Un residente de Mataró, Barcelona, decidió tomar la iniciativa y embellecer su calle plantando árboles y reparando mobiliario urbano tras años de quejas ignoradas. Su acto de civismo, destinado a mejorar la habitabilidad del barrio, le ha valido una multa de más de 1.700 euros por parte del ayuntamiento, que justifica la sanción por alterar el dominio público sin autorización. Este incidente ha desatado un debate sobre la burocracia y la acción ciudadana en la mejora de los espacios urbanos.
¿Qué ocurre cuando observas que tu barrio o calle se queda paulatinamente sin árboles y el mantenimiento urbanístico es inexistente? En la calle del Cós de Mataró, Barcelona, Miquel, un residente local, optó por actuar. Había acumulado años de frustración documentada; sus reclamaciones oficiales se iniciaron en 2019, exigiendo el cuidado del entorno. Tras esperar mil días sin respuesta de su Ayuntamiento, decidió tomar acción directa, invirtiendo su dinero, tiempo y esfuerzo.
Durante varios días, Miquel compró por 34,40 euros y plantó cinco árboles en alcorques vacíos. Lijó y pintó dos bancos públicos de madera deteriorada, y reemplazó varias baldosas rotas por piezas nuevas y seguras, creando un espacio más habitable para su comunidad. Realizó estas tareas con su propia pala y las herramientas que tenía en casa.
La maquinaria administrativa no tardó en reaccionar. Inspectores de Mataró acudieron al lugar, levantaron acta del "desastre" y emitieron un veredicto contundente: una multa económica de 1.733,39 euros. El consistorio justifica la sanción citando la Ordenanza de la Vía Pública local, normativa que protege el "dominio público" de cualquier modificación no autorizada por los cauces burocráticos. Lo más incomprensible del asunto es que la sanción no solo penaliza la supuesta infracción urbanística, sino que el monto total incluye el coste operativo de las brigadas municipales. Es decir, el coste de ir al lugar, arrancar cinco árboles sanos, restaurar los arreglos del pavimento y devolver la calle a su estado original. Esto evoca una distopía institucional, una versión distorsionada de 'Brazil' en clave de urbanismo moderno que permite la degradación, pero prohíbe la intervención ciudadana.
La ciencia respalda la importancia de los árboles en el entorno urbano. Numerosos macroestudios indican que la temperatura del aire durante el día es consistentemente menor bajo un dosel arbóreo. La sombra que proporcionan es fundamental, pero para un enfriamiento significativo, una calle debe tener una cobertura arbórea superior al 40%. Las calles arboladas son, en promedio, 1 °C más frescas en el aire ambiental, y estar bajo sombra directa puede reducir la temperatura hasta 10 °C en comparación con el asfalto expuesto al sol. Además, los árboles urbanos filtran toneladas de partículas finas (PM2.5), lo que disminuye drásticamente la incidencia de asma y enfermedades respiratorias. Se ha demostrado también una relación entre la presencia de árboles en calles densas, como en Mataró, y una reducción inmediata del cortisol, mejorando la salud mental de los vecinos: más vegetación, menos estrés.
Existen decenas de estudios directos sobre ciudades europeas que comparan la mortalidad por islas de calor. Un tercio de las muertes prematuras se evitarían si se alcanzara un 30% de cobertura arbórea. Se ha medido la equidad arbórea, y hay portales dedicados al seguimiento con termografías de las problemáticas en algunas zonas. La infraestructura verde plantada por los vecinos es, además, más eficiente y económica de mantener a largo plazo que la refrigeración artificial.
Las preferencias de Mataró en este contexto son claras. Sentarse en un banco bajo una copa frondosa puede suponer hasta 12 grados menos de temperatura respecto al asfalto expuesto al sol, una diferencia que salva vidas durante las insoportables olas de calor. Las plantas preservan la fauna local, albergando aves e insectos polinizadores. Mejoran drásticamente el bioma del barrio, filtran el aire tóxico de los tubos de escape y elevan la habitabilidad de calles grises y desoladoras.
Según parece, otro ciudadano del barrio denunció en agosto de 2024 que Miquel estaba actuando por cuenta pública. Este fue el detonante del expediente sancionador. En cualquier caso, el vecino de Mataró, Miquel, ha impugnado la sanción por la vía legal, defendiendo su obra civil. Alega mejoras estéticas y de habitabilidad, y argumenta que no ha causado ningún daño al patrimonio público. No es necesario firmar una agenda global rimbombante para satisfacer las necesidades de un barrio.
Este caso se suma a otros similares del pasado, parte de lo que se conoce como "guerrilla verde". Claudio Trenta, un jubilado de 72 años en Barlassina (Italia), observaba con preocupación cómo sus vecinos tropezaban en un enorme socavón en un paso de cebra. Ante la inacción de las autoridades, compró un saco de alquitrán, tapó el bache en media hora y la policía local lo multó con 882 euros, ordenándole reabrir el agujero con un pico. En Viña del Mar, Chile, una vecina, preocupada por un inminente incendio forestal, solicitó ayuda al municipio para desmalezar una quebrada seca. Ante la negativa, limpió toda la zona y depositó los restos orgánicos en un contenedor cercano, recibiendo una multa de 180.000 pesos chilenos por "disposición ilegal de podas y escombros". Incluso Rod Stewart, la leyenda del rock británico, se grabó tapando baches en su calle, cansado de dañar las ruedas de su coche, y las autoridades locales le reprendieron públicamente. Algo similar le ocurrió a Arnold Schwarzenegger. Existe un movimiento, el “guerrilla gardening”, enfocado en rehabilitar vertederos y zonas abandonadas para convertirlas en parques o granjas comunitarias, a menudo resultando en multas por cultivar hortalizas sin los permisos agrícolas comerciales correspondientes. Si el pueblo es quien gobierna al pueblo, aquí encaja una regulación más sensata.
Las normativas sobre bienes patrimoniales son claras. Se puede tipificar, por ejemplo, la manipulación de residuos —no solo volcar papeleras, sino recoger su contenido—, alterar, pintar o pegar carteles sin permiso en farolas, bancos, señales de tráfico o contenedores y situaciones similares. Ante esta situación, Miquel resume que “en ocasiones parece más seguro dejar que un banco se pudra, que un alcorque permanezca vacío y que una acera continúe deteriorándose que intentar arreglarla por iniciativa propia”. Lo que está claro es que, en plena ola de calor, el asfalto quema, pero más quema la burocracia, si atendemos al precio que cobra cualquier intento ciudadano de reformular lo habitable.
