominicana, con conexiones en Puerto Rico, Estados Unidos y Europa. De acuerdo con la investigación, la organización empleaba rutas marítimas y aéreas para trasladar grandes cargamentos de cocaína, operando de manera simultánea en distintas jurisdicciones. Con las nuevas condenas, el proceso judicial avanza con catorce personas sentenciadas, además de los decomisos de bienes, dinero, vehículos, embarcaciones y armas ordenados por los tribunales.
