El aeropuerto de Ibiza, diseñado para una capacidad de pasajeros muy inferior a la actual, está vertiendo aguas fecales sin el tratamiento adecuado directamente en el Torrent de sa Font, que desemboca en el Parc Natural de ses Salines. Esta situación alarmante, confirmada por análisis de laboratorio, ha provocado una denuncia por parte de diversas entidades ante la Fiscalía de Medio Ambiente y el Seprona, generando un debate sobre la sostenibilidad de la infraestructura turística de la isla y la necesidad de adaptar sus sistemas de saneamiento.
El aeropuerto de Ibiza, diseñado para manejar los residuos de entre 5 y 6 millones de pasajeros anualmente, actualmente gestiona más de 9 millones. A pesar de esta significativa sobrecarga, la planta depuradora sigue siendo la misma de su diseño original y ya no es capaz de cumplir su función. Como resultado, vierte aguas fecales con niveles de contaminación muy por encima de los límites legales directamente al Torrent de sa Font. Este cauce nace en la Serra Grossa, atraviesa nueve kilómetros y desemboca en la playa de Es Codolar, ubicada dentro del valioso Parc Natural de ses Salines de Eivissa i Formentera, lo que representa una grave situación ambiental en un espacio protegido.
Cuatro muestras de agua, recolectadas por la Alianza por el Agua entre el 12 de junio y el 22 de julio y analizadas por un laboratorio autorizado por la Conselleria de Salud del Govern balear, revelaron incumplimientos en todas las ocasiones. El 8 de julio se registró el peor resultado, con la contaminación orgánica multiplicando por 17 el límite permitido y los sólidos en suspensión por 18. La normativa establece un máximo de 200 unidades de la bacteria E. coli por cada 100 mililitros para la reutilización del agua en riego, pero las muestras superaron las 2.420 unidades, siendo este el límite superior que el método del laboratorio puede medir, lo que sugiere que la concentración real podría ser aún mayor. Esta situación ocurre a las puertas de un espacio protegido por la Red Natura 2000, crucial para el descanso y nidificación de flamencos.
Rafa Tur, de la Alianza por el Agua, identifica tres problemas principales: primero, el acuífero del aeropuerto está salinizado, generando salmuera de destino desconocido; segundo, parte del agua depurada se utiliza para regar los jardines del aeropuerto sin cumplir los parámetros de reutilización; y tercero, se vierten aguas insuficientemente tratadas en un parque natural sin la autorización correspondiente. AENA ha defendido su postura alegando que "algo de agua ya tratada" puede escaparse ocasionalmente. El año pasado, esta problemática afectaba a poco más de 5.000 habitantes, y aparentemente no se han tomado medidas especiales desde entonces. Menorca también sufre las consecuencias, con zonas como Sant Josep Zona I y Es Canar Cosmi registrando múltiples analíticas no aptas desde 2016, detectándose conductividad, sulfato y cloruro muy por encima de los valores de salubridad. Las áreas de mayor riesgo incluyen Siesta, Cala Llonga, la urbanización Buenavista y Montañas Verdes en Santa Eulalia del Río, así como la urbanización Isla Blanca (San Juan de Labritja) y San Rafael (San Antonio de Portmany).
Más de una decena de entidades, incluyendo asociaciones sociales, ecologistas, vecinales y en defensa del agua, han firmado una denuncia. Entre ellas, la asociación vecinal de Sa Caleta, representada por Mario Riera, también portavoz de Can Frígoles y Can Palleu. Estas entidades han remitido los resultados a la Fiscalía de Medio Ambiente y al Seprona de la Guardia Civil, solicitando la suspensión cautelar del riego con esta agua y análisis urgentes de las aguas de baño de Es Codolar, la playa afectada por el vertido. Tur concluyó que "la instalación está claramente sobrepasada". Mientras tanto, AENA planea una ampliación de 230 millones de euros, que incluye una sala VIP más grande, con el objetivo de aumentar la capacidad del aeropuerto a 11 millones de pasajeros. Tur ha criticado abiertamente esta decisión, afirmando: "Menos sala VIP y más cumplir la normativa y adaptar las infraestructuras a las necesidades actuales". En las últimas semanas, numerosas organizaciones ecologistas y vecinales han firmado un manifiesto conjunto contra el proyecto de ampliación.
AENA ha respondido argumentando que el aeropuerto se abastece "exclusivamente" de cinco pozos propios autorizados, agua de lluvia y agua regenerada, siempre dentro de los volúmenes autorizados por las administraciones. Afirma que reporta sus datos periódicamente a la Conselleria del Mar y del Ciclo del Agua, a la Dirección General de Recursos Hídricos y a la Agencia Tributaria de las Illes Balears, y que cuenta con autorización de Recursos Hídricos para regar sus propios jardines con el agua proveniente de la depuradora. El Partido Popular de Ibiza ha exigido mayor transparencia. El diputado José Vicente Marí Bosó y el senador Miquel Jerez presentaron preguntas parlamentarias en el Congreso y el Senado para conocer desde cuándo AENA tiene conocimiento de la situación y qué medidas correctoras aplica. Este no es el único problema en la isla: el grupo ecologista GEN-GOB ha solicitado por separado a la Guardia Civil que investigue posibles extracciones ilegales de agua potable en el mismo aeropuerto.
Fuera de Baleares, en Málaga, el Ayuntamiento cerró al baño las playas de Pedregalejo y El Palo a finales de julio debido a niveles de E. coli superiores a los legales, detectados en los puntos de muestreo Acacias y Casa Pedro. La Junta de Andalucía ha iniciado una investigación para determinar el origen del vertido. Este verano, más de 13 millones de viajeros cruzarán la Costa del Sol, sobre una infraestructura de saneamiento diseñada para la población residente y no para los picos de agosto. Este problema parece ser recurrente en España. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea condenó al Estado español en diciembre de 2025 por incumplir reiteradamente la directiva europea sobre aguas residuales urbanas, tras una multa previa en 2018 de 12 millones de euros fijos más 10,95 millones por cada semestre de retraso. Ecologistas en Acción ha documentado este patrón en su informe anual Banderas Negras: de las 48 banderas negras distribuidas por el litoral español este año, 14 corresponden a vertidos y sistemas de saneamiento deficientes, siendo la categoría más numerosa del informe. Lucas Barrero, portavoz de la organización, resumió la situación afirmando que "nos estamos bañando en muchos casos en nuestra propia mierda". Ibiza, que vende sol, fiesta y agua turquesa a nueve millones de personas al año, ve cómo esta cifra crece cada temporada sin que la depuradora se adapte, lo que sugiere que la factura de este desajuste se está pagando a través del mismo sistema que debería tratar el agua.
