Ernesto Rafael Rodríguez García ha sido nombrado como el nuevo director de la Policía Nacional, asumiendo la responsabilidad de enfrentar la delincuencia, fortalecer la disciplina interna y continuar con la transformación de la institución. Este relevo se produce tras seis meses de gestión del anterior director y en medio de altas expectativas por parte de la ciudadanía y los legisladores sobre la mejora de la seguridad y el funcionamiento policial.
Ernesto Rafael Rodríguez García tomó posesión este martes como líder de la Policía Nacional, enfrentando la misión de mejorar la respuesta ante la criminalidad, robustecer la disciplina interna y proseguir con el proceso de modernización de la entidad. Esto sucede después de que el presidente Luis Abinader decidiera reemplazar a Andrés Modesto Cruz Cruz, quien ocupó el puesto por medio año. La modificación en el liderazgo se estableció a través del Decreto 558-26, mediante el cual Abinader nombró a Rodríguez García como el nuevo director general y autorizó su ascenso a mayor general. La disposición también otorgó a Cruz Cruz una situación de retiro honorable. La llegada de Rodríguez García ocurre en un momento en que representantes de diversas corrientes políticas concuerdan en la importancia de las expectativas que recaen sobre la nueva dirección policial, aunque sus opiniones varían respecto a la administración gubernamental y el proceso de reestructuración de la institución.
Desde la bancada oficialista, el diputado del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Luis Gómez, valoró las decisiones tomadas por el Poder Ejecutivo y afirmó que desde hacía tiempo la ciudadanía requería cambios en la Policía Nacional. Gómez estimó que los seis meses de gestión del director previo no bastaron para satisfacer las expectativas de la población y manifestó su confianza en que Rodríguez García logrará mejores resultados. El legislador también sugirió que la institución debe combatir la delincuencia con determinación, pero siempre respetando los derechos de los ciudadanos. “Buscamos orden, pero deseamos que sea con pleno respeto a los derechos humanos”, declaró Gómez, al indicar que el nuevo director debe luchar contra el crimen con firmeza y rigor.
El diputado Carlos Sánchez también señaló como uno de los retos principales del nuevo director la necesidad de potenciar la respuesta contra la delincuencia y establecer un ambiente de cohesión dentro de la Policía Nacional. Sánchez sostuvo que existía insatisfacción tanto en segmentos de la población como en el interior de la propia institución con la administración anterior y afirmó que, a su parecer, el rendimiento del exdirector ya generaba interrogantes en sus primeros meses. “Se había desgastado en los primeros cien días porque no observábamos un director que, además de enfrentar enérgicamente la delincuencia y la inseguridad ciudadana, tampoco creaba un clima de tranquilidad, un ambiente favorable dentro de la propia Policía”, expresó. El legislador mantuvo que quien dirija la institución debe fomentar la unión entre sus integrantes para que los agentes puedan realizar sus funciones en condiciones propicias. “Si eres líder de una institución, debes transmitir un mensaje de unidad, de camaradería, para que los agentes, al salir a proteger al ciudadano, lo hagan en un ambiente de unidad”, manifestó.
Otra de las propuestas surgidas en el Congreso se enfoca en el funcionamiento interno de la institución. El diputado Ramón Bueno aconsejó al nuevo director aprender de lo sucedido durante la gestión anterior y consideró que uno de sus desafíos clave será disminuir los conflictos y situaciones que han provocado cuestionamientos dentro de la Policía. “Lo que le sugiero al nuevo jefe de la Policía, a quien conozco, con quien hemos conversado y ha visitado nuestra comisión un par de veces, es que tome como lección lo que le ocurrió al jefe anterior”, manifestó. Bueno afirmó que la institución atraviesa circunstancias que requieren atención y planteó que el nuevo director deberá esforzarse para reducir lo que denominó “ruido” interno. El legislador también consideró necesaria una revisión en la Policía ante casos que han generado interrogantes, incluyendo acusaciones sobre agentes presuntamente involucrados en el manejo y tráfico de narcóticos. Rodríguez García llega a la dirección con experiencia precisamente en áreas vinculadas al control interno de la institución. Antes de su nombramiento, ejercía como inspector general de la Policía Nacional y previamente ocupó, entre otras responsabilidades, la dirección de Asuntos Internos, la Dirección Regional Sur, la Dirección de Enlace entre el Ministerio de Defensa y la Policía y la Dirección de Control Interno.
Los legisladores también vincularon la llegada del nuevo director con el proceso de reforma de la Policía Nacional. Carlos Sánchez explicó que el proyecto que estaba en estudio en la Comisión Permanente de Interior y Policía de la Cámara de Diputados deberá ser retomado, según sus declaraciones, tras haber perdido su validez legislativa. “Habrá que presentarlo nuevamente en la Cámara de Diputados”, señaló. El diputado añadió que aún no se había determinado si la iniciativa sería introducida de nuevo por el Poder Ejecutivo o por un legislador, aunque aseguró que la comisión está preparada para seguir trabajando en el contenido del proyecto. Ramón Bueno también hizo un llamado al Congreso para que asuma su responsabilidad en la discusión de la reforma policial y consideró que esta debe contribuir a mejorar la seguridad y la respuesta de la institución ante las necesidades de la población. El proceso de transformación policial, mientras tanto, ya cuenta con mecanismos institucionales de seguimiento. En febrero de este año, el Gobierno aprobó la Resolución 038-2026, que estableció el SISMAP Seguridad Ciudadana como una herramienta para supervisar, evaluar y fortalecer el rendimiento de las instituciones encargadas de la seguridad. El sistema contempla indicadores de eficacia, transparencia, responsabilidad, profesionalización, orientación al ciudadano y mejora continua.
Desde la oposición, el diputado de la Fuerza del Pueblo, Tobías Crespo, reconoció que el presidente de la República tiene la facultad constitucional de nombrar y destituir funcionarios, pero cuestionó la gestión que, a su parecer, ha tenido el Gobierno con la reforma policial y la seguridad ciudadana. Crespo sostuvo que la permanencia de seis meses del anterior director evidencia dificultades en la dirección de la institución y cuestionó que ese período haya sido suficiente para lograr resultados. El legislador también criticó la manera en que, según afirmó, se exponen las estadísticas de criminalidad y planteó que la reforma policial debe ir más allá de aspectos salariales para fortalecer el orden, la autoridad y la seguridad en las calles. Por su parte, el diputado José Alberto Jiménez calificó de preocupante que se produzca un nuevo cambio en la dirección de la Policía después de una administración de apenas seis meses, y atribuyó la situación a una falta de planificación. “El problema aquí no es tanto del jefe de policía, el problema aquí es de la Presidencia de la República”, afirmó.
Con el relevo formalizado, Ernesto Rafael Rodríguez García inicia una nueva etapa al frente de la Policía Nacional. Su designación ocurre seis meses después de que Andrés Modesto Cruz Cruz asumiera el cargo en reemplazo de Ramón Antonio Guzmán Peralta. Cruz Cruz había sido nombrado mediante el Decreto 111-26, del 17 de febrero de 2026, y anteriormente se desempeñaba como inspector general de la institución. Ahora, el nuevo director recibe una institución sobre la que recaen expectativas políticas y ciudadanas relacionadas con la disminución de la delincuencia, la disciplina interna, la profesionalización de sus miembros y la continuidad del proceso de transformación policial. Para el diputado Luis Gómez, el desafío es que esos cambios se traduzcan en resultados concretos para la población: una Policía capaz de enfrentar la criminalidad con determinación, pero dentro del respeto a los derechos humanos. El desempeño de la nueva dirección comenzará así a evaluarse no solo por los ajustes administrativos que pueda implementar, sino también por su habilidad para responder a los problemas de seguridad ciudadana que los propios legisladores señalan como una de las principales exigencias de la población.
