La Procuraduría General ha presentado cargos y solicitado un juicio contra nueve personas, presuntos miembros de una red criminal transnacional. Se les vincula con el tráfico de casi 1.7 toneladas de cocaína y el blanqueo de más de RD$258.8 millones y US$1.6 millones. Esta acción judicial surge tras la desarticulación de la banda en la 'Operación Leopardo', que también investigó tenencia ilegal de armas y otros delitos.
La Fiscalía ha formalizado una acusación y pedido la apertura de un proceso judicial contra nueve individuos, identificados como supuestos integrantes de una organización delictiva transnacional. Esta estructura se dedicaba al comercio internacional de cocaína, legitimación de capitales, posesión ilícita de armamento y otras infracciones, siendo desarticulada a través de la 'Operación Leopardo'. Conforme a la entidad acusadora, la red estaría relacionada con el tráfico de 1,693.42 kilogramos de cocaína, cerca de 1.7 toneladas, y habría movilizado más de RD$258.8 millones y US$1.6 millones mediante cuentas bancarias, depósitos en efectivo, transferencias locales e internacionales y otros sistemas financieros.
La imputación fue presentada ante la Coordinación de los Juzgados de la Instrucción del Distrito Judicial de La Altagracia contra Moisés Severino Inirio (conocido como el Flaco), Pedro Luis Cordero Espinal, José Ignacio de Jesús Mota (conocido como el Gordo), Daniela Sthefany Amancio Olaverría, Rafael Torrez Díaz, Wilson Rafael Severino Inirio, Antun Mrdeza (Nikolas Boros), Mioara-Sanda Burcina y Néstor Julio Rodríguez Robles.
Según la investigación, la organización operaba en diversas áreas del país, utilizando villas, comercios, propiedades rurales y complejos turísticos en la región Este para recibir, almacenar y despachar sustancias estupefacientes. El Ministerio Público afirma que los cargamentos de cocaína provenían de Colombia y arribaban a territorio dominicano a través de las costas de Bayahíbe, San Pedro de Macorís, Pedernales, Barahona y el Parque Nacional Cotubanamá. Posteriormente, eran transportados por vía terrestre y guardados en inmuebles asociados a los miembros de la estructura.
De acuerdo con la acusación, una porción de la droga era enviada en embarcaciones privadas hacia Puerto Rico, desde donde presuntamente se distribuía hacia Estados Unidos, Canadá, Europa y otros destinos. Uno de los sucesos principales investigados ocurrió el 25 de abril de 2025, cuando las autoridades incautaron 993 paquetes de cocaína, con un peso certificado de 1,027.15 kilogramos, transportados en la embarcación denominada “Lucifer”, en la zona de Cap Cana. Posteriormente, el 18 de octubre de 2025, las autoridades llevaron a cabo 17 allanamientos simultáneos y confiscaron otros 666.27 kilogramos de cocaína, parte de los cuales, según el expediente, se hallaba almacenada en el establecimiento Drinks Súper Fría, en San Rafael del Yuma. Ambas operaciones permitieron a los investigadores relacionar a la presunta organización con un total de 1,693.42 kilogramos de cocaína.
El expediente señala a Moisés Severino Inirio como el supuesto principal coordinador logístico de la estructura; a Pedro Luis Cordero Espinal, como encargado de las tareas de coordinación internacional, y a Daniela Sthefany Amancio Olaverría, como responsable de las funciones financieras y logísticas. Los demás acusados, siempre según el Ministerio Público, habrían desempeñado roles relacionados con el almacenamiento y transporte de drogas, custodia de sustancias, gestión de establecimientos, movilización de capital y ocultamiento de activos.
Los análisis financieros incluidos en el expediente identificaron, según la acusación, movimientos superiores a RD$258.8 millones y US$1.6 millones. La investigación sostiene que se emplearon métodos supuestamente ligados al blanqueo de capitales, entre ellos depósitos fraccionados o “pitufeo”, transferencias entre cuentas relacionadas, retiros inmediatos en efectivo, uso de terceras personas, sociedades instrumentales, operaciones inmobiliarias sobrevaloradas, el sistema informal hawala y pagos con criptomonedas, principalmente USDT en la red TRC20.
El Ministerio Público solicitó la confiscación de bienes, valores, productos financieros e instrumentos que considera vinculados a las actividades ilícitas atribuidas a la organización. Entre los activos identificados figuran US$154,800 y RD$927,000 en efectivo, así como una villa de lujo en Cap Cana, adquirida, según el expediente, mediante una operación de US$820,000. También fueron señalados un apartamento en la Torre Emporium, en Santo Domingo; dos solares en San Antonio de Guerra; un apartamento en el Residencial Solarium I, en La Romana, y otros terrenos e inmuebles ubicados en San Rafael del Yuma y Santo Domingo.
La acusación incluye además las embarcaciones “Beto III”, “Fish On” y “Lucifer”, así como vehículos, camionetas, yipetas, motocicletas y varias armas de fuego, entre ellas pistolas, escopetas, rifles y un fusil calibre 5.56, además de cargadores y municiones. El Ministerio Público también persigue el decomiso de relojes, cadenas, pulseras, anillos y otras joyas, así como cientos de teléfonos celulares, computadoras, tabletas, máquinas contadoras de dinero, equipos de comunicación y documentación financiera y societaria. De acuerdo con el expediente, una porción de esos bienes habría sido adquirida mediante pagos en efectivo, operaciones fragmentadas, sociedades de fachada y personas interpuestas, sin que, según la acusación, pudiera justificarse su procedencia mediante actividades económicas lícitas.
El Ministerio Público solicitó que la acusación sea aceptada, que se emita un auto de apertura a juicio, que se mantengan las medidas de coerción y cautelares vigentes y que, al concluir el proceso, se ordene el decomiso de los activos que resulten vinculados a los hechos. La investigación fue desarrollada por la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y la Fiscalía de La Altagracia, junto con la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), a través del Centro de Información y Coordinación Conjunta y la Dirección de Investigación Financiera y Lavado de Activos, con colaboración de la DEA.
