El Senado filipino ha iniciado formalmente el juicio político contra la vicepresidenta Sara Duterte, enfrentando acusaciones de corrupción y otros delitos graves. Este procedimiento, que se prevé de varios meses, podría resultar en su inhabilitación permanente para ejercer cargos públicos. La situación se complica por la disminución de su apoyo en la Cámara Alta, lo que intensifica la incertidumbre sobre su futuro político y sus aspiraciones presidenciales.
El procedimiento de destitución por presunta corrupción contra la vicepresidenta de Filipinas, Sara Duterte, dio comienzo este lunes en el Senado del país asiático. Se anticipa que este proceso se prolongue por varios meses y podría culminar con su exclusión vitalicia de cualquier puesto gubernamental.
La figura política, hija del expresidente Rodrigo Duterte (período 2016-2022), quien se encuentra detenido en La Haya por supuestos delitos de lesa humanidad durante su campaña contra las drogas, enfrenta cuatro cargos. Entre ellos se incluyen el desvío de recursos públicos y amenazas dirigidas al actual presidente filipino, Ferdinand Marcos Jr., a quien en el año 2024 declaró haber ordenado eliminar si ella misma era asesinada.
El juicio, donde los miembros del Senado asumen el rol de jueces, se inició este lunes a las 14:00 hora local (6:00 GMT). Esto ocurrió después de que la Cámara de Representantes filipina aprobara en mayo una moción para remover a la vicepresidenta y remitiera la decisión a la Cámara Alta, la cual generalmente está compuesta por 24 integrantes.
Para que Duterte sea inhabilitada de por vida para ocupar un cargo público, se necesita una mayoría de dos tercios del Senado. Por el contrario, la absolución requiere solo nueve votos.
Según la opinión de expertos consultados por EFE, se espera que la resolución se emita antes de que finalice el año. Una declaración de culpabilidad no implicaría pena de prisión, pero sí abriría la puerta a un posterior proceso penal y anularía su capacidad para postularse en las elecciones presidenciales de 2028, a las que en febrero había anunciado su intención de presentarse.
Duterte, quien no asistió a la sesión inaugural del proceso, expresó en un comunicado divulgado en Facebook: “Decidir comparecer a través de un representante legal en lugar de testificar en persona no disminuye la responsabilidad ni implica una falta de transparencia”.
Este lunes, diversos grupos de manifestantes se congregaron en las inmediaciones del Senado para manifestar su apoyo y su oposición a Duterte.
Horas antes del comienzo del juicio, las autoridades filipinas arrestaron este lunes al senador Rodante Marcoleta, vinculado al grupo político de la familia Duterte. Esto sucedió después de que la Defensoría del Pueblo lo acusara de no declarar 75 millones de pesos filipinos (equivalentes a 1.2 millones de dólares) durante su campaña al Senado en 2025.
Cuando se presentó el caso contra Duterte, la vicepresidenta contaba con un respaldo considerable en la Cámara Alta, lo que dificultaba una posible condena. Sin embargo, su influencia ha disminuido tras las detenciones de los senadores Marcoleta y Jinggoy Estrada –en junio, también por presunta malversación–, así como por la huida del legislador Ronald 'Bato' dela Rosa, requerido por la Corte Penal Internacional (CPI) por supuestos delitos de lesa humanidad relacionados con la campaña antidrogas de Rodrigo Duterte.
De esta forma, los apoyos firmes de Sara Duterte se reducirían a nueve –el mínimo necesario para absolverla–, mientras que sus oponentes se mantendrían en doce, según afirmaron académicos a EFE.
Duterte ya superó en 2025 un proceso similar que no llegó al Senado debido a una decisión del Tribunal Supremo, que encontró irregularidades formales en la acusación.
