República Dominicana experimenta una desventaja arancelaria de 2.5 puntos porcentuales al exportar a Estados Unidos, en comparación con otras naciones de la región. Esta situación surge de una política estadounidense que aplica un arancel del 12.5% a países que, según su evaluación, no prohíben la importación de bienes elaborados con trabajo forzoso, mientras que otorga una tasa del 10% a aquellos que sí lo hacen o tienen compromisos al respecto. Este diferencial impacta significativamente la competitividad de los productos dominicanos en su principal mercado.
La República Dominicana se encuentra en una situación de desventaja de 2.5 puntos porcentuales en relación con varias naciones competidoras al intentar introducir sus productos en el mercado de Estados Unidos. Esto se debe a que EE. UU. ha implementado un gravamen del 12.5% para aquellas economías que, según su análisis, carecen de una prohibición efectiva sobre la entrada de productos fabricados con mano de obra forzosa.
Esta tarifa contrasta con el 10% establecido para 17 economías, incluyendo a México, Guatemala, Honduras y El Salvador. Estos países fueron identificados por Estados Unidos como poseedores de prohibiciones de este tipo, habiendo asumido compromisos para implementarlas, o contando con esquemas parciales con efectos similares. La República Dominicana fue incluida entre las economías sujetas al 12.5%, según información proporcionada por el Representante Comercial de Estados Unidos.
La disparidad adquiere gran importancia debido al rol fundamental que Estados Unidos desempeña para el sector exportador dominicano, especialmente para las zonas francas. Durante el año 2025, estas generaron exportaciones por un valor de US$8,548.6 millones, de las cuales US$2,890.4 millones correspondieron a productos médicos y farmacéuticos, el subsector exportador más relevante, de acuerdo con el Consejo Nacional de Zonas Francas de Exportación (CNZFE).
El impacto de esta diferencia arancelaria fue señalado por el senador de San Juan, Félix Bautista, quien argumenta que el 2.5% adicional podría mermar la competitividad de los bienes dominicanos frente a productos similares provenientes de naciones que acceden al mercado estadounidense con una tarifa inferior. El legislador calcula que esta diferencia podría ascender a US$182 millones anuales adicionales para los exportadores dominicanos, una estimación personal suya.
Esta situación se presenta en un momento en que el Gobierno dominicano ya ha tomado medidas para abordar el origen de la controversia. El 23 de julio, el Poder Ejecutivo emitió el Decreto 502-26, que establece un procedimiento administrativo para prevenir, identificar y restringir la importación de mercancías producidas total o parcialmente mediante trabajo forzoso, y autoriza a la Dirección General de Aduanas a prohibir su ingreso cuando se confirme dicha condición.
Sin embargo, para Bautista, este mecanismo administrativo no sería suficiente para que el país logre la reducción del arancel, y sugiere que la República Dominicana adopte una legislación específica sobre el tema. La discusión ocurre en un periodo en que las exportaciones de las zonas francas mantienen un crecimiento constante. Entre enero y abril de 2026, alcanzaron US$2,803.3 millones, lo que representa un incremento interanual del 4.3%, mientras que los productos médicos y farmacéuticos contribuyeron con US$966 millones durante ese lapso, según el mismo CNZFE.
El punto crucial para el sector exportador es ahora si la República Dominicana será capaz de disminuir la brecha de 2.5 puntos que sostiene frente a varios de sus competidores y evitar que este diferencial termine elevando el costo de sus productos en uno de sus mercados principales.
