Una ciudadana dominicana, con residencia legal permanente en Estados Unidos, se declaró culpable de conspirar para defraudar al sistema de beneficios por desempleo, obteniendo más de un millón de dólares mediante solicitudes fraudulentas. Karin L. Contreras, de 45 años, admitió su participación en el esquema ante la jueza federal Beryl A. Howell, y su sentencia ha sido programada para noviembre de 2026. Este caso subraya los esfuerzos continuos de las autoridades estadounidenses para combatir el fraude contra programas de asistencia económica federal.
Una mujer de origen dominicano, con estatus de residente legal permanente en Estados Unidos, ha reconocido su participación en una operación de estafa que logró acumular más de un millón de dólares a través de solicitudes falsas de apoyos por desempleo, según información proporcionada por la Fiscalía Federal del Distrito de Columbia. La implicada, Karin L. Contreras, de 45 años, confesó ante la jueza federal Beryl A. Howell su responsabilidad en el delito de conspiración para cometer fraude electrónico. Su fecha de sentencia ha sido fijada para el 6 de noviembre de 2026.
De acuerdo con los documentos presentados en el tribunal, entre junio de 2020 y marzo de 2021, Contreras colaboró con otros individuos para presentar peticiones fraudulentas de beneficios de desempleo, usando nombres y datos personales de terceros sin su autorización. Las autoridades señalaron que, mediante este plan, los involucrados recibieron tarjetas prepagadas con beneficios que superaron el millón de dólares. La mayoría de estas tarjetas fueron enviadas a una dirección en Washington, D.C., cercana al domicilio de Contreras.
El expediente judicial detalla que los participantes extraían el dinero en cajeros automáticos, generalmente a través de transacciones de US$1,000, que correspondían al límite diario permitido. Durante el período del 1 al 14 de julio de 2020, Contreras utilizó personalmente 12 tarjetas obtenidas de forma ilícita para retirar US$23,000 en efectivo.
Este caso forma parte de las iniciativas del Departamento de Justicia de Estados Unidos para combatir el fraude contra los programas federales de ayuda económica, una labor que ha sido fortalecida con la creación de la División Nacional de Ejecución contra el Fraude, dedicada a investigar y procesar este tipo de delitos. La Fiscalía Federal para el Distrito de Columbia continúa con las pesquisas relacionadas con esquemas de fraude que impactan los programas públicos de beneficios, especialmente aquellos que implican el uso indebido de información personal y recursos destinados a ciudadanos elegibles.
