El sistema Verifactu de la Agencia Tributaria, cuya implementación ha sido pospuesta en varias ocasiones, sigue generando incertidumbre entre empresas y autónomos. Originalmente previsto para 2026, su aplazamiento a 2027 ha sembrado dudas sobre la seriedad de la normativa y ha resaltado la necesidad de una comunicación más clara por parte de Hacienda. Expertos señalan la complejidad de la adaptación, especialmente para negocios tradicionales, y la confusión persistente con otras regulaciones como la factura electrónica.
El pasado 1 de enero de 2026 estaba programada la entrada en vigor de Verifactu, el innovador sistema de facturación de la Agencia Tributaria. Empresas, autónomos y desarrolladores de software de facturación se preparaban desde hace meses, pero el Gobierno decidió aplazarlo a última hora por motivos políticos, añadiendo más desorden a una normativa que ha estado marcada por la ambigüedad desde sus inicios. Para profundizar en la complejidad de Verifactu, hemos conversado con José Rodríguez, responsable de producto en Holded, quien lidera el proyecto Verifactu dentro de su compañía.
Como se mencionó, a pocas semanas de su implementación, el Gobierno anunció que Verifactu se posponía un año, hasta el 1 de enero de 2027. Este es el segundo aplazamiento de la normativa, pero fue el más notable debido a la escasa antelación. José Rodríguez opina que esta situación ha provocado que la normativa ya no se perciba con la seriedad debida, asemejándolo a una advertencia recurrente que nunca se concreta: "Fue un retraso que ocurrió quince días antes de su fecha efectiva, y creo que esto le resta credibilidad y peso a la normativa".
Los aplazamientos han contribuido a un profundo desconocimiento sobre Verifactu. Una encuesta de Holded revela que el 27% de los empresarios no está familiarizado con la normativa, y el 22% cree erróneamente que ya entró en vigor en 2026. Otro factor de confusión es la comunicación poco intuitiva de Hacienda. "La Agencia Tributaria es muy técnica, lo cual es correcto, pero a veces entiendo que para una persona menos técnica o que no comprende a fondo el tema, necesita explicaciones más sencillas", comenta Rodríguez. Precisamente, la labor de clarificación ha recaído en empresas de software y asesorías desde que se dio a conocer la normativa. "Se ha delegado bastante en los softwares para que eduquen a empresas y autónomos", confiesa.
Aunque falta medio año para su implementación definitiva, los softwares de facturación ya deben cumplir con uno de los requisitos de la ley antifraude, de la cual Verifactu forma parte: al generar una factura, esta se bloquea y sus datos esenciales no pueden modificarse. Según Rodríguez, este es el primer punto de fricción: "Esto ha revelado una gran cantidad de flujos de facturación que en realidad no cumplían la normativa". Muchos de estos flujos, explica, eran prácticas arraigadas por costumbre más que errores intencionales: "Había clientes que creaban facturas en negativo cuando correspondía una rectificativa, o negocios que editaban directamente una factura ya emitida".
Quienes ya utilicen un software de facturación certificado no notarán cambios significativos con la entrada en vigor de Verifactu, ya que la otra parte es simplemente el envío telemático automático a la Agencia Tributaria. Sin embargo, quienes emitan facturas manualmente lo percibirán más. Según Rodríguez, "Los negocios más tradicionales o antiguos son los que lo tienen más complicado porque es un doble aprendizaje. No solo Verifactu, sino la ley antifraude", pero añade que "aquellos que ya tienen algún contacto con la tecnología, creo que están bastante a salvo en ese sentido".
Paralelamente, avanza otra normativa, la ley Crea y Crece, que regula la factura electrónica y busca el intercambio digital de facturas entre cliente y proveedor. Son dos leyes distintas que abordan diferentes aspectos de la misma factura; una, su envío en tiempo real a Hacienda; la otra, su formato al circular entre empresas. José Rodríguez señala que esto ha generado aún más confusión, siendo la duda más común entre los empresarios: "son dos normativas que afectan a la factura, están reguladas en dos leyes diferentes, y la gente no entiende por qué". Aunque muchos profesionales lo solicitan, la Agencia Tributaria rechazó unificar ambos sistemas debido a sus objetivos distintos: el de la factura electrónica es controlar los plazos de pago entre proveedores, y Verifactu sirve para prevenir el fraude.
La obligación de Verifactu afecta a la práctica totalidad de empresas y autónomos en España, con dos excepciones territoriales y una de tamaño. Quedan fuera los negocios en el País Vasco, que tiene su propio sistema equivalente llamado Ticket BAI, y Navarra, que también está desarrollando el suyo. Tampoco aplica a grandes empresas que facturen más de 6 millones de euros anuales, ya que estas se rigen por otro mecanismo de control de la Agencia Tributaria, el Suministro Inmediato de Información. Se ha discutido mucho sobre la exención para autónomos que emiten facturas sencillas, es decir, aquellos sin automatizaciones o macros. Sin embargo, José confiesa que ni él mismo tiene clara esta exención: "Hay muchos grises, ¿Qué se define como automatización, es una fórmula, una función...? ¿Al tener un sumatorio ya se está en régimen de sanción? A mí no me queda claro".
Si no hay más aplazamientos, algo de lo que nadie se fía completamente a estas alturas, Verifactu entrará en vigor el 1 de enero de 2027 para empresas y el 1 de julio de 2027 para autónomos. Su consejo para empresarios o autónomos que aún no han tomado medidas es que "Si utiliza un software de facturación, se asegure de que ya cumple con la ley antifraude para evitar problemas. Si no lo utiliza, le diría que consulte un software de facturación para estar operativo el primero de enero" y añade que "Hay muchos softwares que ofrecen periodos de prueba gratuitos, yo consultaría eso". No es conveniente relajarse por facturar poco: "El cambio puede ser muy grande, aunque facture muy poco al mes", advierte, porque lo que cambia no es el volumen sino el proceso. Aunque por el momento se desconoce la estrictez de Hacienda en este asunto, destaca que "La multa para los clientes es de hasta 50.000 euros por año. Nosotros, como software, si no cumplimos con todos estos requisitos de la ley, podemos recibir una multa de hasta 150.000 euros".
