Un tribunal dominicano confirmó la medida de arresto domiciliario para uno de los individuos acusados en la red de sobornos desmantelada por la 'Operación Lobo'. Esta red está vinculada al pago de más de 108 millones de pesos para asegurar contratos de seguridad privada en diversas entidades estatales. La decisión judicial también incluyó una modificación en la garantía económica para otro de los imputados.
A petición del Ministerio Público, un magistrado judicial validó el jueves la medida de coerción de arresto en su domicilio para uno de los procesados por integrar la organización delictiva que entregó coimas por una cifra superior a 108 millones de pesos. El objetivo era obtener contratos para servicios de vigilancia privada en varias dependencias gubernamentales del país.
La disposición fue reconfirmada para Bolívar Nicolás Fernández Espinal, quien anteriormente fue responsable de Seguridad en Edenorte Dominicana. Él es enjuiciado junto a otras trece personas y entidades jurídicas involucradas en el caso. Los fiscales Rosa María Pichardo y Ernesto Guzmán Alberto representaron al Ministerio Público durante la audiencia, donde el juez Deybi Timoteo Peguero, del Séptimo Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional, ratificó la medida restrictiva contra el inculpado.
En la misma sesión, el juez modificó la forma de presentación de la fianza económica de 5 millones de pesos, pasando de pago en efectivo a un contrato, para Quilvio Bienvenido Rodríguez González, representante de la compañía Servicio Nacional de Seguridad Integral S.R.L. (Senase).
“En esta ocasión, los acusados Bolívar Fernández y Quilvio Rodríguez solicitaron una modificación de la medida de coerción”, explicó la fiscal Pichardo al responder preguntas de los periodistas a la salida del tribunal. “En el caso de Bolívar Fernández, el juez mantuvo la medida de arresto domiciliario en su contra. Respecto a Quilvio Rodríguez, lo que se hizo fue una variación en la modalidad de cumplimiento, referida a una garantía económica de 5 millones de pesos, que inicialmente debía ser pagada en efectivo, y el tribunal decidió que fuera mediante contrato”, detalló la representante del Ministerio Público, quien comunicó a la prensa que la audiencia preliminar de este proceso ha sido programada para el 7 de septiembre.
El pasado mes de julio, el Ministerio Público presentó una acusación formal y solicitó la apertura de juicio para 14 personas físicas y jurídicas que conformaban la red de sobornos. También están imputados en el caso Carlos Ambrosio Robles Díaz, exdirector de seguridad de EdeSur; Francisco Guarín Fernández Vásquez, exdirector de seguridad del Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (Inaipi), y Ramón Quezada Ortiz, miembro del Departamento de Seguridad de EdeEste.
Asimismo, Andrés Pacheco Varela, exencargado de seguridad de la Empresa EdeNorte Dominicana, S.A.; Wellington Peralta Santos, exasistente del encargado de seguridad del Inaipi, y Luis Ernesto Vicioso Bocio, exdirector de seguridad de EdeEste, figuran en la acusación. El expediente incluye igualmente a Elías Caamaño Pérez, excoordinador de Seguridad Patrimonial de la Dirección Ejecutiva del Seguro Nacional de Salud (SeNaSa) y Yorbyn Eduardo Eufracio Aybar.
Además, fueron acusadas las entidades jurídicas Servicios Senase y El Niño Prodigio EIRL, ambas propiedad del imputado Quilvio Bienvenido Rodríguez. También, Magestym Waste & Recycling Company SA y Magesty Recycling SRL, propiedad de Bolívar Nicolás Fernández Espinal y Miguelina Antonia Rosario Sánchez.
El documento judicial especifica que las sumas entregadas como sobornos ascienden a ciento ocho millones ochenta mil trescientos cincuenta y nueve pesos con noventa y dos centavos (RD$108,080,359.92). Estos montos fueron exigidos y recibidos por los responsables de la seguridad institucional de diversas entidades del sector público y los demás funcionarios señalados.
La Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), con el respaldo de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, inició una indagación a partir de una denuncia enviada por la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental. Dicha denuncia identificó la existencia de una red criminal dedicada a defraudar al Estado dominicano mediante la manipulación de contratos y la solicitud sistemática de sobornos a cambio de favorecer a contratistas que ofrecían servicios de vigilancia privada en instituciones públicas.
Las pesquisas determinaron que la empresa Senase, durante los periodos 2012-2020 y 2020-2025, efectuó pagos ilícitos a funcionarios de las mencionadas instituciones públicas. Dichos pagos se realizaron a través de diversas estrategias o modalidades, que incluyeron transferencias bancarias y entregas de dinero en efectivo, con el propósito de asegurar la continuidad de los contratos adjudicados a la empresa acusada.
