Han transcurrido seis meses desde la detención de Nicolás Maduro, y Venezuela se encuentra inmersa en una grave crisis humanitaria tras los devastadores terremotos de julio. Estos eventos han dejado miles de víctimas y heridos, y han paralizado las iniciativas de reforma institucional y el camino hacia posibles elecciones. El país afronta ahora el enorme desafío de la reconstrucción y la atención a los damnificados, mientras su futuro político se vuelve aún más incierto.
Caracas.- Seis meses después de que Nicolás Maduro fuera capturado, Venezuela enfrenta las severas consecuencias de los sismos ocurridos el miércoles 24 de julio, que han provocado al menos 2.595 muertes y han postergado los procesos de reformas institucionales y la preparación para eventuales comicios. “La detención del presidente Maduro y su cónyuge, Cilia Flores, durante un asalto militar estadounidense en Caracas y tres zonas cercanas el 3 de enero, había inaugurado una fase nueva y prometedora para una nación inmersa en una prolongada crisis política, económica y social”, explicó Carlos Seijas Meneses, periodista de EFE. Agregó que ahora esa misma Venezuela atraviesa una emergencia nacional que ha enlutado a miles de familias y lucha por sanar a los más de 12.000 heridos.
“El país petrolero, con una infraestructura deteriorada tras años de corrupción, falta de mantenimiento y administraciones cuestionadas, tiene hoy también ante sí el inmenso desafío de reparar los daños materiales valorados en 6.700 millones de dólares, aproximadamente el 6 % de su producto interno bruto (PIB), según estimaciones preliminares del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)”, se indica. El Gobierno venezolano calcula en más de 12.800 las personas que perdieron sus viviendas debido a daños críticos y al derrumbe de numerosos edificios, la mayoría en el estado costero de La Guaira, al norte del país y adyacente a Caracas, la zona más afectada por los temblores.
Esta catástrofe no solo pone a prueba al Gobierno de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, quien asumió el cargo tras la captura de Maduro, sino también a su nuevo «amigo y socio», Estados Unidos, y al plan establecido por la Administración de Donald Trump para Venezuela, específicamente la segunda de sus tres etapas: la recuperación. Según Washington, su estrategia «se mantiene inalterada». Durante los seis meses previos y bajo la supervisión de la Casa Blanca, Delcy Rodríguez impulsó la apertura de sectores como el petrolero, el minero y el eléctrico a la inversión privada y extranjera, desmanteló progresivamente el gabinete de Maduro y renovó la cúpula militar.
La líder chavista también promovió una amnistía y la liberación de cientos de presos políticos, y anunció un proceso de reforma del sistema de justicia penal y otro para la reestructuración del Gobierno. La semana anterior a los sismos, EE.UU. había dado un paso centrado en la tercera y última fase de su plan: la transición, con el envío a Caracas de la opositora Dinorah Figuera para iniciar conversaciones con el chavismo, dejando al margen a la Premio Nobel de la Paz María Corina Machado, quien ha insistido en que tiene «la responsabilidad de dirigir» una negociación con el Gobierno de Rodríguez.
Las conversaciones entre el presidente del Parlamento y hermano de la jefa de Estado, Jorge Rodríguez, y Figuera se sumaban al proceso de renovación institucional, ya que, según esta opositora, uno de los objetivos principales es conformar un «vigoroso, creíble y transparente» Consejo Nacional Electoral (CNE), actualmente bajo control chavista. Figuera había anticipado que debían «entregar en diciembre de 2026 el producto de un trabajo», lo que hoy parece incierto, al estar toda la atención volcada en la tragedia, que coincide también con el vencimiento del plazo del interinato.
De acuerdo con la Constitución, la ausencia temporal del mandatario será cubierta por el vicepresidente ejecutivo por 90 días, prorrogables por 90 más, sumando un total de 180 días, si así lo decide el Parlamento, que finalmente no lo debatió. En cualquier caso, este 4 de julio se cumplen esos 180 días, por lo que ahora el Parlamento, controlado por el chavismo, debería determinar si existe o no una ausencia absoluta. De declararse la falta absoluta, se deberá realizar una «elección universal, directa y secreta dentro de los treinta días consecutivos siguientes», y mientras tanto, Delcy Rodríguez continuaría al frente del Ejecutivo.
Sin embargo, el mismo día de la detención de Maduro, el Supremo había declarado que la ausencia del chavista se produjo en una «situación excepcional, atípica y de fuerza mayor no prevista literalmente en la Constitución». Por lo tanto, ordenó que Rodríguez asumiera la Presidencia encargada, sin que ello implicara «decidir de fondo sobre la calificación jurídica definitiva de la falta presidencial (temporal o absoluta) ni sustituir las competencias de otros órganos del Estado para realizar dicha calificación» posteriormente.
La emergencia también ha acelerado un proceso de apertura de Venezuela al mundo que ya había comenzado con las reformas económicas para la llegada de inversores extranjeros. En los últimos días, Caracas se ha aproximado a naciones que previamente eran adversas al Gobierno chavista, como El Salvador, Ecuador, Chile, Panamá, Argentina, Guyana e Israel, que han brindado apoyo a Venezuela en la tragedia. La inmensa solidaridad internacional se ha manifestado en el envío de ayuda humanitaria y de equipos de rescate y personal de salud.
La Administración Trump asegura que «mantiene su compromiso de apoyar a los afectados y trabajar junto a socios para ayudar a las familias a reunirse, brindar asistencia y llevar esperanza donde más se necesita». Además, insiste en que su respuesta «sigue creciendo, con cientos de personas, asistencia humanitaria y capacidades especializadas que están apoyando los esfuerzos de rescate y ayuda». La apertura tras el doble terremoto también se observa en la mayor cantidad de medios extranjeros que ahora están en el país y a quienes antes se les dificultaba la entrada por trámites de visado. Lo cierto es que, si antes no había certeza sobre el futuro político de la nación, ahora menos, al estar hoy priorizada en la agenda la atención a las víctimas y la búsqueda de soluciones para los miles de familias sin hogar a causa de una de las mayores catástrofes en la historia de Venezuela.
