Una influencer colombiana de 52 años, Adriana Manotas Rodríguez, falleció en Bogotá tras someterse a una liposucción en una clínica clandestina. Las autoridades confirmaron que el establecimiento operaba sin las licencias necesarias y sin personal médico autorizado, hallando insumos quirúrgicos y residuos biológicos. Este trágico suceso ha reavivado el debate sobre los riesgos de los procedimientos estéticos ilegales y la necesidad de reforzar los controles.
La influencer colombiana Adriana Manotas Rodríguez ha fallecido después de someterse a un procedimiento estético en un establecimiento que, según las autoridades, operaba sin la licencia ni las autorizaciones sanitarias requeridas en Bogotá.
La mujer, de 52 años, era reconocida por compartir contenido sobre estilo de vida en redes sociales, donde había acumulado más de 23 mil seguidores en Facebook.
De acuerdo con informes de medios colombianos, Manotas acudió al centro clandestino para realizarse una liposucción. Sin embargo, durante el proceso presentó complicaciones de salud que requirieron su traslado de emergencia a una sede de la Cruz Roja, donde posteriormente fue declarada muerta.
Tras el deceso, las autoridades llevaron a cabo un allanamiento al establecimiento ubicado en el barrio Muzú, en la localidad de Puente Aranda. La inspección confirmó que el lugar no estaba registrado como prestador de servicios de salud, carecía de habilitación para realizar procedimientos médicos y la persona que figuraba como representante legal no estaba autorizada para ejercer como profesional de la salud.
Además, se encontraron insumos quirúrgicos y residuos biológicos, evidencias que sugieren que allí se practicaban intervenciones invasivas de forma ilegal.
El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, expresó su pesar por la muerte de la influencer y señaló que la información preliminar indica que el procedimiento se realizó en un establecimiento completamente clandestino. Mientras tanto, la Secretaría Distrital de Salud ordenó la clausura del centro y las autoridades continúan las investigaciones para establecer las responsabilidades correspondientes.
Este caso ha reavivado el debate en Colombia sobre los peligros de someterse a procedimientos estéticos en establecimientos no autorizados y la necesidad de fortalecer los controles contra las denominadas «clínicas clandestinas», que continúan operando a pesar de las sanciones impuestas por las autoridades.
