Aragón busca consolidarse como un centro tecnológico europeo, atrayendo a gigantes como Microsoft para establecer centros de datos masivos. Sin embargo, en Zaragoza, el ambicioso proyecto de Microsoft ha generado una fuerte oposición vecinal, especialmente en el barrio de Torrero, que denuncia irregularidades y falta de transparencia, a pesar de la sólida inversión y el respaldo gubernamental.
Aragón ha manifestado su ambición de convertirse en el hub tecnológico del sur de Europa, albergando algunos de los centros de datos más grandes del continente. No obstante, esta estrategia no ha sido bien recibida por todos. En Zaragoza, el proyecto de Microsoft, de gran envergadura, ha encontrado la resistencia de la asociación vecinal de Torrero, aunque el desenlace más probable es que su oposición no tenga un impacto significativo.
Dentro de las metas de la región, Zaragoza se perfila como un punto clave para los centros de datos en España. Los proyectos de Amazon y Blackstone son monumentales, y los de Microsoft no se quedan atrás, con una inversión estimada en 5.300 millones de euros. Estos planes prometen transformar áreas cercanas al centro comercial Puerto Venecia y las localidades de La Muela y Villamayor de Gállego.
La empresa estadounidense tiene previsto construir tres campus de centros de datos: uno de 146 hectáreas en La Muela, otro de 81 hectáreas en Villamayor de Gállego y un tercero de 59 hectáreas junto al centro comercial Puerto Venecia, en Zaragoza. El proyecto ya cuenta con la aprobación inicial del Gobierno, pero la oposición de la asociación vecinal de Torrero no estaba en sus planes.
Además de albergar el imponente centro comercial Puerto Venecia, el barrio de Torrero es conocido por su combativa asociación de vecinos. Con una historia de tradición obrera, la AAVV ha liderado luchas urbanísticas y ambientales en el sur de la capital. Fueron responsables del sellado del antiguo vertedero de Las Canteras, muy cerca de donde Microsoft planea instalar su centro de datos en Zaragoza.
Las manifestaciones han sido seguidas por denuncias, con vecinos de diversas asociaciones buscando cualquier vía legal para intentar detener las obras, aunque sea temporalmente. Una de las últimas denuncias ante la policía local argumentaba que las obras habían cortado un camino sin colocar un cartel informativo, lo cual contraviene la normativa municipal. También señalaron la falta de información sobre la licencia y el plan de trabajo para gestionar los residuos de la zona, que podrían estar contaminados con amianto.
Estas no son las únicas denuncias ni las únicas asociaciones que se oponen. Plataformas como 'Salvemos los Pinares de Venecia' han denunciado la opacidad operativa de los centros de datos de Microsoft en la ciudad, y el grupo político Zaragoza en Común también ha expresado su preocupación por la falta de información para evaluar las consecuencias de estas instalaciones sobre recursos como el agua o la energía.
En la última denuncia sobre el cierre del camino, los vecinos sostienen que la vía es de dominio público, presentando la ficha catastral como prueba y afirmando que, sin la señalización adecuada, no se podía cortar un camino de ese tipo. Esta celeridad en los trámites para la construcción de centros de datos no es nueva; de hecho, recientemente se supo que otro centro de datos, el de Blackstone, recibió luz verde tras una valoración ambiental simplificada que resolvió en apenas tres meses un proceso que normalmente tomaría un año.
Entre las denuncias, uno de los conflictos más recientes es el de la empresa con respecto a las tasas para la gestión de residuos. Una de las plataformas acusa a la constructora de negarse a pagar los 13 millones de euros que costaría trasladar los excedentes de las obras a un vertedero autorizado, proponiendo en su lugar depositarlos junto a los Pinares de Venecia. Este es un asunto delicado debido a la proximidad a espacios protegidos.
Más allá del conflicto vecinal, están los testimonios de quienes poseían los terrenos donde se construirá el campus zaragozano. Parte del terreno era público, pero otra parte pertenecía a particulares, con quienes se intentó negociar hace años antes de recurrir a medidas más drásticas. En declaraciones a un medio, una de las propietarias de estos terrenos relata cómo Microsoft se puso en contacto con ellos hace más de dos años para ofrecer "una cantidad de dinero muy baja". Los propietarios rechazaron la oferta, buscando un precio justo, pero tras su negativa, recibieron una carta del Gobierno de Aragón informando que no había otra opción y que los terrenos serían expropiados. Los terrenos, según cuentan, ya están vallados e inaccesibles, y los propietarios recibirán una valoración como suelo rural, considerablemente inferior al precio de suelo urbanizable no consolidado, que es lo que, según ellos, debería ser. En cifras, se habla de 2-5 euros/m2 frente a los 25-30 euros/m2 de hace dos años.
Desde la Plataforma Salvemos los Pinares de Venecia, se afirma que todo esto, promovido tanto por el Gobierno como por las grandes tecnológicas, "no es progreso, sino todo lo contrario". Esta frase es muy similar a la de "no es progreso, es imposición" que ya esgrimieron los vecinos de Torrelobatón, en Valladolid, al oponerse al proyecto de centro de datos San Lorenzo de la empresa Mudarra. Son dos campañas, dos proyectos y dos comunidades autónomas diferentes, pero reflejan el sentir de una parte de la ciudadanía respecto a estos centros de datos que, a nivel gubernamental, se "venden" como proyectos que generarán riqueza y empleo en la región, pasando por alto cuestiones medioambientales y el impacto real a largo plazo de los miles de puestos de trabajo prometidos.
Entre las preocupaciones comunes de las peticiones vecinales y políticas que se oponen a estos centros de datos, destaca el hecho de que, independientemente de las garantías que supuestamente cumplan las instalaciones, se producirá una transformación irreversible del paisaje, agotando potencialmente los recursos de zonas ya vulnerables. En el caso de Torrelobatón, en Valladolid, se trata de un pequeño pueblo que pronto tendrá un campus que alterará su encantador paisaje. Otro factor común en estos movimientos es el desequilibrio de fuerzas, con comunidades pequeñas o barrios específicos ejerciendo presión contra gigantes tecnológicos que cuentan con el respaldo explícito de los gobiernos, quienes han hecho todo lo posible para atraer a las multinacionales.
Es improbable que la campaña de Torrero detenga un proyecto que se tramita como PIGA (Proyecto de Interés General de Aragón), cuenta con las licencias y está en marcha con miles de millones de euros comprometidos. Sin embargo, es una muestra más de la creciente desconfianza ante este tipo de instalaciones, una situación que en Estados Unidos ya es bien conocida.
