Un tribunal del Distrito Nacional ordenó un año de prisión preventiva para diez individuos acusados de participar en una red criminal que defraudó a un banco por más de RD$200 millones. El juez Rigoberto Sena declaró el caso complejo, considerando la envergadura de la investigación y el número de acusados. Los imputados cumplirán la medida en distintos centros de corrección y rehabilitación.
La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional dictaminó un año de reclusión preventiva para diez personas señaladas de conformar una supuesta organización delictiva dedicada a ejecutar fraudes en contra de una institución bancaria, generando perjuicios que superan los RD$200 millones.
La resolución fue emitida por el magistrado Rigoberto Sena, quien además catalogó el caso como complejo, dada la dimensión de la indagación y la cantidad de encausados involucrados.
Los enviados a prisión son Luis Miguel García Peña, Pedro Andrés García Pérez, Luis Guillermo García Faña, Pedro Reynaldo Bello Pérez, Julio Antonio García Faña, Francis Michael Laureano Marte, Juan Antonio Ureña Geraldo, Kaury Miguel Lazala Brazobán y Jefry Leonardo Cepeda Núñez, quienes deberán acatar la disposición en el Centro de Corrección y Rehabilitación Las Parras.
En tanto que la encausada Elsa Sthefanya Sánchez Fernández fue remitida al Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Mujeres.
La investigación está siendo llevada a cabo por la Dirección Nacional de Investigación de Delitos Financieros de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, liderada por la procuradora general de corte Lewina Tavárez Gil.
En la audiencia también participaron el fiscal Rafael Reyes Cabreja y la fiscalizadora Margaret Cabrera Morillo.
Según el Ministerio Público, los acusados formaban parte de una estructura dedicada a cometer estafas a través de operaciones ilícitas que perjudicaron a una entidad financiera del país.
La pesquisa se puso en marcha luego de un extenso operativo desplegado en el Gran Santo Domingo por el Ministerio Público, en coordinación con la Dirección de Área de Policía Cibernética (DICAT), adscrita a la Dirección Central de Investigación Criminal de la Policía Nacional.
