Claudina Pérez Ramírez, conocida como “La Tora”, se enfrenta a una acusación formal del Ministerio Público, derivada de una querella interpuesta en 2024 por Iluminada Muñoz. Los abogados de Muñoz alegan difamación e injuria prolongadas por más de cinco años. La audiencia está programada para este jueves 20 de agosto de 2026, donde se evaluará la acusación y una solicitud de medida de coerción.
Los representantes legales de Iluminada Muñoz informaron que el Ministerio Público ha presentado una acusación formal contra Claudina Pérez Ramírez, conocida públicamente como La Tora. Esta acción surge de una querella penal con constitución en actor civil presentada en el año 2024, por presuntos actos de difamación e injuria.
Los abogados, Emery Colomby Rodríguez y Gabriel Brugal Villanueva, afirman que los incidentes denunciados no corresponden a un hecho aislado, sino a una serie de acusaciones que, según su versión, se habrían extendido por más de un lustro a través de diversos medios y plataformas de comunicación pública.
Según lo expuesto por los abogados, tras recibir la querella, el Ministerio Público llevó a cabo una investigación donde se recopilaron diferentes pruebas relacionadas con las publicaciones y expresiones atribuidas a la señora Pérez Ramírez. Como resultado de esta investigación, el órgano acusador formalizó una acusación y solicitó una medida de coerción contra La Tora. La evaluación de dicha solicitud está prevista para este jueves 20 de agosto de 2026, a las 9:00 de la mañana, en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, ubicado en el Distrito Nacional.
Los abogados de Muñoz afirmaron que Pérez Ramírez habría sido citada en múltiples ocasiones durante el proceso y que, según su testimonio, no ha comparecido ante las autoridades pertinentes. Los letrados también sostienen que, a pesar del proceso iniciado, la comunicadora habría continuado realizando declaraciones públicas que consideran vinculadas a los mismos hechos denunciados.
“La justicia no puede permanecer inactiva ante una conducta que, según los elementos incorporados al expediente, se ha mantenido por varios años y ha afectado directamente la honra, la dignidad y la buena reputación de nuestra representada”, expresaron.
No obstante, será durante las diferentes fases del procedimiento judicial cuando se determinarán las responsabilidades correspondientes, con base en las pruebas que sean aceptadas y valoradas por las autoridades competentes.
Los abogados de Muñoz aclararon que el recurso judicial no tiene como objetivo convertirse en un enfrentamiento personal, sino buscar una respuesta institucional frente a los hechos denunciados y establecer las responsabilidades que correspondan de acuerdo con las leyes dominicanas.
Además de la acción penal, la querella incluye la constitución en actor civil, mediante la cual la parte querellante busca obtener una compensación por los perjuicios que alega haber sufrido como consecuencia de las acciones denunciadas.
En caso de que los tribunales determinen una compensación económica a favor de Muñoz, sus abogados explicaron que su representada considera destinar esos fondos a fortalecer el ejercicio profesional de la comunicación y a realizar contribuciones a instituciones que desarrollan programas de atención, prevención y asistencia para personas afectadas por el cáncer en la República Dominicana.
“Iluminada Muñoz entiende que una eventual indemnización no busca una compensación individual, sino transformar este proceso dificultoso en una oportunidad para colaborar con causas sociales y con personas que enfrentan situaciones particularmente complejas”, señalaron.
Los representantes legales reiteraron su confianza en el sistema judicial y aseguraron que seguirán ejerciendo la defensa de los intereses de Muñoz dentro del debido proceso. La audiencia para conocer la acusación y la solicitud de medida de coerción contra Claudina Pérez Ramírez está fijada para este 20 de agosto, a las 9:00 de la mañana, en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva.
El proceso deberá determinar ahora, con base en los elementos presentados por el Ministerio Público y las posturas de las partes, si existen fundamentos suficientes para las medidas solicitadas y, posteriormente, las posibles responsabilidades penales y civiles que pudieran derivarse de los hechos denunciados.
