La Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) llevó a cabo operativos este viernes en la provincia Sánchez Ramírez, como parte de las pesquisas relacionadas con el 'Caso SeNaSa 2.0'. Estas acciones, que incluyen detenciones de profesionales de la medicina, buscan esclarecer presuntas irregularidades en el Seguro Nacional de Salud (SeNaSa), aunque aún no se han revelado cifras oficiales de arrestos ni cargos específicos.
La Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) efectuó este viernes diversas incursiones conectadas al denominado 'Caso SeNaSa 2.0', abarcando operaciones en la provincia Sánchez Ramírez. Conforme a una fuente del Ministerio Público, quien solicitó mantener su anonimato debido a que los procedimientos están en curso, las inspecciones se están realizando en varias localidades del país.
Nuestra fuente indicó que en Sánchez Ramírez, las intervenciones incluyen el municipio principal, Cotuí, así como Fantino. Del mismo modo, señaló que varios doctores han sido puestos bajo custodia durante los operativos. Sin embargo, hasta este momento no se han proporcionado datos oficiales sobre la cantidad de personas aprehendidas ni las acusaciones concretas que afrontarían.
Las acciones forman parte de las indagaciones que el Ministerio Público desarrolla en relación con el Seguro Nacional de Salud (SeNaSa). Se recuerda que las primeras denuncias públicas sobre la trama de irregularidades en SeNaSa cobraron relevancia a partir de un informe de N Investiga, elaborado por la periodista Nuria Piera, que expuso elementos que posteriormente dieron lugar a investigaciones sobre la gestión de recursos de la institución, la cual era dirigida en ese entonces por el Dr. Santiago Marcelo F Hazim Albainy.
Las autoridades investigan presuntas anomalías en la facturación de servicios médicos, la emisión de recetas, reclamaciones por procedimientos que no existieron y la falsificación de rúbricas para el desvío de fondos públicos. Las autoridades investigan presuntas anomalías en la facturación de servicios médicos, la emisión de recetas, reclamaciones por procedimientos que no existieron y la falsificación de rúbricas para el desvío de fondos públicos.
