El senador Félix Bautista ha presentado un proyecto de ley en el Senado de la República Dominicana con el fin de combatir la importación de productos elaborados con trabajo forzoso. Esta iniciativa busca que el país caribeño pueda negociar con Estados Unidos una disminución de los aranceles de la Sección 301, del actual 12.5% al 10%, equiparándose a otros socios comerciales. Se estima que esta reducción podría generar un ahorro anual de hasta 182 millones de dólares para los exportadores dominicanos, fortaleciendo su competitividad en el mercado estadounidense.
El legislador Félix Bautista sometió ante el Congreso de la República un proyecto de legislación destinado a prevenir y prohibir la entrada de bienes manufacturados mediante explotación laboral, con la finalidad de que la República Dominicana logre pactar con los Estados Unidos una disminución del gravamen adicional de la Sección 301, fijado actualmente en 12.5%, hasta el 10% que se aplica a otras naciones aliadas comercialmente. Conforme a lo expresado por el congresista, equiparar la cuota que abonan países como El Salvador, Guatemala, Honduras, México y Malasia podría significar para el ámbito exportador dominicano una economía de hasta 182 millones de dólares anuales, lo que equivale a aproximadamente 10,920 millones de pesos, al disminuir los gastos vinculados a las remesas hacia el mercado norteamericano.
La propuesta, denominada Ley de Prevención y Prohibición de Importación de Mercancías y Bienes Producidos Mediante Trabajo Forzoso, busca establecer un marco legal que posibilite al país demostrar ante la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) que posee mecanismos eficaces para impedir la entrada de productos fabricados bajo tales circunstancias. Bautista también solicitó al mandatario Luis Abinader, en su rol de presidente del Partido Revolucionario Moderno (PRM), que instruya a los miembros del parlamento de dicha agrupación política para que la iniciativa sea aprobada con la mayor celeridad posible.
El senador mencionó como ejemplo la repercusión que tendría la diferencia arancelaria sobre las empresas de zonas francas dedicadas a la producción de equipamiento médico y farmacéuticos. Según su exposición, unas 40 compañías de este sector enviaron a Estados Unidos el 72.2% de su manufactura durante el año 2025. Actualmente, estas mercancías dominicanas afrontarían una tarifa del 12.5%, en contraste con el 10% que pagan productos similares originarios de México. Bautista advirtió que esta disparidad de 2.5 puntos porcentuales afecta la capacidad de competir y podría motivar que las empresas trasladen sus operaciones a naciones con menores costos de exportación, lo cual tendría consecuencias sobre la generación de divisas y el empleo.
“La diferencia de 2.5 puntos porcentuales que hoy abona la República Dominicana frente a países como El Salvador, Guatemala, Honduras, México y Malasia no es un castigo permanente: es una condición que se revierte con la aprobación de un instrumento jurídico claro. Si se aprueba esta ley, estaríamos en posición de solicitar a los Estados Unidos, en el marco de las negociaciones diplomáticas, que supriman el 2.5%, como lo han hecho con otras naciones. De esta manera, garantizamos la competitividad de las exportaciones dominicanas que ingresan al mercado de Estados Unidos de los exportadores de dispositivos médicos y farmacéuticos, tabaco, fabricación de cigarros y sus derivados, agroindustria, centros de llamadas, bebidas alcohólicas, plásticos y calzado, y con ellos, los empleos de centenares de miles de dominicanos”, enfatizó el legislador.
Bautista comunicó que dará seguimiento al proyecto en las comisiones pertinentes del Senado y de la Cámara de Diputados y que mantendrá encuentros con representantes de los sectores exportadores, zonas francas y organismos del Poder Ejecutivo vinculados al tema. Entre estas instituciones aludió a la Dirección General de Aduanas, el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes y el Ministerio de Relaciones Exteriores. El propósito, explicó, es impulsar la validación de la propuesta y facilitar que la República Dominicana pueda solicitar la aplicación de la tasa del 10% reconocida a otros aliados comerciales estadounidenses.
Según Bautista, el criterio empleado para dividir a los socios comerciales estadounidenses en diferentes categorías arancelarias se relacionó con el reconocimiento, por parte de la USTR, de sistemas eficaces para vetar la entrada de bienes producidos mediante servidumbre laboral. El congresista sostuvo que naciones como El Salvador, Guatemala, Honduras y México reforzaron sus disposiciones a través de leyes o marcos jurídicos vinculantes, mientras que Malasia implementó auditorías independientes y ajustes en sus estándares de cumplimiento laboral.
En la República Dominicana, el Decreto 502-26, del 23 de julio de 2026, instauró un procedimiento administrativo provisional para prohibir la importación de mercancías elaboradas bajo condiciones de trabajo forzoso. Sin embargo, Bautista considera indispensable aprobar una ley que se ajuste al estándar de “adopción y aplicación eficaz” requerido para acceder a la rebaja arancelaria.
El proyecto prevé la prohibición de ingreso al territorio nacional de mercancías producidas total o parcialmente mediante trabajo forzoso y la regulación de la trazabilidad de las cadenas de suministro de las exportaciones dominicanas. La Dirección General de Aduanas se encargaría de tramitar los procedimientos y tomar las decisiones de prohibición, mientras que el Ministerio de Trabajo operaría como entidad técnica para evaluar la posible presencia de explotación laboral. Asimismo, la propuesta establece una declaración jurada del importador dentro de la Declaración Única Aduanera, procedimientos administrativos con plazos definidos, medidas cautelares para la retención temporal de mercancías y la instauración de un Registro Público de Prohibiciones de Importación por Trabajo Forzoso.
También abarca mecanismos para anular prohibiciones cuando se constate el cese del trabajo forzoso y la compensación a las víctimas, así como sanciones por declaraciones fraudulentas, que irían desde multas de cinco hasta 100 salarios mínimos del sector público y la suspensión del registro de importador en los casos más graves. La propuesta instaura, además, responsabilidades reforzadas de debida diligencia y trazabilidad para exportadores dominicanos pertenecientes a sectores considerados de riesgo, entre ellos el textil, agrícola, pesquero, minero y de construcción. El proyecto derogaría el Decreto 502-26 una vez que su reglamento entre en vigor y empezaría a aplicarse 90 días después de su publicación en la Gaceta Oficial.
Según los datos incluidos en la propuesta, la diferencia de 2.5 puntos porcentuales entre el 12.5% aplicado a República Dominicana y el 10% correspondiente a países con cumplimiento reconocido representa un gasto anual estimado de entre 127 millones y 182 millones de dólares para el sector exportador dominicano. El documento indica que Estados Unidos concentra entre el 52.5% y el 53.5% de las exportaciones dominicanas, mientras que las exportaciones totales del país alcanzaron 14,645 millones de dólares en 2025, un incremento del 13.4% respecto al año anterior. Las zonas francas exportaron 8,425.9 millones de dólares en 2024, de los cuales 6,117.2 millones de dólares, equivalentes al 72.6%, tuvieron como destino Estados Unidos. Además, el sector registraba 196,709 empleos formales directos en febrero de 2026, de acuerdo con los datos incluidos en el documento.
