El presidente Luis Abinader cumple seis años en el cargo, marcados por su compromiso de combatir la corrupción administrativa y fortalecer la independencia del Ministerio Público. A pesar de los avances reconocidos en la lucha contra este flagelo, varios casos de alto perfil han puesto a prueba la transparencia de su gestión, generando expectativas sobre condenas significativas y la consolidación de la institucionalidad en la República Dominicana.
El próximo domingo, el presidente Luis Abinader alcanzará su sexto año al frente del gobierno, un periodo que desde sus comienzos se distinguió por la promesa de erradicar la corrupción administrativa y fomentar la autonomía del Ministerio Público, adoptando una postura de cero tolerancia ante este problema. No obstante, situaciones como el desfalco en el Seguro Nacional de Salud (SeNaSa), la exigencia de contribuciones para mantener un movimiento político en el Instituto Tecnológico de Las Américas (ITLA) y en el Fondo Especial Para El Desarrollo Agropecuario (FEDA), la implicación de narcotráfico dentro del Partido Revolucionario Moderno (PRM), la red de estafa que operaba en el Instituto Oncológico Regional del Cibao (IORC) y el Patronato Cibaeño Contra el Cáncer, junto con el presunto fraude al Estado y el sabotaje a la red de semáforos del Gran Santo Domingo, han puesto a prueba la dedicación de la administración actual a la transparencia. Frente a esto, el abogado Robinson Reyes opinó que en la República Dominicana se observa un progreso en la batalla contra la corrupción, a pesar de que no todos los expedientes han terminado con sentencias severas. “Considero que estamos progresando o formalizando un poco más, pero no es indispensable que haya condenas importantes; el hecho de que se estén procesando de una u otra manera está frenando la ambición de quienes están en el Gobierno, quienes buscan enriquecerse, con el temor de que más adelante les toque a ellos”, señaló el jurista.
Abinader defiende la autonomía del Ministerio Público. Hace un mes, el presidente Luis Abinader afirmó que durante su mandato se han logrado grandes avances en el robustecimiento de la independencia del Poder Judicial, resaltando el papel autónomo del Ministerio Público en la lucha contra la corrupción, asegurando que a lo largo de sus seis años de gestión nunca ha intervenido ni sugerido acciones a las autoridades que dirigen el organismo. “Existe un Ministerio Público completamente independiente que no recibe ningún tipo de intromisión, ni yo tampoco les hago propuestas nunca”, declaró el mandatario.
Camacho reafirma el progreso en la lucha contra la corrupción: “Se han obtenido 95 sentencias condenatorias”. En el mes de junio, el procurador adjunto Wilson Camacho, subrayó el avance en la lucha contra el crimen impulsada por la actual dirección del Ministerio Público, asegurando que de los casos de corrupción administrativa y crimen organizado, en cuatro se han logrado 95 sentencias condenatorias.
Casos que han arrojado resultados. El Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional emitió el 14 de agosto de 2025 la sentencia del caso Antipulpo con condenas para individuos y entidades, y absoluciones para otros acusados. En la resolución, 8 imputados fueron condenados y 13 absueltos. Entre ellos, el hermano del expresidente Danilo Medina fue sentenciado a siete años de prisión. Al aceptar la solicitud del Ministerio Público, el Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional condenó a 20 años de reclusión mayor y al pago de 400 salarios mínimos a los generales Adán Benoni Cáceres Silvestre y Juan Carlos Torres Robiou, así como al coronel Rafael Núñez de Aza, procesados por corrupción administrativa derivados de las operaciones Coral y Coral 5G. Asimismo, fueron condenados a 15 años de prisión el general Julio Camilo De los Santos Viola y Rossy Maybelline Guzmán Sánchez (la pastora), quienes además deberán abonar multas de 400 y 300 salarios mínimos a favor del Estado dominicano. En noviembre de 2025, el Partido Revolucionario Moderno (PRM) suspendió de su militancia al regidor del Distrito Nacional Edickson Herrera Silvestre, detenido en Estados Unidos por narcotráfico. Herrera Silvestre, conocido como “Yeyea”, llegó a un acuerdo con las autoridades de Estados Unidos y se declaró culpable de traficar cocaína desde República Dominicana hacia ese país; él mismo admitió conspirar para traficar al menos 5 kilos de cocaína hacia Norteamérica.
Casos aún bajo investigación. Por otro lado, en la operación Cobra, el Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional ratificó nuevamente la prisión preventiva impuesta a Santiago Marcelo F. Hazim Albainy y a otros individuos vinculados a la red criminal de corrupción administrativa que desfalcó miles de millones de pesos al Seguro Nacional de Salud (SeNaSa). En enero, el equipo de N Investiga accedió a documentos, testimonios y comprobantes bancarios que confirmaban que un grupo de empleados del Instituto Tecnológico de Las Américas (ITLA) realiza aportes periódicos equivalentes a un porcentaje de su sueldo para mantener el movimiento político Jóvenes Unidos por el Cambio, organización fundada y coordinada por el actual rector de la institución, Rafael Féliz García. Esta situación provocó la apertura de una investigación por parte de la Dirección de Ética e Integridad Gubernamental (DGEI) para verificar lo denunciado; sin embargo, cinco días después de la publicación del reportaje, Abinader destituyó a Rafael Féliz García. Adicionalmente, el equipo N Investiga presentó un reportaje que demostraba que documentos internos, conversaciones de WhatsApp y testimonios de empleados revelan que en el FEDA estaría operando un esquema de clientelismo político que incluye aportes económicos obligatorios, amenazas laborales, suspensiones sin salario y el uso de la estructura institucional para financiar un movimiento político denominado “La Maquinaria del Cambio”. Tres días después, el presidente de la República, Luis Abinader, aseguró que se están investigando las denuncias expuestas en el reportaje.
Mientras tanto, en diciembre del mismo año, se impuso un año de prisión preventiva como medida de coerción contra los acusados de la red criminal de narcotráfico del caso Kraken, compuesta por ciudadanos serbios, belgas, colombianos y dominicanos, quienes presuntamente introducían cargamentos de drogas procedentes de Suramérica para enviarlos a Estados Unidos a través de Canadá.
