Una exhaustiva investigación ha revelado el funcionamiento de una red de fraude sistemático dentro de SENASA, donde sus miembros coordinaban la creación, validación y registro de autorizaciones médicas falsas. Este esquema se basaba en la obtención y uso ilícito de información personal de afiliados, quienes nunca requirieron los servicios médicos registrados a su nombre. La operación generó un daño económico considerable y afectó a miles de personas.
De acuerdo con la indagación, la organización delictiva operaba de forma continua y sincronizada dentro de SENASA, a través de una estructura donde sus integrantes tenían roles específicos para elaborar, validar y reportar autorizaciones médicas de carácter fraudulento. El proceso comenzaba con la adquisición y utilización indebida de la información personal y sensible de los miembros de la institución. Las personas perjudicadas, según el expediente, nunca solicitaron, recibieron ni necesitaron las prestaciones de salud que posteriormente figuraban inscritas bajo sus nombres.
Para llevar a cabo esta maniobra, se empleaban datos confidenciales de los afiliados, documentos médicos y administrativos apócrifos, así como formularios en los que se consignaban consultas, diagnósticos y procedimientos que presuntamente jamás se realizaron. El expediente judicial establece que la estructura contaba con una división de tareas entre empleados internos de SENASA y profesionales de la medicina bajo investigación. Entre los colaboradores mencionados se encuentran Ángel Luis Guzmán Vásquez, Heidy Coronado Paulino y Starky Atahualpa Arturo Rodríguez Nova, además de otros exempleados que siguen siendo investigados.
Estos empleados, conforme a la acusación, tenían acceso a las bases de datos de SENASA, desde donde obtenían información confidencial sobre los afiliados y sus planes de salud. Posteriormente, esos datos eran utilizados para elaborar reclamos médicos a nombre de individuos que no habían solicitado los servicios. En los formularios se incorporaban los datos personales de los afiliados, diagnósticos, consultas y procedimientos, además de firmas que, según la investigación, eran falsificadas. Una vez completados, los documentos pasaban a manos de los médicos implicados.
Los profesionales de la salud, según el expediente, firmaban y sellaban los formularios y colocaban el código PSS, con lo que se buscaba dar una apariencia de legalidad a las reclamaciones y permitir que estas fueran tramitadas por el seguro. En otros casos, Ángel Luis Guzmán Vásquez, Angeury Guzmán Vásquez, Heidy Coronado Paulino, Starky Atahualpa Arturo Rodríguez Nova y sus colaboradores facilitaban directamente la información de los afiliados a los médicos investigados. Con esa información, se elaboraban reclamaciones fundamentadas en diagnósticos y procedimientos inexistentes, que nunca habían sido solicitados ni realizados. Para completar el trámite, se incorporaban datos falsos y se falsificaban las rúbricas de los afiliados.
De esta manera, siempre según el expediente, la estructura suplantaba la identidad de los afiliados y utilizaba sus datos para generar reclamaciones fraudulentas ante SENASA, con el propósito de obtener pagos y beneficios económicos de manera indebida. La investigación sostiene que la operación fue planeada, recurrente y sostenida en el tiempo, afectó a miles de afiliados y provocó un perjuicio patrimonial significativo al Seguro Nacional de Salud.
