Nauru, una pequeña nación insular del Pacífico, ha implementado un programa de venta de ciudadanías por aproximadamente 90,000 dólares. El objetivo principal es recaudar fondos para reubicar a gran parte de su población y sus infraestructuras esenciales hacia zonas más elevadas, ante el inminente avance del nivel del mar. Esta iniciativa representa una estrategia de supervivencia única frente a los desafíos del cambio climático y la limitada ayuda internacional.
Mientras la comunidad global debate cómo financiar la adaptación al cambio climático, un país del Pacífico ha tomado una decisión proactiva. Nauru ha comenzado a ofrecer su ciudadanía por alrededor de 90,000 dólares con un propósito específico: obtener los recursos necesarios para trasladar a la mayoría de sus habitantes lejos de las costas que el océano está reclamando gradualmente. Un pasaporte se ha transformado en un plan de supervivencia. Aunque durante años los “pasaportes dorados” han servido para atraer inversiones o grandes fortunas, Nauru les ha dado un uso muy diferente.
Su programa permite adquirir la ciudadanía mediante una contribución económica que otorga acceso sin visado o con visado a la llegada a más de 85 destinos, incluyendo Singapur, Hong Kong o el Reino Unido. Sin embargo, el verdadero valor que vende el país no es la movilidad internacional, sino una forma de financiar su propia existencia frente al avance del mar.
Con solo 21 kilómetros cuadrados de superficie y aproximadamente 12,500 habitantes, Nauru ha enfrentado durante décadas un problema que ahora ha alcanzado un punto crítico. La explotación intensiva de fosfatos a lo largo de gran parte del siglo XX dejó cerca del 80% del interior de la isla devastado e inhabitable, forzando a la población a concentrarse en la estrecha franja costera.
Precisamente, estas áreas son las más vulnerables al aumento del nivel del mar, las mareas extremas y la erosión costera, un fenómeno que en esta región del Pacífico progresa incluso más rápido que el promedio global. La meta es reubicar prácticamente a todo un país. Los fondos obtenidos con la venta de ciudadanías buscan financiar uno de los proyectos urbanísticos más ambiciosos en la historia reciente de la nación. El Gobierno aspira a trasladar aproximadamente el 90% de las viviendas, infraestructuras y servicios esenciales hacia las pocas zonas elevadas que aún son utilizables.
La primera fase de este proyecto supera los 60 millones de dólares y tiene como objetivo construir una nueva comunidad menos expuesta a las inundaciones que amenazan las actuales localidades costeras.
Una ciudadanía muy valiosa… y también muy supervisada. El programa no está disponible para cualquiera. Tras los escándalos de antiguos sistemas de venta de pasaportes que terminaron en manos de criminales y personas vinculadas al terrorismo, Nauru ha reforzado los controles con varias etapas de verificación, comprobaciones de antecedentes y la posibilidad de revocar la ciudadanía si se detectan delitos graves.
Además, el pasaporte no confiere el derecho a adquirir terrenos en la isla, donde la propiedad de la tierra sigue estando fuertemente restringida. Esta iniciativa también refleja un problema de mayor envergadura. Los países más vulnerables al cambio climático han denunciado durante años que las ayudas internacionales llegan lentamente y son insuficientes para cubrir el costo de la adaptación.
Para un microestado con recursos muy limitados, vender ciudadanías se ha convertido en una manera de generar ingresos sin depender completamente de la financiación internacional. Si el programa alcanza las cifras previstas, podría llegar a representar cerca de una quinta parte de los ingresos públicos del país.
Nauru no es el primer país en recurrir a los pasaportes por inversión, pero sí uno de los primeros en presentarlos abiertamente como una herramienta de financiación climática. Dominica ya destina parte de estos ingresos a fortalecer su resiliencia frente a huracanes, y otros pequeños Estados observan con atención los resultados de este experimento.
La gran incógnita es si esta fórmula logrará equilibrar dos objetivos difíciles de conciliar: asegurar la seguridad y la transparencia de estos programas mientras una nación vende uno de sus activos más preciados (su ciudadanía) para poder seguir existiendo en su ubicación tradicional.
