Una mujer guatemalteca, tras casi tres décadas en Estados Unidos y siete meses de detención migratoria, ha optado por la autodeportación, regresando a su país de origen. Su partida significa dejar atrás a sus cuatro hijos, todos ellos ciudadanos estadounidenses. Este caso subraya el complejo impacto de las políticas migratorias en familias de estatus mixto.
Una ciudadana guatemalteca que residió en Estados Unidos por casi treinta años ha abandonado el territorio bajo un proceso de autodeportación, dejando a sus cuatro hijos, todos con ciudadanía estadounidense, después de haber estado detenida por las autoridades migratorias durante aproximadamente siete meses. Se trata de Olga Pérez, quien abordó un vuelo el 6 de julio desde el Aeropuerto Internacional de Fort Lauderdale-Hollywood, en Florida, con destino a Guatemala, tras aceptar su salida voluntaria para evitar una detención indefinida en un centro migratorio. Antes de su partida, Pérez enfatizó que nunca había cometido un delito. “No soy una criminal”, declaró la mujer, cuyo caso ha captado la atención de diversas organizaciones de apoyo a inmigrantes.
Olga Pérez estuvo recluida durante unos siete meses en el Centro de Detención de Eloy, en Arizona. De acuerdo con las organizaciones que la asistieron durante el proceso, un juez de inmigración le concedió dos semanas de libertad condicional para organizar su salida del país mediante la figura de la autodeportación. La mujer trabajó por veinte años como traductora de lenguas indígenas en el Centro Guatemalteco Maya, donde brindaba asistencia a migrantes que hablaban una variante poco común de una lengua maya en procedimientos legales y administrativos.
Con la partida de Pérez, sus cuatro hijos, cuyas edades oscilan entre los 13 y los 21 años, permanecen en Estados Unidos. La hija mayor, Elisa, de 21 años, asumió la responsabilidad del cuidado de sus tres hermanos menores. “Mi mamá no ha hecho nada”, afirmó la joven al despedirse de su progenitora en el aeropuerto. Al llegar a Ciudad de Guatemala, Olga Pérez fue recibida por una comunidad de religiosas salesianas, donde residirá temporalmente gracias a las gestiones realizadas por el Centro Guatemalteco Maya.
El caso de Olga Pérez pone de manifiesto una vez más la situación de miles de familias con estatus migratorio mixto en Estados Unidos, donde los padres carecen de documentación migratoria mientras sus hijos son ciudadanos estadounidenses. Las organizaciones dedicadas a la defensa de los inmigrantes argumentan que este tipo de situaciones evidencia el impacto que las políticas migratorias pueden tener sobre la unidad familiar, especialmente cuando menores de edad son separados de sus padres. Por otro lado, quienes apoyan la aplicación estricta de las leyes migratorias consideran que las autoridades deben hacer cumplir la legislación vigente, sin importar el tiempo que una persona haya permanecido en el país. Esta historia refleja el dilema que enfrentan numerosas familias inmigrantes, cuya permanencia en Estados Unidos depende de procesos judiciales y administrativos que, en muchos casos, resultan en la separación de padres e hijos.
