El caso 'Operación Gaviota', considerado una de las mayores estafas financieras en la República Dominicana, involucra miles de millones de pesos y dólares. A pesar de haber celebrado 26 audiencias, el proceso se ha visto constantemente aplazado por diversos motivos, generando preocupación entre las víctimas sobre la estrategia dilatoria de la defensa y la proximidad al agotamiento de los plazos procesales.
El expediente, catalogado como uno de los mayores fraudes económicos de los últimos años en la República Dominicana, implica una estructura que, según el ministerio público, movió más de 4,239 millones de pesos dominicanos y 11.6 millones de dólares estadounidenses, prometiendo ganancias elevadas a inversores de diversas regiones del país. Los aplazamientos registrados se han debido principalmente a la ausencia de los representantes legales de la defensa, inconvenientes de salud de participantes en el litigio y conflictos relacionados con la representación legal de algunos de los acusados. Sin embargo, los abogados de los afectados sostienen que la reiteración de estos incidentes responde a una táctica para alargar el estudio del expediente y consumir los tiempos establecidos por la ley antes de que se aborde la esencia de la acusación.
Entre las suspensiones más recientes se encuentra la del 11 de marzo de 2026, por la falta de abogados de la defensa. Posteriormente, el 25 de marzo, la sesión fue pospuesta debido a problemas de salud del juez a cargo del procedimiento. Más adelante, el 13 de abril, ocurrió otra interrupción relacionada con aspectos de la representación legal de ciertos imputados. La audiencia realizada este 9 de junio también fue reprogramada, en esta ocasión por la licencia médica de una defensora pública que asiste a dos de los acusados. Durante la jornada se informó además que otra abogada que asistía a uno de los imputados dejó de ejercer la representación, por lo que fue necesario asignar una nueva defensa y establecer una nueva fecha para asegurar el derecho constitucional a la defensa.
Las objeciones por los continuos aplazamientos resurgieron durante la más reciente audiencia. El jurista y víctima Carlos Dórez Ramírez cuestionó la cantidad de suspensiones acumuladas en el proceso y exigió que el tribunal pueda avanzar finalmente hacia el conocimiento del fondo del caso. “Esta es la audiencia número 26, prórroga y prórroga y prórroga. Queremos que se conozca el fondo del caso”, manifestó.
La acusación involucra a 25 personas físicas y 16 entidades jurídicas, sumando un total de 41 procesados.
