Un juez ha ratificado la medida de arresto domiciliario para Bolívar Nicolás Fernández Espinal, exjefe de Seguridad de Edenorte Dominicana, quien es señalado como parte de una red que presuntamente distribuyó sobornos por más de 108 millones de pesos. Este caso, conocido como Operación Lobo, involucra a trece personas y empresas adicionales. La decisión judicial también modificó la garantía económica impuesta a otro acusado, Quilvio Bienvenido Rodríguez González.
A petición del Ministerio Público, un magistrado judicial confirmó la medida de coerción de arresto en su domicilio para Bolívar Nicolás Fernández Espinal, antiguo responsable de Seguridad de Edenorte Dominicana. Se le acusa de integrar una organización que, según la documentación judicial, distribuyó pagos ilícitos que superan los RD$108 millones con el fin de obtener acuerdos de seguridad privada en diversas entidades gubernamentales. Fernández Espinal está siendo procesado junto a otras trece entidades y personas físicas implicadas en el caso desarticulado bajo el nombre de Operación Lobo.
La resolución fue emitida por el juez Deybi Timoteo Peguero, del Séptimo Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional, durante una audiencia donde la representación del Ministerio Público estuvo a cargo de los fiscales Rosa María Pichardo y Ernesto Guzmán Alberto.
En la misma sesión judicial, el tribunal ajustó la modalidad de la fianza económica impuesta a Quilvio Bienvenido Rodríguez González, representante de la compañía Servicio Nacional de Seguridad Integral S.R.L. (Senase), y determinó que los RD$5 millones inicialmente fijados en efectivo se presentaran mediante un contrato.
“En esta ocasión, los imputados Bolívar Fernández y Quilvio Rodríguez solicitaron una variación de la medida de coerción”, explicó la fiscal Pichardo a los reporteros. “En el asunto de Bolívar Fernández, el juez mantuvo la medida de arresto domiciliario en su contra. Respecto a Quilvio Rodríguez, lo que se hizo fue una modificación en la forma de cumplimiento; nos referimos a una garantía económica de 5 millones de pesos, que debía pagarse en efectivo, y el tribunal decidió que fuera por contrato”, detalló.
La vocera del Ministerio Público informó además que la audiencia preliminar se ha programado para el 7 de septiembre.
El Ministerio Público presentó en julio una acusación y solicitó la apertura de juicio contra 14 individuos y empresas señalados como miembros de la red. Entre los imputados se encuentran Carlos Ambrosio Robles Díaz, exdirector de Seguridad de Edesur; Francisco Guarín Fernández Vásquez, exdirector de Seguridad del Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (Inaipi); y Ramón Quezada Ortiz, integrante del Departamento de Seguridad de Edeeste.
También se encuentran acusados Andrés Pacheco Varela, antiguo encargado de Seguridad de Edenorte Dominicana; Wellington Peralta Santos, exasistente del encargado de Seguridad del Inaipi; Luis Ernesto Vicioso Bocio, exdirector de Seguridad de Edeeste; Elías Caamaño Pérez, excoordinador de Seguridad Patrimonial del Seguro Nacional de Salud (SeNaSa), y Yorbyn Eduardo Eufracio Aybar. El expediente incluye además a las empresas Servicios Senase, El Niño Prodigio EIRL, Magestym Waste & Recycling Company SA y Magesty Recycling SRL.
Según la imputación, los pagos ilícitos identificados ascienden a RD$108,080,359.92, una suma que habría sido exigida y recibida por encargados de seguridad institucional y otros funcionarios acusados.
La investigación fue llevada a cabo por la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), con el respaldo de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, a raíz de una denuncia enviada por la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental.
De acuerdo con el expediente, la red habría operado manipulando contratos y exigiendo sobornos a cambio de favorecer a contratistas que ofrecían servicios de seguridad privada en instituciones públicas.
Las indagaciones establecieron que Senase, durante los periodos 2012-2020 y 2020-2025, habría entregado sobornos a funcionarios de varias instituciones mediante transferencias bancarias y entregas de dinero en efectivo, con el propósito de mantener los contratos adjudicados a la empresa.
